La presión de los demócratas para imponer un código de conducta a la Corte Suprema de EE. UU. está motivada por su deseo de ejercer poder sobre un tribunal que no ha fallado a su manera en cuestiones clave, afirman expertos jurídicos.
Los demócratas y sus aliados activistas de izquierda se han indignado en los dos últimos años cuando la corte devolvió a los estados las cuestiones relacionadas con el aborto, eliminó la discriminación positiva en la admisión a la universidad, reforzó los derechos de armas y la oración pública, respaldó el derecho de una diseñadora de páginas web a no promocionar una boda entre personas del mismo sexo y reforzó los derechos de propiedad privada al mismo tiempo que debilitaba los poderes reguladores del gobierno sobre el medio ambiente.
Varios expertos dijeron a The Epoch Times que la izquierda no puede aceptar la mayoría conservadora en la Corte Suprema, por lo que seguirá actuando contra ella e intentará socavar su legitimidad a los ojos del público.
Hasta ahora, el activismo ha impulsado a la corte a adoptar su primer código formal de conducta, publicado el 13 de noviembre, pero los demócratas dicen que es un gesto desdentado y que no arreglará lo que dicen que es una corte que simpatiza excesivamente con los intereses empresariales y las causas conservadoras.
«El nuevo código de conducta de la corte está muy por debajo de lo que cabría esperar del más alto tribunal del país», declaró el presidente del Comité Judicial del Senado, el demócrata Dick Durbin.
«Aunque el código de conducta prohíbe dar apariencia de incorrección, permite al juez determinar individualmente si su propia conducta crea tal apariencia en la mente de ‘miembros razonables del público’. Esto es algo que los jueces no han hecho repetidamente en los últimos años».
Para remediar la supuesta crisis en el tribunal, Durbin respalda la propuesta de Ley de Ética, Recusación y Transparencia de la Corte Suprema (SCERT, por sus siglas en inglés) de 2023, que su comité aprobó en julio en una votación partidista.
La propuesta, que los republicanos han denunciado como inconstitucional, crearía un sistema que permitiría a los miembros del público presentar quejas contra los jueces por violar el código de conducta propuesto o por participar «en conductas que socavan la integridad de la Corte Suprema de Estados Unidos».
Entre otras cosas, también impondría normas obligatorias de recusación y crearía un panel de jueces de tribunales inferiores para investigar las quejas contra la Corte Suprema.
Los demócratas proponen su código de conducta «para poder controlar la Corte Suprea», dijo Steven J. Allen, miembro distinguido del Capital Research Center, un grupo de vigilancia.
«Están haciendo esto para deshacerse de uno o más republicanos designados para que puedan ser reemplazados», dijo Allen.
«Esa es casi la definición de ‘guerra jurídica’: usar el sistema legal para hacer la guerra a tus oponentes. Se llena el tribunal eliminando a uno o dos republicanos».
Durbin, un viejo antagonista del juez Clarence Thomas, considerado por muchos como el jurista conservador más eminente del tribunal, se ha centrado especialmente en las supuestas transgresiones del juez.
El Sr. Allen predice que la «campaña de desprestigio» contra el juez Thomas «continuará mientras esté vivo».
El Sr. Durbin y sus colegas del comité emitieron una ventisca de condenas públicas cuando a principios de este año se informó de que el multimillonario Harlan Crow, un gran donante del Partido Republicano, regaló al juez Thomas una serie de vacaciones de lujo y ayuda para la matrícula de un sobrino nieto que éste crió y compró bienes inmuebles a la familia del juez.
El juez Thomas no reveló los hechos en su momento, alegando que le habían advertido de que no era obligatorio, pero se ha comprometido a revelarlos en el futuro.
Los demócratas, que han caracterizado los esfuerzos republicanos para impugnar las elecciones presidenciales de 2020 después del día de las elecciones como una afrenta a la democracia, se enfurecieron porque la Sra. Thomas supuestamente firmó cartas de formulario instando a los legisladores estatales en Arizona y Wisconsin a anular la victoria electoral del presidente Joe Biden.
Thomas también ha dicho que cree que las elecciones de 2020 fueron amañadas.
Los grupos liberales han pedido al juez Thomas que se recuse de una plétora de casos relacionados con las elecciones y con los procesos penales en curso del presidente Trump. Argumentan que el juez Thomas y su esposa son demasiado cercanos a los republicanos.
El veterano observador de la Corte Suprema Curt Levey, presidente del conservador Comité por la Justicia, dijo que es una calle de un solo sentido.
«¿Cuáles son las probabilidades de que los demócratas del Senado pidan la recusación de uno de los jueces liberales si el cónyuge de ese juez ha expresado públicamente fuertes opiniones sobre la imparcialidad de las elecciones de 2020?».
