El gobernador de Florida, Ron DeSantis, criticó una iniciativa del gobierno de Estados Unidos de Joe Biden, que consiste en llevar en avión a inmigrantes ilegales al país.
En octubre de 2022, la administración Biden puso en marcha un programa de libertad condicional para inmigrantes ilegales procedentes de Venezuela.
La libertad condicional permite a los inmigrantes ilegales vivir temporalmente y, potencialmente, trabajar en Estados Unidos sin correr el riesgo de ser deportados. En enero de 2023, el programa se amplió para incluir a Cuba, Haití y Nicaragua. Datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) revelan que 404,000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos llegaron a través de vuelos comerciales a Estados Unidos a finales de marzo de 2024 y se les concedió la libertad condicional.
Según un informe del 1 de abril del Center for Inmigration Studies (CIS), más de 325,000 personas en libertad condicional fueron enviadas a Florida.
El 13 de mayo, en una conferencia de prensa, el gobernador DeSantis fustigó la política de la administración Biden, diciendo que «lo que está haciendo es “poner en libertad condicional a personas” en países extranjeros para luego traerlas en avión».
Miami recibió un gran número de estas personas, ya que es «el aeropuerto más cercano a donde se está trayendo a la gente. No era necesariamente el destino final». La administración Biden «no nos dirá adónde ha ido la gente después de eso. Ni siquiera creo que sepan adónde ha ido la gente después de eso», agregó el gobernador.
«Así que, sí, este es un programa no autorizado. Es un abuso de las disposiciones de libertad condicional de la ley. Estamos en el estado con la fiscal general demandando a Biden sobre esto porque es inconstitucional. Es una violación de la ley y está mal».
El gobernador de Florida sugirió que la mayoría de las personas llevadas a su estado «probablemente gravitaron hacia estados santuario, porque uno va a California, obtiene una licencia de conducir, obtiene atención médica. En Florida, uno no obtiene un permiso de conducir si está aquí ilegalmente. No haces eso. Así que es un paradigma diferente».
De los 404.000 inmigrantes ilegales que entraron en Estados Unidos en libertad condicional, 168,000 eran haitianos, seguidos de 102,000 venezolanos, 86,000 cubanos y 77,000 nicaragüenses.
En una declaración el mes pasado, el director de comunicación del gobernador DeSantis dijo que la administración Biden había «encubierto estos vuelos secretos como un programa de libertad condicional legal».
El Departamento de Seguridad Nacional rechazó tales acusaciones, diciendo que el programa permite a los inmigrantes ilegales entrar en los Estados Unidos de una manera «segura, ordenada y legal». A estas personas se les exige tener «una persona que los ayude en Estados Unidos, someterse y superar un riguroso control de seguridad y cumplir otros criterios de elegibilidad».
«Estos procesos están disponibles públicamente en línea, y el DHS ha estado proporcionando actualizaciones periódicas sobre su uso al público», dijo un portavoz del DHS a The Epoch Times.
«Estos procesos forman parte de la estrategia de la Administración de combinar vías legales ampliadas con consecuencias más fuertes para reducir la migración irregular, y han evitado que cientos de miles de personas migren irregularmente».
Florida ya se dirigió a la corte en relación con los programas de libertad condicional de la Administración Biden. En marzo, el juez de distrito T. Kent Wetherell II falló a favor de Florida en una demanda contra las políticas de inmigración de Biden.
El juez señaló que la administración federal «convirtió efectivamente la frontera suroeste en una línea sin sentido en la arena y poco más que un badén para los extranjeros que inundan el país». Él calificó de ilegal el proceso de libertad condicional del gobierno.
La administración está intentando revertir la sentencia.
Tráfico de seres humanos
En la rueda de prensa, el gobernador de Florida también destacó el problema del tráfico de seres humanos. «Hemos tenido más de tres años en los que la frontera sur ha estado abierta y millones y millones de personas han entrado ilegalmente en el país, y, por supuesto, los cárteles de la droga mexicanos están aprovechando esta situación para traficar con seres humanos. Por lo tanto, este es un gran, gran problema para los Estados Unidos», dijo el Sr. DeSantis.
«Desde 2019, se han hecho 50,000 informes al año en el país utilizando la Línea Nacional de Tráfico Humano. Según el Departamento de Justicia (DOJ), la edad promedio de una persona víctima de trata es de solo 13 años. El 80% de las víctimas son niñas, y de esas niñas, el 80 por ciento son sometidas a explotación sexual».
La Línea Nacional de Denuncia de la Trata de Seres Humanos recibió más de 51,000 señales de trata de seres humanos en 2021, de las cuales más de 13,000 procedían de víctimas o supervivientes de estas actividades.
Según un informe del DOJ, la edad media de los niños víctimas de trata fue de 15 años en 2020.
Se estima que los cárteles mexicanos ganan miles de millones de dólares al año con la trata de personas. Las redes criminales utilizan este dinero para contratar más soldados para sus operaciones de narcotráfico.
En una entrevista reciente del programa American Thought Leaders, Chad Wolf, exsecretario en funciones del Departamento de Seguridad Nacional y ahora director ejecutivo del America First Policy Institute, dijo que casi medio millón de niños no acompañados han sido traficados a través de la frontera durante la administración Biden.
«Son niños que no vienen acompañados de ningún padre, tutor o familiar. Son traficados por los cárteles. O bien tienen que pagar una cuota por adelantado o bien tendrán que pagarla más tarde», dijo el Sr. Wolf.
«Tendrán que pagar una cuota una vez que lleguen aquí. Por desgracia, todos estos niños son víctimas de abusos, sobre todo si son mujeres. Tenemos estas cifras y sabemos que están siendo maltratados, pero la administración Biden realmente no ha hecho nada al respecto y no ha estado poniendo salvaguardias en su lugar».
En febrero, el Interagency Task Force to Monitor and Combat Trafficking in Persons (PITF-Grupo de Trabajo Interinstitucional para Vigilar y Combatir la Trata de Personas) del presidente Biden, una entidad a nivel de gabinete que coordina los esfuerzos del gobierno federal contra la trata, celebró una reunión. En esa ocasión, el secretario de Salud y Servicios Humanos (HHS), Xavier Becerra, anunció el Marco Nacional de Prevención de la Trata de Personas del HHS, un recurso para que organizaciones, comunidades y gobiernos refuercen sus esfuerzos para prevenir la trata de personas.
El HHS «está plenamente comprometido con la protección de las personas frente a la explotación de la trata», afirmó el Sr. Becerra.
«Queremos detener la trata de seres humanos antes de que se produzca y minimizar su impacto perjudicial. Con este marco de prevención como guía, nosotros —trabajando juntos con socios federales, estatales, locales y tribales— podemos hacer más para prevenir el trabajo forzado y la explotación sexual comercial de hombres, mujeres y niños».
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