Una iniciativa federal para registrar a los votantes utilizando el vasto alcance del gobierno, incluido el sistema penitenciario de EE.UU., está suscitando la preocupación de críticos que afirman que no beneficiará por igual a demócratas y a republicanos.
El 6 de marzo, el secretario de Estado de Mississippi, Michael Watson, escribió al fiscal general Merrick Garland alegando que los organismos a cargo del fiscal general están «intentando registrar a personas para que voten, incluidos delincuentes potencialmente inelegibles, y suprimir a funcionarios estatales y locales para lograr este objetivo».
La acusación se refiere a la Orden Ejecutiva 14019 del presidente Joe Biden, que establece: «El jefe de cada agencia evaluará las formas en que la agencia puede, según proceda y en consonancia con la ley aplicable, promover el registro de votantes y la participación de los votantes».
Entre otras cosas, esta orden ha obligado a los Marshals de EE. UU. a modificar más de 900 contratos con prisiones y cárceles para proporcionar documentos de registro de votantes y facilitar el voto por correo a los reclusos, escribió el Sr. Watson.
«Hemos trabajado muy duro para restaurar la confianza de los votantes de Mississippi en nuestro proceso electoral», dijo el Sr. Watson a The Epoch Times. «Que la administración Biden y el DOJ socaven a propósito estos esfuerzos y pongan en peligro la integridad de las elecciones de Mississippi es inaceptable».
El secretario de Estado es el principal funcionario electoral de Mississippi.
El trabajo del Departamento de Justicia para inscribir votantes en las prisiones, «Es solo la punta del iceberg», dicen los críticos.
Otros organismos, como el Departamento de Educación, el Departamento de Agricultura, el Departamento de Salud, Servicios Humanos y el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, también están llevando a cabo campañas para inscribir a nuevos votantes. El 26 de febrero, la vicepresidenta Kamala Harris alabó un plan federal para utilizar becas de trabajo y estudio para pagar a los estudiantes por inscribir votantes.
Además, la orden ejecutiva del presidente Biden ordenaba a los organismos federales que seleccionaran «organizaciones de terceros no partidistas y funcionarios estatales aprobados para prestar servicios de registro de votantes en las instalaciones de los organismos».
La orden ejecutiva del presidente Biden fue calificada de «visionaria» por Ceridwen Cherry, exabogada del Proyecto de Derecho al Voto de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), quien afirmó: «En una democracia, los gobiernos de todos los niveles deberían hacer todo lo posible para ayudar a las personas con derecho a voto a registrarse para votar».
Sin embargo, los críticos afirman que las elecciones son competencia de los estados, no del gobierno federal.
«La razón por la que es un problema tan grande es que, con el presidente, es solo un partido político el que está en el poder», declaró a The Epoch Times Stewart Whitson, director jurídico de Foundation for Government Accountability (FGA), un grupo de reflexión conservador.
«Si se permite que el presidente sea quien decida dónde se canalizan todos estos recursos masivos, eso es problemático», dijo, y añadió que por eso los Fundadores dieron la autoridad electoral a los estados y no al ejecutivo federal.
Cuestiones de aplicación
El plan ha sido llamado «Bidenbucks» por algunos de sus detractores, en referencia a la inyección en los programas electorales estatales de 400 millones de dólares en 2020 por parte del cofundador de Facebook, Mark Zuckerberg, apodado «Zuckerbucks».
«Esto es Zuckerbucks con esteroides porque en lugar de 400 millones de dólares, es financiación y recursos ilimitados y el alcance del gobierno federal y todas sus oficinas ubicadas en todo el país», dijo Whitson.
Los anteriores intentos de federalizar las elecciones a través del Congreso han fracasado.
En 2022, el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer (D-N.Y.) intentó erradicar el filibusterismo legislativo para aprobar la H.R. 5746,, la » Libertad para votar: Ley John R. Lewis», que habría otorgado al gobierno federal autoridad sobre partes de los sistemas electorales estatales, ampliado el voto por correo y eliminado protocolos de seguridad como el requisito de identificación del votante.
Los demócratas alegaron que el proyecto de ley era necesario para luchar contra la: «anulación de votantes» por parte de los gobiernos estatales.
La orden ejecutiva del presidente Biden incluye la directiva para que las agencias federales encuentren formas de distribuir «formularios de solicitud de voto por correo», así como de ayudar a los solicitantes a rellenar la solicitud «de manera coherente con todas las leyes estatales pertinentes».
En 2020, casi el 45% de los votantes utilizaron el voto por correo.
Desde que el presidente firmó la OE 14019, se han hecho varios intentos de obtener información sobre cómo la aplicarán los organismos federales, en particular qué organizaciones privadas ha seleccionado para trabajar en oficinas federales junto a funcionarios del gobierno.
Los departamentos federales se negaron a facilitar esta información, y las peticiones fueron seguidas de la presentación de solicitudes conforme a la FOIA y, posteriormente, de demandas judiciales; sin embargo, el gobierno de Biden sigue desafiando las peticiones.
