PUNTA GORDA, Florida– El gobernador Ron DeSantis promulgó el 23 de junio una ley que prohibe a las agencias estatales y a los gobiernos locales de Florida iniciar, continuar o renovar contratos con empresas que se conoce transportan extranjeros ilegales al estado.
«Los dólares de los impuestos de los residentes de Florida no deben ir a las corporaciones que facilitan la operación de contrabando humano internacional alentada por la administración Biden», dijo DeSantis en una declaración escrita. El gobernador indicó que se sintió orgulloso de firmar el proyecto de ley para «proteger al estado de los efectos de la crisis fronteriza de Biden».
El gobernador abogó durante mucho tiempo por cambios en las políticas fronterizas que se crearon bajo la administración de Biden y ordenó a la oficina de la fiscal general de Florida, Ashley Moody, que aumente sus esfuerzos para abordar los problemas y las políticas de inmigración en el estado, así como para ayudar a los estados a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos con las necesidades de seguridad.
Recientemente, Moody presentó demandas contra el gobierno federal por la «crisis fronteriza», y el año pasado, a petición de los gobernadores de Texas y Arizona, DeSantis envió a 50 miembros del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE), la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP) y la Comisión de Conservación de la Pesca y la Vida Silvestre de Florida (FWC) para ayudarles en el control de la frontera.
Según la nueva ley —que entrará en vigor el 1 de octubre de 2022— las agencias policiales de Florida que operan un centro de detención del condado estarían obligadas a firmar un acuerdo con el Servicio de Aduanas e Inmigración (ICE). En otras palabras, acordarían que «oficiales específicos» dentro de una agencia local se encarguen del control de inmigración junto con el ICE.
Lalegislatura revisa la «política de santuario» de Florida y mejora los requisitos para trabajar con el ICE. Según el nuevo proyecto de ley, las empresas de «transporte común» estarían obligadas a revelar a los agentes estatales si transportan inmigrantes indocumentados o «extranjeros no autorizados».
Además dice específicamente que cualquier agencia estatal, centro o departamento penitenciario o entidad encargada de hacer cumplir la ley tendría prohibido celebrar contratos con transportistas que «presten voluntariamente» cualquier servicio para llevar a un «extranjero no autorizado» al estado, excepto para someterlo a procesos de detención, expulsión o salida.
Sin embargo, el proyecto no identifica un método para determinar si el servicio de transporte es prestado a sabiendas o voluntariamente por una empresa. El lenguaje del proyecto de ley no incluye los requisitos para que una empresa compruebe la situación de inmigración legal antes de transportar a las personas. Sí exige a las empresas que trabajan con el gobierno del estado que presenten «una declaración» en la que digan que no han prestado servicios a sabiendas o voluntariamente para transportar a alguien que saben que es un extranjero no autorizado, excepto para llevarlo a un centro de detención, sacarlo del estado o ayudarlo a salir de suelo estadounidense. Si una empresa viola la ley o su declaración, su contrato o acuerdo puede ser rescindido.
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