Otro fugitivo violento que vive ilegalmente en Estados Unidos, violador de niños, ha sido encontrado en Cape Cod.
Saulo Cardona Ferreira, buscado por violar a una niña de cinco años en su país natal, Brasil, fue arrestado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el lunes en el elegante atolón de Martha’s Vineyard, una autoproclamada comunidad santuario en la que residen personalidades de Hollywood y de la política, incluido el expresidente Barack Obama.
Ferreira fue sentenciado a 14 años por violación infantil, pero escapó del encarcelamiento y huyó a Estados Unidos, según la Oficina de Deportación de ICE en Boston.
Según la agencia de Boston, Ferreira tiene “múltiples condenas penales” en Brasil.
El hombre de 37 años es el tercer inmigrante ilegal fugitivo buscado en su país natal que en los últimos tres meses se ha encontrado viviendo en Cape Cod.
El 2 de noviembre, agentes de ICE descubrieron al asesino convicto Jordano Gotopo-López, de Venezuela, de 38 años, que vivía en una vivienda financiada por el gobierno preparada para inmigrantes ilegales en una base militar de Bourne.
La situación del Sr. Gotopo-López, fugitivo desde hace 13 años en Venezuela, se descubrió por primera vez en julio, cuando fue detenido en Eagle Pass (Texas) por entrar ilegalmente a Estados Unidos.
Después de ser procesado, fue liberado con instrucciones de presentarse a las autoridades de inmigración en 60 días. Nunca se presentó.
En septiembre, también se descubrió que Hiago Ornela-Da Silva, de 31 años, acusado de un doble homicidio en Brasil en 2021, vivía en Martha’s Vineyard.
Massachusetts, el estado donde se encuentra Cape Cod, está experimentando una afluencia masiva de inmigración ilegal y el estado utiliza su ley de derecho a la vivienda para proporcionar alojamiento y comida a cientos de inmigrantes ilegales.
La gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, ha utilizado millones de dólares del dinero de los contribuyentes para asegurar hoteles en todo el estado buscando albergar a inmigrantes ilegales, una medida que provocó críticas de los republicanos estatales que señalaron la inacción de su administración con respecto a ayudar a la gran población de veteranos sin hogar del estado.
El mes pasado, la controversia sobre la prioridad a los inmigrantes ilegales que deja en segundo plano a los veteranos estadounidenses se intensificó cuando cientos de miembros tanto en servicio activo como exmilitares se encontraron en la calle después de que las habitaciones de hotel que habían reservado con un año de antelación para el histórico partido de fútbol Army-Navy en el Gillette Stadium de Foxboro fueran compradas por el Estado y cedidas a inmigrantes ilegales.
El tema de la inmigración ilegal ha sido especialmente irritante en El Cabo, donde un grupo de residentes recientemente protestó por la compra por parte del estado de un motel en Yarmouth para proporcionar alojamiento a inmigrantes ilegales.
En 2022, Martha’s Vineyard estuvo en el centro de la controversia sobre la inmigración ilegal cuando el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien actualmente es candidato a la presidencia, desvió un autobús lleno de inmigrantes ilegales venezolanos a la isla de Cape Cod.
A pesar de promocionarse como un refugio seguro para inmigrantes ilegales, en menos de un día, Martha’s Vineyard dispuso que enviaran a los inmigrantes fuera de la isla.
No está claro cuánto tiempo había estado viviendo el Sr. Ferreira en Martha’s Vineyard antes de ser detectado, aunque los informes de ICE sobre su arresto sugieren que tenía un hogar y un trabajo establecidos en la isla. Al igual que Gotopo-López y Da Silva, Ferreira está detenido para su deportación.
También ha habido docenas de informes de crímenes atroces cometidos contra ciudadanos estadounidenses por inmigrantes ilegales poco después de cruzar la frontera de Estados Unidos, incluida la brutal violación y asesinato a una mujer autista de 20 años nacida en Maryland. El acto criminal ocurrió en mayo por un presunto miembro de la pandilla MS-13.
