El número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, está en el punto de mira de las autoridades de Estados Unidos, acusado de ser uno de los dirigentes del narcotráfico en Venezuela.
Esta semana, lo publica The Wall Street Journal, pero en su momento, ya lo había adelantado el diario ABC de España. De hecho, Cabello, quien también es Presidente del Parlamento venezolano, había emprendido acciones contra medios que se habían hecho eco de esa información.
Apenas unos días después de que Venezuela prohibiera salir del país a 22 directivos de medios de comunicación por publicar la primicia de ABC que vinculaba a Cabello con el narcotráfico, The Wall Street Journal confirmó la información. Las autoridades estadounidenses están investigando a funcionarios venezolanos de alto rango, entre ellos a Cabello, por narcotráfico y lavado de dinero.
«Es tan grande la implicación en actividades delictivas por parte de gente del Gobierno que a veces uno no se lo cree», dijo Emili J. Blasco, corresponsal de ABC, a quien esta incredulidad le llevó a escribir El bumerán Chávez, en el que denuncia la corrupción en la cúpula del Estado bolivariano con testimonios e informaciones publicadas con documentos en el diario español.
La preparación de una acusación formal contra Cabello se aceleró en enero en la Fiscalía federal estadounidense con la llegada a Washington, como testigo protegido, de Leamsy Salazar, jefe de seguridad de Cabello hasta su salida de Caracas el pasado diciembre. Este miembro de la Casa Militar, encargada de la custodia presidencial, y durante casi diez años jefe de seguridad y asistente personal de Hugo Chávez, denunció en Estados Unidos que el presidente de la Asamblea Nacional «es el cabecilla del cártel de los Soles y por tanto operador del narcoestado en que Chávez convirtió Venezuela», según las fuentes consultadas por Blasco.
El corresponsal de ABC en Washington obtuvo el año pasado el Premio Vocento de Comunicación por sus exclusivas sobre el verdadero estado de salud de Hugo Chávez y su fallecimiento en 2013.
El secretario de Estado adjunto para Narcóticos y Seguridad Internacional de Estados Unidos, William Brownfield, calificó de «consistentes» las afirmaciones publicadas por el diario. «Es, desde mi perspectiva, otro fragmento de prueba más en una historia de más de diez años sobre cómo las organizaciones narcotraficantes han encontrado la capacidad de establecerse en Venezuela», dijo.
Tras la publicación de estas informaciones, Cabello amenazó con una demanda a ABC y a los diarios que se hicieron eco de estos «ataques» contra él cuyo objetivo, dijo, es «debilitar al Estado» venezolano.
También Nicolás Maduro cargó contra «la campaña que la ultraderecha internacional y factores del imperio estadounidense, de manera amenazante y peligrosa, han iniciado contra el compañero Diosdado Cabello». «Sepan ustedes que el que se mete con Venezuela se seca y el que traiciona a la patria se seca para siempre», amenazó el presidente venezolano.
Los medios venezolanos, como el diario El Nacional, el portal digital La Patilla y la versión digital de Tal Cual, que reprodujeron la información de ABC, se vieron acosados por el Gobierno venezolano. Cabello los acusó de «difamación agravada continuada» y la juez María Eugenia Núñez, del tribunal 12º de juicio de Caracas, acordó la prohibición de salida del país a 22 directivos de los tres medios de comunicación.
«Hay grandes pruebas para justificar que (Cabello) no es solo uno de los jefes, sino el jefe del cártel», aseguraron a The Wall Street Journal fuentes del Departamento de Justicia, que añadieron que el presidente de la Asamblea Nacional venezolana es «el principal objetivo» de la investigación.
En las pesquisas están colaborando la Agencia Estadounidense Antidrogas (DEA), y las fiscalías federales en Nueva York y Miami a partir de pruebas ofrecidas por exnarcotraficantes y desertores del Ejército venezolano.
Los fiscales no apuntan a Nicolás Maduro, pero sí a funcionarios y oficiales militares venezolanos como líderes de facto de grupos narcotraficantes que usan Venezuela como punto de partida para los envíos de cocaína a Estados Unidos y Europa.
El periódico citó también a un funcionario estadounidense que reconoce que la reacción de las autoridades venezolanas en el supuesto caso de que finalmente se presentaran cargos formales sería «sísmica».
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