El fiscal general del estado mexicano de Jalisco, Raúl Sánchez, fue destituido hoy por el caso de los cadáveres del instituto forense abandonados en una cámara de refrigeración en la zona metropolitana de Guadalajara.
En un mensaje a los medios, el gobernador Aristóteles Sandoval, dijo que la destitución de Sánchez fue por «indolencia» y «falta de sensibilidad», con lo que es el segundo funcionario cesado por el caso de los cadáveres tras el forense Luis Octavio Cotero.
El titular de derechos humanos de la Fiscalía estatal, Dante Haro, elevó a 322 los cadáveres en cámaras de refrigeración, de los cuales 273 fueron movidos y abandonados dos veces en la zona metropolitana de Guadalajara.
«La cámara refrigerante que trasladó el trailer no contenía 157 cuerpos sino 273», dijo Haro al revelar detalles de la investigación que fue abierta por las autoridades, después de que se hiciera público el abandono de los cuerpos.
Indicó que con los cuerpos almacenados en una segunda cámara de refrigeración y los están en la morgue, el Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses tiene bajo su resguardo los cuerpos de 442 víctimas de delitos.
Solo 60 de estos cuerpos han pasado por el registro forense dictado por el protocolo para facilitar su identificación y ninguno de ellos ha sido inhumado, explicó.
En los 384 cuerpos restantes las autoridades forenses no han completado el procedimiento, no obstante que «existen el material suficiente para efectuar las pruebas», indicó.
Explicó que los cuerpos fueron colocados en cámaras de refrigeración alquiladas por petición del exforense Cotero quien en agosto de 2018 solicitó a la Fiscalía reubicarlos porque despedían «fuertes olores fétidos».
De acuerdo con la investigación, los titulares de la fiscalía y el forense destituidos tuvieron responsabilidad en el traslado irregular de los cuerpos.
«Tomaron las acciones, acuerdos, gestiones y decisiones relacionados con la autorización, salida, traslado y almacenamiento de la cámara refrigerante en un lugar distinto a las instalaciones del IJCF, de manera verbal y sin seguir los procedimientos administrativos internos», subrayó.
Agregó que estos exfuncionarios «omitieron dar un trato respetuoso, digno y de consideración a los cuerpos no identificados» al mantenerlos en «un lugar inadecuado».
Funcionarios de la fiscalía y el forense dijeron que la bodega donde fueron llevados los cuerpos cumplía los requisitos y se acordó que la responsabilidad del lugar sería del forense y que la fiscalía pagaría los gastos y la vigilancia.
Según los indicios, el 31 de agosto, con la autorización del exforense, la cámara fue llevada a la bodega, donde estuvo hasta el 14 de septiembre cuando fue movida y abandonada en otro lugar hasta que este fin de semana la tomó bajo su resguardo la Fiscalía.
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