Nunca pedirían que un juez liberal se recusara «porque su cónyuge hubiera expresado opiniones políticas sobre acontecimientos de interés periodístico», dijo.
Campaña de presión
Jim Burling, vicepresidente de asuntos legales de la Pacific Legal Foundation, una firma nacional de abogados de interés público sin fines de lucro que desafía los abusos del gobierno, dijo que el proyecto de ley SCERT respaldado por Durbin y la investigación de su comité sobre los jueces conservadores es un esfuerzo «para tratar de limitar la legitimidad del tribunal».
«No les gusta el hecho de que hoy en día tengamos un tribunal que no está haciendo lo que los progresistas piensan que el tribunal debería estar haciendo», dijo.
Les molesta que la corte sea «muy diferente hoy en día» de lo que era bajo la presidencia del juez Earl Warren (1953 a 1969) y del juez Warren Burger (1969 a 1986), cuando la corte viró hacia la izquierda, dijo Burling.
«Les molesta que no puedan ganar el caso en cuanto al fondo, así que se limitan a arrojar lodo e intentar ocultar cuál es la verdadera cuestión», afirmó.
El Sr. Levey dijo que el Senador Sheldon Whitehouse (D-R.I.), patrocinador de la Ley SCERT, ha demostrado que quiere seguir presionando a los miembros conservadores del tribunal.
El hecho de que el tribunal adoptara su propio código demuestra que «incluso la Corte Suprea, donde son vitalicios, puede ser presionado», dijo.
«Esta es la razón por la que los demócratas atacan constantemente a la Corte Suprema, porque tiene un efecto y aquí se ve el efecto», dijo Levey.
«Esto no es más que otra forma de intentar acosar e intimidar al tribunal. Los demócratas han descubierto a lo largo de los años que si haces saber a los jueces conservadores que les vas a complicar la vida… algunos de los jueces de centro-derecha se dejan intimidar con bastante facilidad».
Puede que entonces la mitad de esos jueces «se esfuercen por no enfadar demasiado a los demócratas», dijo el Sr. Levey.
Los políticos han estado tratando de manipular a la Corte Suprema durante mucho tiempo, dijo el Sr. Allen, «por medio de esencialmente acosarlos».
Señaló el discurso del Estado de la Unión de 2010, cuando el presidente Barack Obama tomó la inusual medida de reprender a los jueces de la Corte Suprema sentados ante él por su fallo en el caso Citizens United, que cambió las restricciones a la financiación de campañas.
«Con toda la deferencia debida a la separación de poderes», dijo, el precedente Citizens United «abrirá las compuertas para que los intereses especiales —incluidas las corporaciones extranjeras— gasten sin límite en nuestras elecciones».
El juez Samuel Alito sacudió la cabeza en señal de desacuerdo, pareciendo pronunciar las palabras: «No es cierto».
Y en marzo de 2020, en una manifestación a favor del aborto frente a la Corte Suprema, el senador Chuck Schumer (D-N.Y.) prometió represalias no especificadas contra los jueces conservadores Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh si votaban a favor de una ley de Luisiana que imponía restricciones al aborto.
«Quiero decirte, Gorsuch, quiero decirte, Kavanaugh, ¡has liberado el torbellino! ¡Y pagarás el precio! No sabrás qué te golpeó si sigues adelante con estas horribles decisiones», dijo el Sr. Schumer mientras se argumentaba el caso en el interior.
La Ley SCERT
El Sr. Burling dijo que entiende por qué los jueces elaboraron su propio código.
«No hay nada en el código [aprobado por el tribunal] que sea particularmente sorprendente… pero se hizo porque ha habido muchas afirmaciones de que el tribunal no tiene ética. Pues bien, eso no es cierto. Nunca ha sido cierto. Así que dicen: ‘miren, estas son las normas éticas que hemos estado siguiendo durante mucho tiempo'», dijo.
Pero la disposición del proyecto de ley SCERT que permitiría a los ciudadanos presentar quejas contra el tribunal es «absurda», dijo Burling.
«Estamos hablando de la Corte Suprema, y que esté sujeta a las quejas presentadas por los miembros del público, simplemente no puedo imaginar qué tipo de caos se produciría si ese fuera el caso», dijo.
Todo aquel al que no le gustara lo que el tribunal ha hecho en un caso, cualquiera con un caso ante el tribunal que fuera rechazado o aceptado o resuelto de una manera que no le gustara, podría presentar una queja».
«Y vas a tener que establecer un proceso para lidiar con esas quejas que simplemente chuparía toda la vida de la corte porque simplemente sería una molestia».
El método adecuado para tratar con los jueces problemáticos es la destitución, como se especifica en la Constitución, dijo.
«No necesitamos un órgano adicional para hacerlo» y, además, el Congreso ya tiene poder para ejercer cierto control sobre la Corte Suprema. El Senado puede rechazar candidaturas a la corte, dijo.
