El gobierno federal prometió destinar USD 156 millones para que la ciudad de Nueva York maneje la crisis de inmigración ilegal, pero solo una fracción de esa cantidad estuvo disponible debido a unas pautas más “estrictas”, dijo el director de presupuesto de la ciudad.
La cifra fue revelada por Jacques Jiha, director de la oficina de gestión y presupuesto del alcalde, mientras testificaba el lunes durante una audiencia de finanzas que inició el proceso para negociar durante unos meses un acuerdo presupuestario para el próximo año fiscal.
Durante la audiencia, el Sr. Jiha calificó el gasto generado por el cuidado de inmigrantes ilegales como “asombroso”, y enfatizó que desequilibró mucho el año fiscal 2024, y llevó la brecha presupuestaria del año fiscal 2025 “a un nivel muy alto”.
El funcionario testificó que, en respuesta a eso, el alcalde Eric Adams ha dado a su administración cuatro “directrices claras” para estabilizar las finanzas de la ciudad: no aumentar los impuestos a la propiedad, no a los despidos de empleados de la ciudad, minimizar las interrupciones en los servicios de la ciudad y “no esperar que la caballería federal acuda al rescate”.
“El compromiso [federal] fue de unos 156 millones de dólares”, dijo el Sr. Jiha a los miembros del Concejo Municipal. Hasta ahora hemos recaudado 49 millones de dólares”.
“Los requisitos son tan estrictos que nos resulta muy difícil hacerlo, pero estamos trabajando para recaudar los 107 millones de dólares restantes”, añadió sin dar más detalles sobre dichos requisitos.
Los USD 156 millones destinados a la ciudad son parte de un programa de “Refugio y Servicios” de USD 800 millones, administrado por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA). Este fondo de subvención de FEMA se incluyó, con mucha oposición de los miembros republicanos del Congreso, en el paquete general de gasto federal de 1.7 billones de dólares firmado en 2022 por el presidente Joe Biden.
El programa FEMA funciona como una subvención de reembolso, lo que significa que los municipios pueden solicitar dinero para cubrir los costos en los que ya se ha incurrido. Los gastos elegibles para reembolso bajo el programa incluyen aquellos relacionados con la provisión de alojamiento, comida, transporte, atención médica y otros servicios para apoyar a los inmigrantes ilegales recién llegados.
Los USD 156 millones de dólares prometidos por FEMA pueden parecer una gota de agua en comparación con el precio de alimentar y albergar a los 175,000 recién llegados de la frontera sur desde la primavera de 2022.
Según el funcionario, la ciudad ya ha gastado más de USD 2000 millones de dólares en el cuidado de esas personas y gastará más de USD 4000 millones de dólares este año fiscal, que finaliza en julio.
“Nosotros necesitamos más ayuda del gobierno estatal y federal para cubrir estos gastos”, dijo el lunes el Sr. Jiha a los legisladores de la ciudad, reiterando los llamados de su jefe a Washington y Albany para que envíen más dinero.
Cuando se le preguntó si la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, está haciendo lo suficiente para aliviar la carga financiera de la ciudad, el funcionario respondió con un claro «No».
“Nosotros deberíamos obtener como mínimo una participación del 50-50”, dijo el Sr. Jiha, refiriéndose a la demanda del alcalde Adams de que el estado asuma al menos el 50 por ciento de los costos de los inmigrantes ilegales de la ciudad. Mientras tanto, el plan presupuestario propuesto por la gobernadora Hochul reserva alrededor de USD 2400 millones en ayuda para inmigrantes ilegales para la ciudad para el año fiscal 2025, lo que no cubriría la demanda.
Durante la audiencia, el Sr. Jiha también instó al Concejo Municipal a reconsiderar el esfuerzo por eliminar una política que limita las estadías en refugios para personas o familias recién llegadas. Esas reglas, argumentó el funcionario, son una estrategia “muy, muy, muy crítica” para ayudar a reducir el flujo de inmigrantes ilegales a la ciudad.
Los refugios de la ciudad están imponiendo límites de 30 y 60 días a personas solteras y familias, respectivamente, en un intento por reducir los costos. Esta política ahora está siendo cuestionada por un proyecto de ley del Concejo Municipal que prohibiría a cualquier agencia de la ciudad imponer un límite de estadía en un refugio a cualquier persona sin hogar.
«Es muy importante que reduzcamos el censo», dijo el Sr. Jiha. “Las políticas de 30 y 60 días son parte de ese paquete completo para reducir el censo”.
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