Según un informe de ICE, el sospechoso era un menor de 16 años que ingresó a Estados Unidos como «menor no acompañado» a través de Rio Grande City, Texas.
Juan Carlos García Rodríguez, de Guatemala, ingresó a Estados Unidos por la frontera de Pasadena, Texas, como menor no acompañado a la edad de 17 años. Unos meses después, según los registros policiales y judiciales, violó y asesinó a María González, de 11 años, que vivía en el edificio de apartamentos donde se alojaba el Sr. García-Rodríguez.
Se cree que García-Rodriquez, quien cumplió 18 años poco después de ingresar a Estados Unidos, entró por la fuerza en el departamento de la niña mientras ella sacaba la basura.
Después de llegar a casa del trabajo, su padre encontró su cuerpo en una bolsa de basura metida debajo de una cama en el apartamento de la familia.
García-Rodríquez se encuentra entre los más de 8 millones de inmigrantes ilegales que ingresaron al país bajo la dirección del presidente Joe Biden, según estimaciones de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.
Si bien la frontera sur ha sido durante mucho tiempo el foco de la controversia, la afluencia a lo largo de la frontera norte también está comenzando a ganar atención.
El miércoles, víspera del Día de Acción de Gracias, los agentes de la patrulla fronteriza de Maine descubrieron que dos inmigrantes ilegales incluidos en una lista nacional de vigilancia por delincuencia organizada formaban parte de un grupo de 20 rumanos que se infiltraron por el norte de Nueva Inglaterra desde Canadá.
A nivel nacional, está aumentando el descubrimiento de inmigrantes ilegales condenados por asesinato, violación u otros delitos violentos.
Juan Martínez Mérida, buscado por asesinato en México, fue capturado y liberado más de media docena de veces, antes de ser finalmente deportado hace apenas unas semanas, según ICE.
Según un informe publicado recientemente por la Federación para la Reforma Migratoria Estadounidense (FAIR), 300,000 personas cruzaron a Estados Unidos sólo en octubre. La organización culpa tanto a los republicanos como a los demócratas por su reciente aprobación de la Resolución Continua (CR) propuesta por la administración Biden que incluye el uso continuo del dinero de los contribuyentes para financiar la política de inmigración del presidente.
«Incluso después que los principales expertos en seguridad nacional emiten terribles advertencias sobre las amenazas terroristas que plantean nuestras fronteras abiertas, los líderes del Congreso nuevamente no aprovechan la CR como una oportunidad para obligar a la administración Biden a poner fin a las políticas que colocan a nuestra nación en grave peligro», dijo Dan Stein, presidente de FAIR, en un comunicado.
«Los republicanos de la Cámara de Representantes han desperdiciado un año completo de su control de dos años sin aprobar un presupuesto que obligue a la administración a poner fin a sus imprudentes políticas fronterizas y de inmigración. Detener la crisis fronteriza de Biden fue una promesa explícita que hicieron el año pasado cuando pidieron a los votantes estadounidenses que confiarles el liderazgo de la Cámara».
La crisis de la frontera abierta ha sido un tema clave para los cinco candidatos republicanos que compiten por la nominación del partido a la presidencia. DeSantis, la exembajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, el expresidente Donald Trump y el empresario de tecnología farmacéutica Vivek Ramaswamy han prometido cambiar de inmediato el programa de captura y liberación del presidente Biden por el de captura y deportación si son elegidos.
Sólo el exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, ha apoyado la amnistía para los inmigrantes ilegales.
William Gheen, presidente del grupo de base Americans for Legal Immigration PAC, cree que los inmigrantes ilegales desempeñarán un papel en el resultado de la carrera por la Casa Blanca.
La encuesta nacional de Ramussen, publicada en octubre, muestra que el 51 por ciento de los estadounidenses cree que las elecciones presidenciales de 2024 «probablemente estarán influenciadas» por los votos emitidos por inmigrantes ilegales.
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