Una coalición de 10 estados, encabezada por el fiscal general de Missouri, demandó el miércoles al presidente Joe Biden por la orden de vacunación dirigida a los trabajadores de la salud.
Un tribunal federal ha bloqueado, por ahora, la orden de vacunación de la administración para los empleadores privados, pero sigue vigente una orden de la administración, que es más estricta, dirigida a los trabajadores sanitarios.
La orden para los trabajadores de la salud, que cubre a más de 17 millones de enfermeras y a otros empleados de ese sector, no incluye una opción de exclusión voluntaria.
La coalición dice que la orden es ilegal según la ley federal, en parte porque el gobierno federal está tratando de arrebatarle el poder de vacunación obligatoria que «siempre ha sido competencia de los estados y que todavía pertenece a ellos».
“Los requisitos de vacunación son cuestiones que dependen de factores y condiciones locales. Cualquier cosa que pueda tener sentido en la ciudad de Nueva York, St. Louis u Omaha podría ser decididamente contraproducente y dañino en comunidades rurales como Memphis, Missouri o McCook, Nebraska”, dice la presentación de 58 páginas en la corte federal de Missouri. “El federalismo les permite a los estados adaptar tales asuntos en el mejor interés de sus comunidades. La mano dura del mandato nacional de los Centros de Servicio de Medicare y Medicaid (CMS) no lo hace. Por lo tanto, este tribunal debe anular esa norma considerándola una acción ilegal de la agencia en virtud de la Ley de Procedimiento Administrativo».
Según la coalición, la orden agravaría la «alarmante escasez» de personal sanitario. Como prueba, citan al Dr. Randy Tobler, director general del Hospital del Condado de Escocia en Memphis (Misuri). Tobler dijo que las personas que trabajan en su hospital le informaron de que, si la orden entra en vigor, ya no trabajarán en el hospital.
El fiscal general de Missouri, Eric Schmitt, el fiscal general de Nebraska, Doug Peterson, y el fiscal general de Alaska, Treg Taylor, presentaron la demanda ante los fiscales generales de Arkansas, Kansas, Iowa, Wyoming, Dakota del Sur, Dakota del Norte y New Hampshire. Todos los fiscales generales son republicanos.
Los CMS y la Casa Blanca no respondieron las solicitudes de comentarios sobre la demanda.
La administración Biden dice que el mandato frenará la transmisión y propagación del COVID-19, la enfermedad causada por el virus del PCCh (Partido Comunista Chino). La regla reconoce que muchos trabajadores de la salud se han recuperado del COVID-19 y, como resultado, tienen cierto nivel de inmunidad. Pero, citando un estudio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), que fue cuestionado por algunos científicos, los CMS dicen que la inmunidad natural no está permitida como alternativa a la vacunación.
Funcionarios de los CDC han reconocido que existe inmunidad natural, pero dicen que incluso aquellos que la padecen pueden beneficiarse de la vacunación. Varios expertos en salud comparten la opinión, pero muchos otros dicen que la vacunación no es necesaria entre los recuperados.
Los funcionarios de los CMS dicen que la agencia tiene la autoridad legal para emitir una orden de vacunación a través de varias secciones de la Ley de Seguridad Social, aunque la regla señala que los CMS nunca antes habían exigido vacunaciones.
Los establecimientos de salud que no cumplan con el mandato enfrentan una serie de sanciones, incluidas multas. Podrían ser expulsados de los programas de Medicare y Medicaid, dijo un alto funcionario de la administración a la prensa la semana pasada.
Más tarde, un funcionario explicó por qué no existe una opción de exclusión voluntaria de las pruebas, una gran diferencia entre la regla y la orden a los empleadores privados.
«Tenemos un estándar más alto para los trabajadores de la salud, dado su papel fundamental a la hora de garantizar la salud y la seguridad de sus pacientes», dijo el funcionario. «Entonces, se aplicará una vacuna o una exención según las reglas descritas».
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