El gobernador de Florida aprobó recientemente tres leyes con cambios a sanciones penales para los inmigrantes ilegales que cometan delitos en el estado, para la protección de los floridanos, según comunicado oficial.
Las tres leyes que fueron aprobadas en marzo por el gobernador Ron Desantis, son la HB1589, que prohíbe conducir sin licencia de conducción, la HB1451 que prohíbe a cualquier persona conducir con una licencia de conducción de otro estado, y la SB1036, que aumenta las penas de prisión a inmigrantes ilegales que estén en el estado y hayan sido deportados previamente.
En Florida los conductores de vehículos recibían una pena máxima de 60 días de prisión si la policía los descubría dos o más veces sin su licencia de manejo.
La ley HB1589 impondrá medidas más estrictas al prohibir a las autoridades de condados y municipios emitir o aceptar documentos de identificación y licencias de conducción a personas que no estén legalmente en Estados Unidos.
En este caso, la pena podía alcanzar hasta un año de prisión y la ley entrará en vigor el próximo 1 de julio.
La ley HB1451 prohíbe a las autoridades de condados y municipios de Florida aceptar documentos de identificación y licencias de manejo emitidos en otros estados a personas que no están legalmente en el país, y también entrará en vigor el 1 de julio.
«En Florida, no permitimos que los extranjeros ilegales obtengan licencias de conducir y no reconoceremos las licencias de conducir que las jurisdicciones santuario otorguen a extranjeros ilegales», aseguró el gobernador DeSantis en su cuenta de X.
«Al aumentar las penas por conducir sin una licencia válida, la ley que firmé es otra herramienta para ayudar a la aplicación de la ley a mantener a los floridanos a salvo de los impactos de la crisis fronteriza», añadió.
La ley SB1036 impone sanciones más estrictas a los delitos cometidos por inmigrantes ilegales.
Antes, un inmigrante ilegal acusado por un delito menor, como asalto o robo, podía enfrentar una pena de hasta 5 años de prisión. Con la nueva ley, las penas podrían extenderse hasta los 15 años de prisión.
Si un inmigrante ilegal es acusado de un delito grave, la pena cambió de un máximo de 15 años de prisión a un máximo de 30 años de prisión.
En los casos de delitos más graves, como el robo a mano armada, podrían enfrentar cadena perpetua.
La ley también aumenta las penas por delitos cometidos en el estado, que tengan relación con los cárteles de la droga, y entrará en vigor el 1 de octubre de 2024.
«[Las leyes combinadas] continúan los esfuerzos de Florida para mantener la ley y el orden y tomar medidas proactivas contra los extranjeros ilegales que participan en actividades criminales”, aseguró la Oficina del Gobernador en un comunicado de prensa.
«El gobierno federal no ha cumplido con su responsabilidad de asegurar nuestra frontera sur, dejando a los estados a su suerte”, dijo el gobernador Ron DeSantis en el comunicado.
“En Florida, no toleramos la inmigración ilegal, y mucho menos la anarquía cometida por extranjeros ilegales que, en primer lugar, no deberían estar aquí», añade.
La fiscal general Ashley Moody agradeció que en Florida tengan «líderes que darán un paso adelante para mantener seguros a los floridanos», mencionando al gobernador DeSantis y a los legisladores. «Quienes aquí cometan delitos ilegalmente enfrentarán duras penas y continuaremos construyendo una Florida más fuerte y segura”, agregó el comunicado.
DeSantis recibió con agrado la aprobación en febrero de este año de la Legislatura del Memorial Senatorial 1020, que insta al Secretario de Estado del país a designar como Organizaciones Terroristas Extranjeras a los cárteles de la droga que operan en la frontera sur.
Asimismo, y anticipándose a la potencial llegada de inmigrantes ilegales por la crisis en Haití, el gobernador ordenó refuerzos estatales a los cayos y aguas en el sur de Florida, indica el comunicado de la oficina del gobernador.
Desplegó 39 oficiales más del Departamento de Aplicación de la Ley, otras 23 embarcaciones de la Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de Florida, 4 helicópteros adicionales de la guardia nacional de Florida, hasta 133 soldados de la guardia estatal y 30 agentes más con un avión y drones para la vigilancia de la Patrulla de Carreteras de Florida.
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