En julio de 2021, la FGA presentó una solicitud FOIA relativa al plan de acceso al voto del presidente Biden. El grupo buscaba información sobre lo que estaban haciendo las agencias federales para aplicar el plan, así como los registros de las reuniones de planificación y estrategia entre el personal del presidente Biden, las agencias federales y los arquitectos de la OE 14019.
«En cualquier otro contexto, estos documentos se entregarían mucho más rápidamente», afirmó Whitson. «Así que esto nos indica que hay algo ahí que a la administración Biden realmente no le interesa compartir, porque lo han retenido durante casi tres años».
La fundación America First Legal, otro de los demandantes en un juicio FOIA, caracterizó la OE 14019 como «un esfuerzo sin precedentes del presidente para desplegar agencias federales en apoyo de operaciones electorales partidistas y fortalecer organizaciones privadas alineadas políticamente que trabajan para eludir las leyes estatales de integridad electoral».
Más de dos años después, continúan las batallas judiciales sobre las solicitudes de información. La administración ha recurrido a los abogados de la Casa Blanca y al Departamento de Justicia para luchar contra las solicitudes.
Cómo aplican las agencias federales la OE 14019
Entre los muchos organismos federales que aplican la orden ejecutiva destaca el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), que anunció en 2022 que los centros de salud federales de todo el país tienen ahora la facultad discrecional de participar en actividades —incluido el registro de votantes— que quedan fuera del ámbito de las actividades básicas del departamento.
«Tales actividades de registro de votantes pueden incluir poner a disposición de los pacientes materiales de registro de votantes, animarlos a registrarse para votar, auxiliarlos a rellenar los formularios de registro, enviar los formularios completados a las autoridades electorales, proporcionar materiales de registro de votantes en las salas de espera y permitir que organizaciones privadas no partidistas lleven a cabo el registro de votantes en sitio», dice el sitio web del HHS.
El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano dio instrucciones a más de 3000 autoridades de viviendas públicas que gestionan alrededor de 1.2 millones de viviendas públicas en todo el país para que lleven a cabo campañas de inscripción de votantes en dichas viviendas.
El Departamento de Educación envió una carta a las universidades, ordenándoles que utilicen los fondos del Estudio de Trabajo Federal «para apoyar las actividades de registro de votantes».
La carta afirma: «Si un estudiante está empleado directamente por una institución de enseñanza postsecundaria, la institución puede compensar a un estudiante por un empleo [Estudio de Trabajo Federal] que implique actividades de registro de votantes que tengan lugar dentro o fuera del campus».
Según Scott Walter, presidente del Capital Research Center, el Departamento de Educación se ha mostrado especialmente activo a la hora de captar votantes demócratas.
«Todos los campus universitarios dependen en gran medida de la generosidad del Departamento de Educación, desde las becas Pell hasta cualquier otro tipo de ayuda», dijo Walter a The Epoch Times.
«En 2022, el Departamento de Educación amenazaba a los campus diciéndoles que más les valía matricular a los estudiantes o podrían perder los fondos federales».
El Departamento de Agricultura envió cartas a las agencias estatales que administran el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria y el programa de alimentos para mujeres, bebés y niños de bajos ingresos, dándoles instrucciones para llevar a cabo actividades de registro de votantes con fondos federales.
¿Inscripción selectiva?
Dos defensores del plan de Acceso al Voto del presidente Biden, la ACLU y una coalición de grupos progresistas llamada Fortalecimiento de la Democracia, produjeron su «Informe de Progreso sobre la Acción de las Agencias Federales para Promover el Acceso al Voto» en marzo de 2023.
El informe detalla su evaluación de lo bien que 10 agencias federales están haciendo en la aplicación de la OE 14019 y lo que deben hacer para mejorar.
El informe señala que los organismos federales deberían inscribir a nuevos votantes de las siguientes maneras: El HHS debería incluir el registro de votantes en las solicitudes de seguro médico en el marco de Obamacare; la VA debería incluir el registro de votantes para los veteranos que se inscriban en los beneficios de salud de la VA; los Servicios de Salud Indígena deberían ayudar a registrar a los pacientes que utilizan las instalaciones del IHS; el Departamento de Educación debería incluir el registro de votantes cuando los estudiantes soliciten ayuda federal para estudiantes; y la Oficina de Prisiones debería trabajar para registrar a los convictos elegibles.
El informe elogiaba al Departamento del Tesoro por sus esfuerzos dirigidos a la inscripción de votantes entre los «clientes de bajos ingresos de sus clínicas de preparación voluntaria de impuestos».
«Se dirigen a agencias de asistencia social que atienden predominantemente a votantes de tendencia de izquierda», dijo el Sr. Whitson. «Se trata de un registro de votantes selectivo, por lo que no hay que preocuparse por conseguir más votantes republicanos si se centran los esfuerzos en lugares donde la gran mayoría de los votantes se inclinarán hacia la izquierda».
