La administración Biden acordó cerrar un grupo de expertos en seguridad nacional como parte de un acuerdo sobre una demanda que acusa al grupo de tener un sesgo político a favor de los demócratas.
El 19 de septiembre de 2023, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) lanzó el Grupo de Expertos en Inteligencia Nacional para brindar asesoramiento sobre esfuerzos de inteligencia y seguridad nacional.
En noviembre, America First Legal (AFL) y el exdirector interino de Inteligencia Nacional, Richard Grenell, demandaron al DHS, al grupo y al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, argumentando que el grupo de expertos violó disposiciones de la Ley del Comité Asesor Federal (FACA).
La sección 5 de la FACA exige que un comité asesor sea «bastante equilibrado en términos de puntos de vista». También exige que haya disposiciones para garantizar que “el asesoramiento y las recomendaciones del comité asesor no se vean influidos indebidamente por la autoridad nominadora o por ningún interés especial”.
La demanda señaló que “los miembros del Grupo de Expertos son aliados políticos de la Administración Biden. La mayoría de los miembros han aplaudido las decisiones de la Administración y han condenado fervientemente el enfoque de política exterior del expresidente Trump, América First”.
“Han donado abrumadoramente al presidente Biden u otros demócratas. El acusado Mayorkas seleccionó miembros que son convenientes, no equilibrados”, afirmó.
Algunos de los miembros también firmaron una carta que desestimaba la historia de la computadora portátil de Hunter Biden calificándola como desinformación rusa.
El 2 de mayo, los demandantes y los demandados en el caso decidieron llegar a un acuerdo y el DHS pactó liquidar el grupo de expertos en 30 días.
El grupo “no celebrará reuniones futuras y el Departamento no reconstituirá el Grupo de Expertos de manera incompatible con la FACA o la Ley de Seguridad Nacional de 2002”, decía la notificación conjunta del acuerdo.
El DHS aceptó proporcionar a la AFL las agendas y actas de las reuniones del grupo, que deben presentarse en un plazo de 15 días. «Con base en estas declaraciones, los demandantes acordaron desestimar su demanda con perjuicio».
El departamento no admitió ningún delito y mantuvo su posición de que el grupo no violó la FACA.
“Gracias a la valentía de Ric Grenell al enfrentarse al Estado profundo, acabamos de lograr una victoria legal incondicional sobre Mayorkas y Biden. Como resultado de nuestra demanda en un tribunal federal, el DHS se está rindiendo totalmente a nuestras demandas”, dijo Stephen Miller, presidente de America First Legal.
El grupo de expertos “partidista” “habría sido utilizado para promover el espionaje censurado y poco ético y las graves invasiones de los derechos civiles de los enemigos políticos”, añadió.
Grenell dijo que el DHS “se rindió” en el tema porque sabían que la AFL tenía razón y que “el equipo de Biden violó la ley”.
Esta es la segunda vez que la administración Biden acepta disolver un grupo asesor por violar las disposiciones de la FACA. En diciembre de 2022, el Departamento de Educación disolvió su Consejo Nacional de Participación de Padres y Familias después de una acción legal interpuesta por la AFL y sus clientes.
Comité partidista
Cuando se anunció por primera vez el grupo de expertos del DHS, el panel estaba compuesto por diecisiete miembros. En su demanda, la AFL afirmó que estos miembros «no representan un equilibrio justo de puntos de vista».
Dos de los miembros del panel eran John Brennan, exdirector de la CIA, y James Clapper, exdirector de inteligencia nacional. Ambos firmaron la “Carta de los 51” y utilizaron sus credenciales de inteligencia para desestimar rotundamente la historia de la laptop de Hunter Biden antes de las elecciones de 2020.
A pesar de que el FBI había validado la autenticidad de la laptop, la carta afirmaba que la historia tenía “todas las características clásicas de una operación de información rusa”.
Otro miembro del panel, Tashina Gauhar, exfiscal general adjunta y fiscal general adjunta, está vinculada a la investigación de colusión entre Trump y Rusia de 2016.
Ella estuvo “ampliamente involucrada en la investigación corrupta y partidista del FBI sobre las acusaciones infundadas de que la campaña del expresidente Trump se coludió con Rusia antes de las elecciones de 2016, incluida la redacción de las solicitudes FISA que se utilizaron para espiar a la campaña de Trump”, señala la demanda.
De los 17 miembros del panel, 13 tienen un historial de contribuciones políticas, y en conjunto realizaron 945 contribuciones a candidatos a cargos políticos que deben reportarse a la Comisión Federal Electoral.
“De esas 945 contribuciones, 932 (98.62 por ciento) se hicieron a candidatos demócratas para cargos públicos, mientras que sólo 12 (1.27 por ciento) se hicieron a candidatos republicanos para cargos públicos”, afirma la demanda.
“De los 13 contribuyentes, 9 contribuyeron sólo a los demócratas, mientras que 1 contribuyó sólo a un republicano (con una única donación de 250 dólares). Tres contribuyeron a miembros de ambos partidos, pero de ellos, 2 estaban muy desequilibrados a favor de los candidatos demócratas. El otro contribuyente hizo 8 contribuciones a candidatos demócratas y 7 a candidatos republicanos”.
En total, las contribuciones políticas realizadas por los miembros del panel ascendieron a más de 168,000 dólares desde enero de 2012, de los cuales más de 156,000 dólares se destinaron a candidatos demócratas.
El 29 de septiembre, después de que el DHS anunciara el grupo de expertos, los legisladores republicanos escribieron una carta a Mayorkas, pidiéndole que rescindiera los nombramientos de personas como Clapper y Brennan, ya que eran “individuos conocidos por difundir mentiras y desinformación”.
Unos días antes, el 26 de septiembre, el representante August Pfluger (R-Tex.) presentó el proyecto de ley HR 5729 que buscaba “prohibir el uso de fondos federales para establecer un Grupo de Expertos en Inteligencia Nacional y para otros fines”.
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