El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, emitió el martes un memorando en el que ordena a los agentes de inmigración y de fronteras que pongan fin a las redadas y detenciones en los lugares de trabajo de presuntos inmigrantes ilegales.
«El despliegue de las operaciones masivas en los lugares de trabajo, que a veces resultaban en la detención simultánea de cientos de trabajadores, no se centraba en el aspecto más pernicioso del desafío del empleo no autorizado en nuestro país: los empleadores explotadores», dijo Mayorkas en el memorando de tres páginas (pdf). «Estas operaciones, muy visibles, asignaron mal los recursos para la aplicación de la ley, a la vez que enfriaron, e incluso sirvieron como herramienta de represalia, la cooperación de los trabajadores en las investigaciones de las normas laborales».
El memorando está dirigido a los servicios de Control de Inmigración y Aduanas de EE. UU., y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. Pide a las agencias que cambien su enfoque hacia «los empleadores sin escrúpulos que explotan la vulnerabilidad de los trabajadores indocumentados».
Tales empleadores pagan salarios inferiores, imponen condiciones de trabajo inseguras y facilitan el tráfico de personas y la explotación infantil, escribió Mayorkas. Los salarios por debajo de la media crean un mercado laboral injusto y hacen bajar los costes de forma injusta, perjudicando a las personas que buscan un trabajo y perjudicando a otros empleadores que respetan la ley, añadió.
Mayorkas está dirigiendo una revisión de las actuales políticas de aplicación de la ley de inmigración, que según él deben «facilitar la importante labor del Departamento de Trabajo y de otras agencias gubernamentales para hacer cumplir las protecciones salariales, la seguridad en el lugar de trabajo, los derechos laborales y otras leyes y normas».
En particular, las políticas deben «[r]educir la demanda de empleo ilegal aplicando consecuencias más severas a los empleadores explotadores y a sus agentes», e «[i]ncrementar la disposición de los trabajadores a denunciar las violaciones de la ley por parte de los empleadores explotadores y a cooperar en las investigaciones sobre empleo y normas laborales».
Las políticas también deben «[a]mpliar y profundizar los mecanismos» para que los diferentes departamentos se coordinen entre sí, incluso entre el DHS, el Departamento de Justicia, el Departamento de Trabajo, la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo, la Junta Nacional de Relaciones Laborales y las agencias laborales estatales, según el memorando.
Mayorkas dijo que las políticas de inmigración revisadas o nuevas deben incluir planes para ofrecer protección —incluso contra la deportación— a los inmigrantes ilegales que «[cooperen] con las fuerzas de seguridad en la investigación y persecución de empleadores sin escrúpulos».
Las tres agencias tienen 60 días a partir del memorando para presentar sus «planes y recomendaciones» en respuesta a las instrucciones de Mayorkas.
El nuevo memorando llega apenas dos semanas después de que Mayorkas emitiera otro memorando en el que se establecían directrices que aconsejaban que el hecho de estar en el país de forma ilegal no es por sí mismo motivo suficiente para detener a alguien, y que solo se debe perseguir a los inmigrantes ilegales que supongan una amenaza para la seguridad nacional, la seguridad pública o la seguridad fronteriza.
Estados Unidos está experimentando niveles récord de inmigración ilegal. Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU., en agosto se produjeron 208,887 detenciones relacionadas con el cruce de la frontera.
Desde que asumió el cargo, Biden revirtió una serie de políticas de la Administración Trump sobre la frontera y la inmigración, incluyendo la pausa y finalmente la suspensión de la construcción del muro fronterizo; la detención de la orden de «Permanecer en México» del presidente Donald Trump para las llegadas antes del 1 de enero; y la retirada del uso de los poderes de emergencia del Título 42 durante la pandemia de COVID-19 al eximir a los niños inmigrantes ilegales y a muchas unidades familiares de ser expulsados bajo dicha política.
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