Un total de diecisiete personas detenidas dejó este jueves un operativo policial contra una presunta red de narcotráfico en Ecuador con nexos con la banda criminal Los Lobos y con los Comandos de la Frontera, una de las disidencias de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), según anunció la Policía Nacional ecuatoriana.
El operativo se desarrolló con allanamientos a inmuebles y propiedades situadas en cinco de las veinticuatro provincias que componen el territorio ecuatoriano, entre ellas la andina Pichincha (cuya capital es Quito), la tropical Santo Domingo de los Tsáchilas, la costera Guayas y las amazónicas Orellena y Sucumbíos, que se encuentra en la frontera con Colombia.
Los diecisiete detenidos son de nacionalidad ecuatoriana y cuentan con antecedentes por tráfico y posesión de drogas.
Esta red de narcotráfico, que según la Policía ecuatoriana ha quedado desarticulada, estaba «implicada en una serie de actividades ilícitas de alta gravedad, incluyendo secuestro, extorsión, sicariato (asesinato por encargo) y tráfico de armas y de explosivos no autorizados».
De acuerdo a la Policía ecuatoriana, algunos de los detenidos son integrantes de los Comandos de la Frontera, que «ha creado un vasto imperio económico que será objeto de investigación para desmantelar tanto la estructura criminal como sus redes financieras, con la incautación de sus bienes muebles e inmuebles, y el bloque de cuentas bancarias dentro del sistema financiero».
La institución policial confía en lograr incautar un patrimonio de 200 millones de dólares a esta organización criminal.
Durante el operativo desarrollado este jueves también se decomisaron cuatro vehículos, más de 5700 dólares, cerca de 1.8 millones de pesos colombianos, dieciséis armas de fuego, 101 cartuchos del calibre 22, dos computadoras, un dispositivo de grabación de vídeo, varios documentos y dos chalecos antibalas.
Desde inicios de 2024, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de «conflicto armado interno», después de que en los últimos años el auge de la violencia criminal haya llevado al país a registrar la tasa más alta de homicidios de Latinoamérica, con 47.2 por cada 100,000 habitantes en 2023.
Con esa medida, el Gobierno pasó a catalogar como grupos terroristas a las bandas criminales, dedicadas principalmente al narcotráfico pero también a otros delitos como la minería ilegal, la extorsión y el tráfico de armas, lo que acompañó con estados de excepción que le permitieron para militarizar las cárceles controladas por estas organizaciones criminales.
De acuerdo al Gobierno, las muertes violentas a nivel nacional han descendido un 17 % en 2024 respecto al año anterior, pero los episodios de violencia criminal no han cesado, a la vez que también se siguen reportando secuestros y extorsiones.
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