La reubicación de varias secretarías del Gobierno mexicano, que promueve el futuro presidente Andrés Manuel López Obrador, se enfrenta a enormes problemas logísticos como el cambio de residencia y vida de miles de funcionarios.
La llamada descentralización del Gobierno mexicano, uno de los compromisos de campaña de López Obrador que ha vuelto a reiterar, pretende ayudar a «reactivar la economía de los estados», al tiempo que implicaría una reducción de sueldos de funcionarios y de gastos.
«La descentralización del Gobierno Federal es un proceso, estamos viendo con los titulares de las secretarías (propuestos para el próximo gabinete presidencial) cuándo vamos a poder iniciar el traslado de las secretarias a los estados», dijo López Obrador el pasado fin de semana.
Aunque no se ha precisado cuando iniciará y cuánto tiempo llevará el proceso, tanto López Obrador como sus colaboradores han dicho que «será paulatino».
El futuro secretario de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma, adelantó que el organismo que dirigirá será el primero en ser descentralizado y su sede estará en el estado de Puebla, a unos 130 kilómetros de la Ciudad de México.
Con unos 18.000 funcionarios, que trabajan en 40 edificios en la capital mexicana, la Secretaría de Educación Pública es una de las que se enfrenta al mayor reto logístico para el traslado de sus empleados.
Moctezuma dijo que a partir del 1 de diciembre, día en que toma posesión López Obrador, despachará en Puebla y recordó que los cambios serán graduales» y no de la noche a la mañana».
«El país requiere de una descentralización ordenada, inteligente y eficiente», apuntó.
El futuro titular de Educación en México declaró: «para que la descentralización se concrete, se requiere crear las condiciones para que los trabajadores de base tengan beneficios».
Puso como ejemplos las viviendas para los trabajadores, escuelas y educación para sus hijos además de la garantía de todos los servicios.
«Vamos a descentralizar el gobierno porque ya no queremos que se siga concentrado la inversión pública en una o dos o tres entidades de la Federación. Necesitamos que el crecimiento sea horizontal, parejo, para que todos los estados de México se beneficien y no solo sigan creciendo determinadas zonas», apuntó.
López Obrador ha insistido en que ese posible traslado va a «requerir un acuerdo con los trabajadores al servicio del Estado» y dijo que les darían «facilidades».
«En lugar de construir viviendas en la Ciudad de México, las vamos a construir en los estados, vamos a dar créditos baratos», indicó.
En entrevista con Efe, Kristobal Meléndez, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) de esa capital, explicó que el hecho de que se ubique una secretaría importante en cada uno de los estados «sería una ventaja importante porque generaría oportunidades de desarrollo» en vivienda y comercio.
Aunque no todos son ventajas. La primera complicación laboral resultaría si los trabajadores no quieran trasladarse o existiera una oposición importante para moverse a otro estado» principalmente los trabajadores sindicalizados.
Meléndez opina que, a pesar de que este traslado se cumpla «habría descontento» entre los funcionarios, ya que se tiene que mover toda la familia, y si uno de ellos tiene un trabajo diferente ocurrirían separaciones.
En tanto, el líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), Joel Ayala, dijo en un entrevista con Radio Fórmula, que la propuesta de López Obrador «es factible gradualmente».
«Hemos expresado que los trabajadores que acudan a esta descentralización, primero habrá que recibirlos con una vivienda digna, amplia, con servicios de educación y salud, espacio recreativos, deportivos y de esparcimiento», apuntó Ayala.
El líder de los trabajadores del Estado mexicano dijo que espera conocer en profundidad el plan de reubicación de López Obrador como «un proyecto de nación en el que estamos de acuerdo».
Además del cambio de la SE, a la ciudad de Puebla, están el de la Secretaría de Cultura a Tlaxcala; de Turismo a Chetumal, Quintana Roo; del Medio Ambiente, a Mérida, Yucatán; Pemex, a Ciudad del Carmen, Campeche; y Energía a Villahermosa, Tabasco.
La Comisión Nacional del Deporte (Conade) se trasladaría a Aguascalientes; la Secretaría de Agricultura a Ciudad Obregón, Sonora; el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) a La Paz, Baja California Sur; y el Instituto Nacional de Migración (INM) a Tijuana, Baja California.
Mientras que por asuntos de seguridad nacional, en la Ciudad de México permanecerán las Secretarías de la Defensa, Marina, Gobernación, Relaciones Exteriores y Hacienda.
El movimiento integra a 32 secretarías, subsecretarías, dependencias y organismos gubernamentales.
Según cifras extraoficiales, unos 3 millones de personas trabajan para el Gobierno mexicano y de ellos el 80 % lo hace en Ciudad de México.
La propuesta de descentralizar el gobierno federal ya tuvo un intento tras el terremoto del 19 de septiembre de 1985, que devastó a la Ciudad de México y provocó graves daños en los edificios de distintas dependencias.
El entonces presidente Miguel de la Madrid, convocó la creación del Comité de Descentralización, parte de la Comisión Nacional de Reconstrucción, organismo que desapareció en agosto de 1987.
Uno de los organismos que se reubicó en aquel entonces fue el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) que se cambió, no sin sobresaltos, a la ciudad de Aguascalientes, capital de estado de Aguascalientes, centro de México.
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