El Departamento de Justicia ha expresado su apoyo a una demanda en la que se argumenta que el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, se excedió en su autoridad al imponer órdenes de permanecer en casa para frenar la propagación del COVID-19.
El Departamento de Justicia (DOJ) presentó el viernes una declaración de interés en el caso contra Pritzker, diciendo que las medidas de protección destinadas a mitigar el brote del mortal virus van más allá de las competencias de la jurisdicción del gobernador.
«Por muy bien intencionadas que sean, las órdenes ejecutivas parecen ir mucho más allá del alcance de la autoridad de emergencia de 30 días concedida al gobernador bajo la ley de Illinois», dijo Steven D. Weinhoeft, el fiscal de EE. UU. para el Distrito Sur de Illinois, en el comunicado.
«Incluso en tiempos de crisis, las acciones ejecutivas emprendidas en nombre de la seguridad pública deben ser legales», añadió.
Darren Bailey, miembro de la Cámara de Representantes de Illinois para el distrito 109, argumentó en su demanda que las acciones de Pritzker eran ilegales porque su orden de permanecer en casa superaba el período de 30 días impuesto por la legislatura.
Bailey presentó la demanda en la corte estatal y Pritzker fue ordenado a responder a una moción de juicio sumario para el jueves, pero en su lugar, el gobernador buscó que el caso fuera trasladado a la corte federal, a lo que el DOJ argumentó en contra, diciendo, «el gobernador no puede mostrar que algún asunto federal se plantea necesariamente en la demanda».
«El gobernador de Illinois le debe al pueblo de Illinois permitir que los tribunales de su estado adjudiquen la cuestión de si la ley de Illinois autoriza las órdenes que emitió para responder a COVID-19», dijo el fiscal general adjunto Eric Dreiband de la División de Derechos Civiles.
El portavoz de Pritzker respondió a la declaración del DOJ, diciendo a ABC7, «Es desafortunado que el Departamento de Justicia se oponga a los esfuerzos del estado para proteger a la gente de Illinois de un virus que ya ha causado la muerte de 4750 personas aquí».
Dreiband argumentó que, en vista del sistema de mandato constitucional de poder gubernamental dividido y limitado, las acciones del Departamento de Justicia buscan «asegurar las bendiciones de la libertad para todas las personas en nuestro país».
«El Departamento de Justicia sigue comprometido con la defensa del estado de derecho y del pueblo estadounidense en todo momento, especialmente durante este difícil momento en que nos enfrentamos a la pandemia de COVID-19», dijo Dreiband, y añadió: «En nuestro sistema, todos los funcionarios públicos, incluidos los gobernadores, deben cumplir la ley, especialmente en tiempos de crisis».
La medida forma parte de la reciente iniciativa del fiscal general William Barr por la que se ordena a Drieband y Matthew Schneider, el fiscal de Estados Unidos para el Distrito Este de Michigan, que revisen las políticas estatales y locales para garantizar que las medidas impuestas para frenar la propagación de COVID-19, la enfermedad causada por el virus del PCCh (Partido Comunista Chino), no violen los derechos constitucionales y las libertades civiles de los estadounidenses.
«Si una ordenanza estatal o local cruza la línea de un ejercicio apropiado de la autoridad para detener la propagación de COVID-19 en una infracción excesiva de las protecciones constitucionales y estatutarias, el Departamento de Justicia puede tener la obligación de abordar ese exceso en un tribunal federal», dijo Barr en un memorando del 27 de abril (pdf).
«Muchas políticas que serían impensables en tiempos regulares se han convertido en algo común en las últimas semanas, y no queremos interferir indebidamente con los importantes esfuerzos de los funcionarios estatales y locales para proteger al público», escribió Barr.
«Pero la Constitución no se suspende en tiempos de crisis», añadió. «Por lo tanto, debemos estar atentos para asegurarnos de que sus protecciones sean preservadas, al mismo tiempo que se protege al público».
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