La Policía Nacional ha detenido a 17 personas e investiga a una más por su presunta implicación en un entramado empresarial que actuaba en Navarra y La Rioja y se dedicaba a la regularización masiva de inmigrantes ilegales, en su mayoría marroquíes.
A los detenidos se les imputan delitos de favorecimiento a la inmigración ilegal y falsedad documental cometidos en el seno un grupo criminal que encabezaba un empresario riojano, ha informado la Jefatura Superior de Navarra sobre la que se ha denominado Operación Charco.
Explican que este hombre era el titular de una empresa que constaba como contratante en un elevado número de expedientes de solicitud de Residencia y Trabajo, presentadas por ciudadanos extranjeros de origen marroquí en situación irregular.
Este hecho hizo que el Grupo de Investigación UCRIF de la Jefatura Superior de Policía de Navarra iniciara una investigación que comenzó en 2023 con la localización de los solicitantes, muchos de ellos residentes en la Ribera navarra, para determinar la veracidad de esos contratos.
Tras contactar con varios de ellos, se determinó que desde esta empresa riojana se estaba llevando a cabo la venta de los precontratos por importes que oscilaban entre 10.000 y 14.000 euros, con pleno conocimiento de este empresario, administrador de la mercantil denunciada, que desde ese momento se constituyó como el principal investigado.
Además, se identificó a otros tres empresarios que formaban parte de la trama así como a varios miembros de la red de ‘conseguidores’, personas de origen marroquí encargadas de localizar a compatriotas en situación irregular interesados en conseguir un contrato de trabajo.
Una vez que los inmigrantes en situación irregular poseían los documentos falsos, dado que no existía realmente relación laboral, bien directamente o a través de abogados especializados en materia de extranjería, presentaban la solicitud de Residencia Temporal por circunstancias excepcionales (arraigo social) o Solicitud de Permiso de Trabajo por cuenta ajena, en diferentes oficinas de Extranjería (Logroño, Burgos, San Sebastián o Bilbao) para no levantar sospechas.
Las víctimas debían abonar en un primer momento unos 2.000 euros, quedando supeditado el resto del pago a la consecución del permiso de residencia. Si la solicitud era denegada, los empresarios llegaban a hacer entrega de un segundo contrato para presentar en las oficinas de Extranjería y cuando la misma se hacía efectiva se llevaba a cabo el pago total de la deuda.
Para la realización de las 17 detenciones, el Grupo de Investigación UCRIF de la Jefatura Superior de Policía de Navarra ha contado con el apoyo en la segunda fase del Grupo Operativo de Extranjería de Logroño, si bien no se descartan más detenciones ya que uno de los principales investigados sigue en paradero desconocido.
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