La Policía Nacional y los Mossos d’Esquadra han desmantelado una organización dirigida desde Rumanía y que operaba en toda Europa que estafó más de 8 millones en España a entidades públicas y particulares suplantando la identidad de empresas proveedoras, en una operación saldada con 19 detenidos.
Se trata de una investigación conjunta de los citados cuerpos con la Policía de Rumanía, Europol y Eurojust que ha dado como resultado el arresto de catorce personas en España, la mayoría ya en prisión provisional por orden judicial, y cinco en Rumanía de una red que cometía todo tipo de estafas masivas a administraciones públicas y particulares.
Además, el Juzgado Central de Instrucción numero 5 de la Audiencia Nacional ha emitido once órdenes europeas de detención y extradición y ha ordenado el bloqueo y control de las cuentas abiertas en España, con más de cien identidades falsificadas.
Según ha informado en rueda de prensa el jefe de la División de Investigación Criminal de los Mossos d’Esquadra, Antonio Rodríguez, la investigación empezó a finales de 2016 a raíz de una denuncia de una entidad financiera que avisó de un intento de fraude.
Los primeras detenciones se realizaron en Cataluña y Rodríguez ha afirmado que cuando vieron el origen de los detenidos -la región de Rumanía Râmnicu Vâlcea, conocida «mundialmente como Hackerville» por el gran número de ciberataques que surgen de este lugar- supieron que se trataba de un «gran entramado».
Dirigida desde Rumanía, la red operaba mediante células operativas repartidas por toda Europa con las que sus miembros se aseguraban que la actividad delictiva no se vería dañada si caía alguno de ellos, informan la Policía Nacional y los Mossos d’Esquadra, que califican a esta red de auténtica «multinacional del fraude».
El joven responsable del entramado en España, de origen rumano y afincado en la provincia de Valencia, se dedicaba a controlar los diferentes estratos de la organización que actuaban desde territorio español y a vigilar el flujo de dinero obtenido para asegurar su reparto.
En el registro de su domicilio se ha desmantelado un sofisticado taller de falsificación de documentos.
En el mismo se elaboraban múltiples contratos, justificantes bancarios y cartas de identidad falsificadas que se entregaban a personas de la red que se desplazaban desde Rumanía a España para abrir cuentas en bancos en las que se recibían los fondos defraudados.
Los diecinueve detenidos en esta última fase de la operación se suman a otros catorce arrestados en otras anteriores y se han realizado cinco registros en España y dos en Rumanía.
En esta operación se ha conseguido desarticular todo el entramado financiero que habían montado en España, donde habían dado de alta cerca de 700 cuentas bancarias y creado empresas sin ningún tipo de actividad y poniéndolas a nombre de testaferros para blanquear el dinero de las estafas.
Prácticamente todos los fondos obtenidos fraudulentamente en las cuentas abiertas en España eran transferidos a Alemania, República Checa, Rumanía, Hungría, Italia y Polonia y en otros casos el dinero era retirado en efectivo en cajeros automáticos en territorio español.
Además de la persona responsable de la creación de este entramado financiero han sido detenidos varios de sus testaferros, todos ellos españoles.
La red tenía entre sus víctimas a hospitales, ayuntamientos, consorcios y otras entidades públicas, sobre las que realizaban un minucioso estudio para conocer los contratos que tenían con empresas proveedoras que les prestaban servicios.
Posteriormente, suplantaban la identidad de una de estas empresas con la que tuvieran pendiente algún cobro y le comunicaban que habían cambiado su número de cuenta, remitiendo a la entidad pública todos los documentos bancarios falsificados correspondientes.
Las estafas realizadas a particulares las cometían a través de internet mediante «phishing» bancario, compraventa «online» y alquileres de viviendas.
Los arrestados localizaban en distintas plataformas de alquiler de anuncios inmuebles para copiar sus fotos y publicarlos con otras referencias y una vez que los interesados contactaban con ellos les enviaban enlaces simulando ser conocidas páginas web especializadas.
Cuando llegaban a un acuerdo facilitaban a las víctimas un número de cuenta para el ingreso de una mensualidad más la fianza y luego cortaban todo tipo de contacto.
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