Diez republicanos de la Cámara de Representantes respaldaron una demanda que pretende impedir la aplicación del proyecto de ley ómnibus de gastos de 1.7 billones de dólares aprobado en diciembre, derribando la práctica del Congreso de votar por poder.
En un escrito de amicus curiae del 11 de abril obtenido por The Epoch Times, los legisladores apoyaron la petición del fiscal general de Texas, Ken Paxton, de una orden de medida cautelar para impedir la aplicación de la Ley de Asignaciones Consolidadas de 2023, que fue aprobada por la Cámara el 23 de diciembre en gran parte debido a la votación por poder, siendo que la mayoría de la cámara estaba ausente.
Entre los republicanos que firmaron el escrito se encuentran los representantes Chip Roy de Texas, Morgan Griffith de Virginia, Andy Ogles de Tennessee, Harriet Hageman de Wyoming, Andy Biggs de Arizona, Clay Higgins de Luisiana, Warren Davidson de Ohio, Gary Palmer de Alabama, Matt Rosendale de Montana y John Rose de Tennessee.
«La adopción por parte de la Cámara de Representantes de la votación por poder era inconstitucional el día en que se anunció; por lo tanto, esta Corte tiene el poder —de hecho, el deber— de revisar y adjudicar la constitucionalidad de la legislación promulgada debido únicamente al voto por delegación», sostuvieron los legisladores. «Al hacerlo, debe sostener que es probable que el demandante tenga éxito en el fondo, porque la Ley de Asignaciones Consolidadas de 2023 no puede sostenerse como un ejercicio adecuado del poder del Congreso para promulgar legislación».
La Cámara instituyó reglas de votación por poder en mayo de 2020 bajo el liderazgo de la expresidenta Nancy Pelosi (D-Calif.) en respuesta a la pandemia de COVID-19. Las nuevas normas permitían a los miembros del Congreso en cuarentena o que no pudieran votar en persona debido a la pandemia designar a colegas para que votaran en su lugar.
Esta controvertida práctica se mantuvo durante más de dos años, hasta el 21 de enero, cuando el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy (R-Calif.), declaró oficialmente su fin.
Demanda
La demanda de Paxton (pdf), presentada en febrero, argumenta que la Cláusula de Quórum de la Constitución exige que los miembros del Congreso estén físicamente presentes para votar una legislación.
Según esa cláusula, «cada Cámara será juez de las elecciones, resultados y calificaciones de sus propios miembros, y una mayoría de cada uno constituirá quórum para tratar los asuntos; pero un número menor podrá levantar la sesión de un día para otro, y podrá ser autorizado para obligar la asistencia de los miembros ausentes, en la forma y bajo las penas que cada cámara disponga».
«»Solo con quórum puede cualquiera de las Cámaras ‘hacer gestiones'», señala la demanda. «En su contexto, eso requiere miembros físicamente presentes. La facultad de ‘obligar a asistir a los miembros ausentes’ no tendría mucho sentido si la Constitución no exigiera la asistencia física».
«Los precedentes de la Corte Suprema apoyan esta interpretación de la Cláusula de Quórum», añade la demanda. «La Corte ha sostenido que para constituir el ‘quórum’ necesario para ‘hacer gestiones’, la Constitución requiere ‘la presencia de la mayoría, y cuando esa mayoría está presente surge el poder de la cámara'».
Sin embargo, el 24 de enero, la Corte Suprema se negó a escuchar otro desafío legal a la práctica del voto por poder, una demanda presentada por McCarthy que fue rechazada por los tribunales inferiores.
Práctica bipartidista
McCarthy, quien nunca ha votado por delegación, criticó a los demócratas por recurrir con frecuencia a esta práctica.
Sin embargo, a pesar de las protestas de los republicanos, miembros de ambos partidos han aprovechado la oportunidad mientras han podido, y no siempre a causa de la pandemia.
Por ejemplo, en marzo de 2021, algunos republicanos recibieron reacciones negativas de otros miembros de su propio partido cuando votaron por delegación mientras asistían a la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Orlando, Florida.
«El voto por delegación es un ataque inconstitucional a un Congreso funcional, que permite a los miembros eludir su responsabilidad de reunirse en Washington para hacer su trabajo», dijo el representante Roy a Politico en ese momento. «Pero incluso algunos de mis colegas del GOP son ahora cómplices y han cedido a la imprudencia de los demócratas. Si, como yo, creen que es inconstitucional —y está mal— entonces no deberían hacerlo, aunque sea difícil».
Procedimientos judiciales
El juez asignado al caso de Paxton es el juez de distrito James Wesley Hendrix, designado por Trump.
Sin embargo, el Departamento de Justicia ha solicitado una transferencia de sede a la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia o la División de Austin del Distrito Oeste de Texas, sosteniendo que esos serían un ajuste más adecuado.
«La jurisdicción no es apropiada en este distrito porque ni los demandados ni el demandante residen aquí, y ninguna parte de los acontecimientos que dieron lugar a este caso se produjeron en este distrito», sostiene el departamento, en una presentación (pdf).
En las últimas semanas, se han rechazado solicitudes similares de cambio de jurisdicción en otras demandas federales presentadas en Texas.
Paxton, por su parte, solicitó una medida cautelar, sosteniendo que el estado de Texas se verá perjudicado si se aplica la Ley de Asignaciones Consolidadas.
«Texas se vería continuamente sometida a costos, molestias, perjuicios y riesgos concomitantes de los procedimientos administrativos, investigaciones y demandas que provienen tanto de particulares como del gobierno federal», afirma la moción (pdf). «Mientras tanto, el gobierno federal no se ve perjudicado. En consecuencia, el balance de equidades y el interés público pesan fuertemente a favor de Texas y en contra de los Demandados».
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