Durante cinco años seguidos, Estados Unidos ha visto una disminución en el número de condenas de muerte, con menos de 50 personas condenadas a muerte y menos de 30 personas ejecutadas por año.
El informe de fin de año publicado el 17 de diciembre por el Centro de Información sobre Penas de Muerte (DPIC), una organización sin fines de lucro dedicada a la investigación de la pena de muerte, calcula que alrededor de 36 condenas a muerte entrarán en vigencia en 2019, con un número de ejecuciones de 22, el segundo número más bajo desde 1973.
«La pena de muerte está desapareciendo de regiones enteras del país y erosionándose en otras, pero la pena de muerte persiste entre jurisdicciones extrañas», dijo Robert Dunham, director ejecutivo del Centro de Información sobre Penas de Muerte.
El 30 de mayo, New Hampshire abolió la pena de muerte, convirtiéndose en el vigésimo primer estado en hacerlo. Por otro lado, el gobernador de California, Gavin Newsom, impuso una moratoria en las ejecuciones. California tiene la mayor población de condenados a muerte en el país. De esta manera, Newsom se unió a los gobernadores de Oregón, Colorado y Pensilvania, que también detuvieron las ejecuciones en sus estados.
Nueve estados han terminado la pena de muerte desde 2004, solo 29 estados todavía la tienen, y según el DPIC, el apoyo a la pena de muerte está en un mínimo de 47 años, con un 60 por ciento de los estadounidenses que prefieren la cadena perpetua sin libertad condicional sobre la pena de muerte, en casos de condenas por asesinato.
«Las estancias de última hora deberían ser la excepción extrema, no la norma, y ’la naturaleza de última hora de una solicitud’ que ‘podría haberse presentado’ antes, o ‘el intento de manipulación de un solicitante’, puede ser motivo de denegación de una suspensión’”, escribió el juez Neil Gorsuch al aclarar el camino para que Missouri ejecute a un preso con una condición médica inusual, informó el Associated Press.
El Fiscal General William P. Barr, sin embargo, según el Departamento de Justicia, ha estado tratando de hacer justicia a las «víctimas de los crímenes más horrendos», ordenando a la Oficina Federal de Prisiones (BOP) que acepte un Anexo al Protocolo Federal de Ejecución para despejar el camino después de una negligencia de casi dos décadas.
Barr también ha dado instrucciones al director interino de la BOP, Hugh Hurwitz, para programar las ejecuciones de cinco condenados por homicidio sentenciados a muerte, algunos involucrados en la violación y tortura de niños y ancianos.
«El Congreso autorizó expresamente la pena de muerte a través de la legislación adoptada por los representantes del pueblo en ambas cámaras del Congreso y firmada por el Presidente», dijo el Fiscal General Barr en julio de este año. “Bajo las Administraciones de ambas partes, el Departamento de Justicia ha buscado la pena de muerte contra los peores delincuentes, incluidos estos cinco asesinos, cada uno de los cuales fue condenado por un jurado de sus pares después de un proceso completo y justo. El Departamento de Justicia defiende el estado de derecho y le debemos a las víctimas y sus familias llevar adelante la sentencia impuesta por nuestro sistema de justicia”.
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