Los fiscales generales de 18 estados presentaron el 14 de noviembre una demanda contra la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. (SEC), alegando que el regulador se ha extralimitado en su autoridad para tomar medidas enérgicas contra las criptomonedas.
La demanda, que los estados presentaron en colaboración con el grupo de investigación y defensa DeFi Education Fund, nombraba como demandados a la SEC, a su presidente Gary Gensler y a cinco comisarios.
La demanda acusa a la SEC de participar en una «campaña ilegal de extralimitación normativa» y de interferir en la soberanía estatal al regular el sector de los activos digitales, que actualmente tiene un valor de mercado de 3 billones de dólares.
Afirmó que los estados han ejercido su autoridad para establecer marcos regulatorios que promuevan la industria y protejan a los consumidores y que el Congreso se ha negado a conceder a las agencias federales poder regulatorio sobre los activos digitales, pero que la SEC ha hecho caso omiso de esta asignación de autoridad.
En su lugar, sin autorización del Congreso, la SEC ha tratado de arrebatar unilateralmente la autoridad reguladora a los Estados a través de una serie de acciones de aplicación en curso dirigidas a la industria de activos digitales, basándose en la teoría de que prácticamente todas las compras y ventas de activos digitales son «contratos de inversión» (y por lo tanto califican como transacciones de valores en virtud de la Ley de Seguridad de 1933 y la Ley de Intercambio de 1934) porque algunos compradores de activos digitales esperan que esos activos aumenten de valor sobre la base de los esfuerzos de sus creadores», decía la demanda.
La demanda argumentaba que la afirmación de jurisdicción de la SEC socava el poder soberano de los estados y obstaculiza el desarrollo de marcos reguladores innovadores. El planteamiento de la SEC también plantea riesgos para los consumidores, afirmaba.
«Peor aún, al tratar de meter con calzador los activos digitales en las leyes federales de valores mal ajustadas y regímenes de divulgación inadecuados, la SEC está perjudicando a los mismos ciudadanos que pretende proteger, desplazando leyes estatales más adecuadas que han sido cuidadosamente diseñadas para garantizar la protección de los consumidores en la industria de activos digitales», declaró.
Según la demanda, la SEC ha emprendido una serie de acciones de ejecución contra las principales bolsas de activos digitales alegando que las transacciones que facilitan en varios tokens comunes son transacciones de valores, lo que las convierte en bolsas de valores no registradas, corredores y agencias de compensación.
En el primer trimestre del año pasado, la SEC interpuso 20 acciones de ejecución contra bolsas de activos digitales, el mayor número en un solo trimestre, según la denuncia.
«La amplia afirmación de la SEC sobre su jurisdicción reguladora es insostenible», afirma la demanda. «En el fondo, la extralimitación regulatoria de la SEC desafía los principios básicos del federalismo y la separación de poderes».
Los estados solicitaron medidas declaratorias y cautelares para impedir que la SEC emprenda futuras acciones de ejecución contra las plataformas de activos digitales.
El fiscal general de Kentucky, Russell Coleman, encabeza la demanda contra la SEC, junto con los fiscales generales de Arkansas, Florida, Indiana, Iowa, Kansas, Luisiana, Misisipi, Misuri, Montana, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Tennessee, Texas, Utah y Virginia Occidental.
La SEC no respondió a la solicitud de comentarios antes de la hora de publicación.
Gensler reitera el cumplimiento de la normativa
Gensler defendió el enfoque regulador de la SEC sobre la criptomoneda durante su discurso en la 56.° conferencia anual del Practicing Law Institute el 14 de noviembre.
Hizo hincapié en que la SEC no considera el bitcoin un valor y que su atención se centraba en «algunos de los aproximadamente 10,000 otros activos digitales, muchos de los cuales las cortes han dictaminado que fueron ofrecidos o vendidos como valores».
Gensler reiteró la importancia de garantizar que los agentes de bolsa, las bolsas y las agencias de compensación estén registrados y debidamente regulados en cuanto a sus divulgaciones y conducta empresarial.
«Se trata de un ámbito en el que a lo largo de los años se han producido importantes perjuicios a los inversores. Además, aparte de la inversión especulativa y el posible uso para actividades ilícitas, la gran mayoría de los criptoactivos aún tienen que demostrar casos de uso sostenibles», dijo.
«Todo lo que hemos hecho se centra en garantizar el cumplimiento de nuestras leyes. Lo que hemos descubierto desde la década de 1930 es que el cumplimiento importa. Protege a los inversores».
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