El expresidente regional de Cataluña, Carles Puigdemont, fue arrestado este domingo 25 de marzo por la policía alemana en la frontera con Dinamarca, informó su abogado Jaume Alonso-Cuevillas a la agencia EFE.
Fue detenido a las 11:19 en la carretera Schleswig Holstein cerca de la ciudad de Jagel y llevado a la Estación de Policía, informó la agencia Rai y el medio Zheit.
Puigdemont estaba con otras cuatro personas en un viaje de regreso desde Finlandia a Bélgica, afirmó su portavoz Joan María Pique, a través de las redes sociales.
El 23 de marzo, el Poder Judicial de España, emitió una orden de arresto contra Puidgemont por: «rebelión», «malversacion de fondos públicos» y “desobediencia”. En esos momentos Puidgemont se encontraba en Helsinski, en una campaña considerada a favor de la independencia de Cataluña.
La decisión sobre la duración de la custodia policial del ex presidente regional, durante el procedimiento de extradición, llegará «con cierta probabilidad solo mañana», dijo el fiscal general adjunto de Schleswig-Holstein, Ralph Dopper, según la Rai.
«Estamos en el comienzo», dijo Dopper.
El juez español Pablo Llarena, emitió un Auto de Procesamiento contra 25 de las 28 personas investigadas en relación al referendum y proclamación de independencia no constitucional de Cataluña, realizado en 2017.
Puidgemont, el exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras y el exconsejero de Interior, Joaquim Forn, están acusados de «rebelión». Junqueras y Forn están desde el 2 de noviembre con prisión preventiva.
Los tres junto a un total de 13 personas, en su mayoría consejeros, están acusados además de malversación de fondos públicos y deberán pagar una fianza de 2.1 millones de euros: Puigdemont, Junqueras, Ford, Jordi Turull i Negre, Raül Romeva i Rueda, Meritxell Borràs i Solé, Clara Ponsatí i Obiols, Antoni Comín i Oliveres,Josep Rull i Andreu, Lluís Puig i Gordi, Carles Mundó i Blanch, Dolors Bassa i Coll, Santiago Vila i Vicente y Meritxell Serret i Aleu.
El resto está acusado de desobediencia.
Según el juez, los delitos de los acusados son parte de «un concierto entre partidos políticos y entidades soberanistas para llevar a cabo la ejecución de un plan predeterminado con el objetivo de declarar la independencia de Cataluña».
El delito de rebelión contra Puidgimont, Junqueras y Forn, viene estipulado por «utilizar el poderío de la masa para, con él, hacer frente a una actuación policial que sabían orientada a imposibilitar el referéndum».
Se quería conseguir que «el estado de derecho, se rindiera a la determinación violenta de una parte de la población».
El juez deja claro que los procesados eran conscientes de que el proceso «terminaría recurriendo a la utilización instrumental de la fuerza» y califica esta actitud como «muestra de su voluntad de incorporar la utilización de la fuerza, al mecanismo para conseguir una secesión».
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