Asociación con organizaciones privadas
Otro motivo de preocupación es que estas agencias federales se asocian con grupos privados para inscribir votantes en sus instalaciones.
«Esencialmente, están llevando a grupos de terceros a terrenos federales, a una oficina federal, y quién sabe lo que están haciendo», dijo el Sr. Whitson. «¿Quién sabe si están siguiendo las leyes estatales que rigen el registro de votantes y la recolección de solicitudes?»
«Nuestra pregunta es qué grupos están aprobados, cuáles son los criterios de aprobación, quién decide con qué grupos se va a cooperar. Y tampoco han revelado esa información».
El Sr. Watson también expresó esta preocupación en relación con los esfuerzos del DOJ por inscribir a los reclusos para que voten en Mississippi.
La carta del secretario de Estado de Mississippi afirmaba que, aunque su departamento supervisa las elecciones estatales, no tiene conocimiento de ningún contacto entre él y el DOJ, lo que plantea la cuestión de qué organizaciones están utilizando los Marshals para llevar a cabo esta demanda.
«Muchos grupos externos que prestan servicios de registro de votantes y recolección de votos son entidades partidistas con un historial de falta de fiabilidad», se lee en la carta.
Según las investigaciones de la FGA, el Sr. Whitson dijo: «Podemos ver una muestra de quiénes son estos grupos de terceros ocultos, y todos son grupos de defensa del votante de izquierda».
«Como están repartiendo ayudas sociales, están permitiendo a estos grupos un acceso especial. Les permiten instalarse en el vestíbulo, de modo que cuando la gente entra en la agencia para rellenar su documentación y solicitar prestaciones, son recibidos por estos grupos».
Aunque el gobierno de Biden se ha negado a revelar qué organizaciones sin ánimo de lucro se asociarán con las agencias federales, entre los grupos que apoyan la iniciativa figuran la ACLU, los sindicatos de profesores, los sindicatos de empleados públicos, el Southern Poverty Law Center, la NAACP, el Black Voters Matter Fund, Public Citizen, Planned Parenthood, League of Women Voters y Sierra Club.
Contraataque
En mayo de 2023, un grupo de senadores republicanos presentó un proyecto de ley que prohibiría a las agencias federales utilizar fondos de los contribuyentes o colaborar con organizaciones privadas para movilizar a los votantes.
«El gobierno federal y sus millones de empleados no deberían utilizar recursos oficiales para promover la política partidista», declaró el senador Ted Budd (R-N.C.). Fue uno de los seis senadores que presentaron el proyecto de ley, Ley de Promoción de Elecciones Libres y Justas.
«La orden ejecutiva del presidente Biden, que faculta a todas las agencias federales para hacer campaña electoral con cargo a los contribuyentes, plantea graves problemas éticos y jurídicos [y] es intrínsecamente política y está dirigida principalmente a grupos que se espera que voten a un partido en lugar de a otro», afirmó.
En noviembre de 2023, la representante Claudia Tenney (R-N.Y.) introdujo una enmienda al proyecto de ley de asignaciones de 2024 que prohibiría que los fondos de las agencias federales se utilizaran para aplicar la Orden Ejecutiva 14019.
«Esta es una federalización inapropiada e inconstitucional de las elecciones», dijo la representante Tenney en ese momento. «La administración pública de Estados Unidos debe ser apartidista, y las agencias federales no deben utilizar fondos de los contribuyentes para participar activamente en operaciones de captación del voto que no tienen nada que ver con las misiones básicas de la agencia».
La representante Rosa DeLauro (D-Conn.) respondió diciendo que la orden ejecutiva del presidente Biden «reconoce que hay demasiados obstáculos para votar» y que está en vigor para «ampliar el acceso al registro de votantes y a la información electoral».
La enmienda se aprobó por votación a viva voz; el proyecto de ley está actualmente paralizado en el Congreso.
Simultáneamente, un grupo de 24 legisladores republicanos de Pensilvania ha presentado una demanda federal contra el presidente Joe Biden, el gobernador Josh Shapiro y representantes del Departamento de Estado de Pensilvania, alegando que han usurpado la autoridad del Legislativo al modificar las normas electorales y el registro de votantes.
Su demanda ante la Corte de Distrito de EE.UU. para el Distrito Medio de Pensilvania pide a un juez que declare inconstitucionales tres acciones: una orden ejecutiva de registro de votantes dictada por el presidente Biden, una acción de registro de votantes del Sr. Shapiro y algunas directivas del Departamento de Estado. También solicitan que el juez dicte una orden que prohíba al presidente, al gobernador y a los ejecutivos estatales realizar futuros cambios en el proceso electoral de Pensilvania sin seguir el proceso legislativo.
«Las leyes federales de financiación de campañas se aplican a las actividades de registro de votantes de los partidos privados», dicen los documentos judiciales. «Las campañas de registro de votantes (…) son una función privada reconocida federalmente, no una función gubernamental».
Con información de Beth Brelje.
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