El Departamento de Justicia (DOJ) respalda a la Iglesia Bautista de Capitol Hill en sus esfuerzos por celebrar mayores servicios de culto al aire libre en Washington, D.C., donde las autoridades locales deniegan las solicitudes para que la congregación exceda el límite de 100 personas impuesta bajo las restricciones del virus del PCCh, al tiempo que toleran las protestas que violan el límite de 50 personas en reuniones masivas.
Argumentando que la Constitución protege la libertad religiosa en la misma medida que el derecho a la protesta, el DOJ presentó el viernes una declaración de interés en un tribunal federal de Washington, argumentando que las autoridades de D.C. deben «acomodar el esfuerzo de la Iglesia Bautista de Capitol Hill de celebrar servicios de culto al aire libre, al menos en la misma medida en que el Distrito de Columbia permite otras formas de actividad al aire libre de la Primera Enmienda, como las protestas pacíficas».
La declaración de interés se presentó en un caso en el que la Iglesia Bautista de Capitol Hill demandó a la alcaldesa del Distrito de Columbia, Muriel Bowser, alegando que los derechos constitucionales de los feligreses habían sido violados por el hecho de que Bowser permitiera las protestas masivas, al tiempo que negaba la petición de la iglesia de que su congregación de más de 850 miembros se reuniera como un cuerpo completo para el culto cada domingo.
«La iglesia no toma en cuenta la decisión de los acusados de permitir estas reuniones, que a su vez están protegidas por la Primera Enmienda, y la iglesia apoya este ejercicio de los derechos de la Primera Enmienda. La iglesia, sin embargo, se opone a la decisión de los acusados de favorecer ciertas reuniones expresivas sobre otras», dice la demanda, presentada el 22 de septiembre. «La Primera Enmienda protege tanto las protestas masivas como el culto religioso. Pero la alcaldesa Bowser, como ha admitido, prefiere la primera sobre la segunda».
La demanda no cuestiona los límites de la ciudad a los lugares de culto en general, que pueden funcionar en interiores o exteriores con una capacidad no superior a 100 personas, pero pide permiso mediante una exención para reunirse al aire libre en un grupo más grande, argumentando que «una reunión semanal de culto en persona de toda la congregación es una convicción religiosa para la que no hay sustituto» y añade que no ofrece servicios virtuales, lo que recomienda la orden ejecutiva de Bowser.
En la demanda se afirma que las autoridades de la ciudad han sido «discriminatorias en su aplicación de la prohibición de reuniones a gran escala», citando una aparición de Bowser en un mitin celebrado en junio al que asistieron decenas de miles de personas. El decreto ejecutivo impone un límite de 50 personas a las reuniones masivas, que puede ser eximido si las autoridades lo aprueban.
El Departamento de Justicia dijo que no hay base legal para permitir las protestas masivas mientras se prohíbe el culto religioso.
«El derecho al libre ejercicio de la religión y el derecho a la protesta están consagrados en la Primera Enmienda de la Constitución. Somos una nación dedicada a la libertad de conciencia y la libertad de expresión. El Distrito de Columbia, desafortunadamente, ha descuidado estos derechos», dijo Eric Dreiband, asistente del fiscal general de la División de Derechos Civiles, en una declaración. «El Departamento de Justicia está comprometido a defender ambas libertades fundamentales y a apoyar los derechos de todos los estadounidenses a practicar su religión como lo deseen».
The Epoch Times no recibió inmediatamente una respuesta de la oficina de Bowser sobre el asunto.
Hubo un puñado de casos en todo el país donde las casas de culto desafían las restricciones del virus del PCCh, incluyendo un caso en Virginia con respecto al cual el Departamento de Justicia también escribió una «declaración de interés» en apoyo a la libertad religiosa.
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