El Congreso «no puede crear una especie de órgano administrativo para regular la corte. No es así como funciona», afirmó.
La Corte Suprema es «una rama coigualitaria del gobierno, y una rama del gobierno no puede administrar a otra rama del gobierno fuera del contexto constitucional», dijo.
«Simplemente no hay forma constitucional de tener el tipo de mecanismo de aplicación del que han estado hablando los progresistas».
El Sr. Allen dijo que la disposición sobre denuncias privadas invita a la picaresca.
Los demócratas y sus aliados «simplemente presentarían todo tipo de denuncias, y dejarían volar su imaginación con supuestos conflictos, de modo que podrían seguir estos cargos y simplemente empantanar el tribunal», dijo.
Los demócratas no han intentado presentar el proyecto de ley ante el pleno del Senado porque no tienen los votos necesarios, según el senador Lindsey Graham (R-S.C.), que ha acusado a los demócratas de librar una «yihad» contra el tribunal.
Incluso si la legislación obtuviera la aprobación del Senado, controlado por los demócratas, es poco probable que sobreviviera a la Cámara de Representantes, dominada por los republicanos, dicen los expertos.
«Creo que las posibilidades de que se apruebe en el Senado van de cero a menos de cero», dijo Burling.
«Fue simplemente una grandilocuencia política… para intentar unir a la tribu progresista en los ataques a la legitimidad del tribunal. Y no creo que la mayoría de la gente se lo creyera».
El Sr. Levey también dijo que el proyecto de ley SCERT tiene muchas posibilidades.
«Dado que estaría sujeto a un filibusterismo, necesitaría 60 votos. Yo diría que [sus posibilidades son] escasas o nulas. Y aunque se aprobara en el Senado, tendría que aprobarse en la Cámara de Representantes, donde obviamente las probabilidades son escasas», dijo.
Otros jueces
Aparte de un incidente ocurrido hace décadas, las quejas sobre la ética de los jueces rara vez llegan a alguna parte.
En 1969, el difunto juez Abe Fortas fue el único magistrado que dimitió bajo la presión del más alto tribunal del país tras descubrirse que había aceptado un anticipo vitalicio de 20,000 dólares anuales de un financiero de Wall Street que más tarde fue a la cárcel por infringir la legislación sobre valores. El juez Fortas también fue criticado por su estrecha relación personal con el hombre que lo nombró, el presidente demócrata Lyndon Johnson.
Aunque el juez Thomas se ha llevado la peor parte de las críticas de los demócratas, no es el único juez actual o reciente cuya ética ha sido cuestionada.
El juez conservador Alito, que suele recusarse en casos relacionados con empresas en las que ha invertido, no se recusó en varios casos que, según se dice, implicaban al fondo de cobertura de su amigo multimillonario Paul Singer.
En 2008, el juez Alito disfrutó de unas lujosas vacaciones de pesca en Alaska, en un avión privado pagado por el Sr. Singer. El juez no informó del viaje en sus declaraciones financieras anuales. Más tarde negó haber hecho algo malo.
El juez conservador Gorsuch era copropietario de una propiedad de 40 acres que fue vendida a Brian Duffy, el director ejecutivo del bufete de abogados Greenberg Traurig, que tenía negocios ante el tribunal. El juez no nombró al comprador en sus formularios de divulgación financiera. La propiedad salió al mercado en 2015, pero no se vendió hasta 2017, poco más de una semana después de que el Senado confirmara la nominación del juez al tribunal.
Los empleados de la jueza liberal Sonia Sotomayor habrían presionado a las instituciones públicas en las que hablaba para que compraran sus libros, una cuestión que Durbin ha planteado ocasionalmente en las audiencias del comité.
El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, considerado uno de los conservadores más moderados de la corte, ha sido criticado porque, según se informa, su esposa ha ganado más de 10 millones de dólares en comisiones por reclutar abogados para bufetes de abogados de guante blanco, incluidos algunos que tenían negocios ante la corte.
Anteriormente, los exjueces liberales Stephen Breyer y la difunta Ruth Bader Ginsburg, así como el difunto juez conservador Antonin Scalia, también fueron objeto de críticas por supuestos problemas éticos.
El juez Scalia fue criticado con frecuencia por los demócratas por realizar viajes pagados por patrocinadores privados. El Center for Responsive Politics descubrió que realizó 258 viajes subvencionados entre 2004 y 2014.
En dos casos se trataba de cónyuges de jueces.
En 2015, el juez Breyer se negó a recusarse de un caso de energía a pesar de que su esposa tenía 30,000 dólares en acciones de una empresa involucrada en el caso.
La jueza Ginsburg no se recusó en más de 20 casos relacionados con empresas en las que su marido tenía acciones.
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