El Departamento del Interior, en los últimos días de la presidencia de Biden, presentó dos importantes iniciativas de conservación para proteger las tierras públicas y los hábitats de la fauna salvaje en el oeste de Estados Unidos.
La primera iniciativa, anunciada el 30 de diciembre, propone que 264,000 acres en las Montañas Ruby de Nevada no puedan ser utilizados en nuevos arrendamientos de petróleo y gas durante un periodo de 20 años, con sujeción a los derechos existentes.
Las Montañas Ruby, situadas en el condado de Elko, se conocen a veces como «los Alpes suizos de Nevada». La zona cuenta con el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Lago Ruby, un oasis de humedales para aves acuáticas migratorias a lo largo de la ruta migratoria del Pacífico y pesquerías con truchas y lubinas.
Para iniciar formalmente el proceso de regulación, el Departamento de Interior publicará el 31 de diciembre un aviso en el Registro Federal que iniciará un periodo de segregación de dos años, durante el cual no se permitirá ningún nuevo desarrollo mientras la agencia recopila información pública y realiza revisiones técnicas y ambientales.
«Las comunidades locales aprecian las Montañas Rubí por su valor paisajístico, su patrimonio cultural, su numerosa fauna y flora y los beneficios que aportan a la economía local a través de un próspero sector de ocio al aire libre», declaró la Secretaria de Interior, Deb Haaland.
«Hoy estamos dando un paso importante y sensato para poner en pausa el arrendamiento de nuevos yacimientos de petróleo y gas con el fin de garantizar que disponemos de la información científica y pública necesaria para fundamentar las propuestas de protección de la zona de las Montañas Ruby para las generaciones futuras».
La ley permite al Secretario de Interior retirar estas tierras durante un máximo de 20 años, y una retirada permanente requiere la acción del Congreso.
La segunda iniciativa, anunciada el 30 de diciembre, supone la compra por 100 millones de dólares de una parcela de 640 acres dentro del Parque Nacional de Grand Teton, en Wyoming, que será objeto de protecciones permanentes.
Esta propiedad, que anteriormente pertenecía al estado de Wyoming como terreno de fideicomiso escolar, era la mayor parte desprotegida que quedaba dentro de los límites del parque. Según el Departamento de Interior, su conservación es crucial para mantener los corredores migratorios de la fauna salvaje y preservar la integridad ecológica del sur del Gran Ecosistema de Yellowstone.
«El día de hoy marca un hito increíble, que ha tardado décadas en lograrse, para proteger de forma permanente un corredor esencial de migración de la vida silvestre y un paisaje atesorado dentro del Parque Nacional Grand Teton», dijo Haaland en un comunicado. «Esto beneficiará a nuestras tierras públicas y a los estudiantes de las escuelas públicas de Wyoming durante generaciones».
La compra de la conocida como parcela Kelly, por valor de 100 millones de dólares, se financia con 37.6 millones de donaciones privadas y 62.4 millones del Fondo para la Conservación de Tierras y Aguas (LWCF).
El LWCF es un mecanismo de financiación único para la conservación de tierras públicas a través de arrendamientos de petróleo y gas, no del dinero de los contribuyentes.
Los últimos esfuerzos de conservación del Departamento de Interior se producen en medio de los llamamientos republicanos para detener nuevas acciones reguladoras durante el periodo de transición entre administraciones presidenciales.
Argumentan que estas decisiones deben dejarse en manos de la administración entrante, que puede tener prioridades políticas diferentes en cuanto al uso del suelo público y el desarrollo energético.
Los republicanos han redoblado sus esfuerzos para combatir las «normas de medianoche», es decir, las regulaciones promulgadas en los últimos días de una administración saliente. El 17 de diciembre, la Cámara de Representantes aprobó la Ley de Alivio de las Normas de Medianoche (H.R. 115), que permitiría al Congreso revisar y potencialmente anular múltiples reglamentos simultáneamente.
Un día después, la medida fue recibida en el Senado, se leyó dos veces y se remitió a la Comisión de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales para su consideración.
El representante Michael Burgess (R-Texas), presidente del Comité de Normas de la Cámara de Representantes, describió el proyecto de ley como una salvaguarda frente a una previsible oleada de normativas de última hora de la administración Biden.
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