Emilio Lozoya, exdirector de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), fue detenido en Málaga (España) tras llevar meses prófugo de la justicia y contar con una orden de captura internacional en su contra, informó este miércoles la Fiscalía General de la República (FGR).
«Confirma detención por parte de autoridades españolas de Emilio L. en aquel país», informó la FGR en un boletín sobre este alto funcionario implicado en el caso Odebrecht.
Lozoya estaba prófugo y en paradero desconocido después de que la Fiscalía General de la República (FGR) de México lo acusó de haber recibido sobornos de la firma brasileña Odebrecht y de participar en la compraventa irregular de una planta de fertilizantes.
En declaraciones a Radio Fórmula, el titular de la FGR, Alejandro Gertz, dijo que se había logrado la detención después de un «largo peregrinaje por toda Europa» y valoró el apoyo «fundamental» de la Interpol y de la Policía española, quien finalmente lo arrestó.
Puntualizó que la orden de captura es con fines de extradición.
Finalmente, dijo que el caso Lozoya era «icónico» porque se ha logrado esta captura tras una investigación durante casi un año por distintos países de Europa.
En tanto, en declaraciones a Milenio Televisión, el abogado de Emilio Lozoya, Javier Coello, destacó que, tras confirmarse el arresto, procede ahora viajar a España y apoyar a su cliente.
«Tenemos todos los elementos de prueba para defenderlo», aseveró.
Apuntó que tanto él como la familia de Lozoya desconocían la detención hasta el anuncio de la FGR.
Lozoya fue director de Pemex desde 2012 hasta 2016, durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Siendo un economista con vasta experiencia internacional y miembro de una familia con profundos lazos con el poder en México, cayó en desgracia por su supuesta implicación en los sobornos de Odebrecht.
Con el arribo del presidente Andrés Manuel López Obrador al poder en diciembre de 2018, la nueva FGR empujó una investigación en contra de Lozoya, y en mayo de 2019 se emitió una orden de captura.
Además, el año pasado fue inhabilitado por 10 años para ocupar un cargo público por la Secretaría de la Función Pública (SFP), una decisión validada el pasado 6 de febrero por un tribunal. Y también se le congelaron las cuentas.
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