Un distrito escolar público de Massachusetts anima a sus alumnos y a sus empleados a que se denuncien unos a otros por «incidentes de perjuicios», según documentos recién descubiertos.
Los documentos incluyen las directrices de las Escuelas Públicas de Wellesley (WPS) (pdf) sobre cómo manejar las quejas por prejuicios entre los estudiantes y los empleados, y diapositivas de un curso de formación obligatorio sobre «protocolos de equidad«. Fueron obtenidas y publicadas por Padres Defensores de la Educación (PDE), que se describe a sí misma como una organización de base que trabaja para recuperar las escuelas de los «activistas que promueven agendas dañinas».
Según la Oficina de Diversidad, Equidad e Inclusión de Wellesley, un «incidente de prejuicio» es cualquier «conducta, discurso o expresión que tiene un impacto pero que puede no implicar una acción criminal, pero que demuestra un prejuicio consciente o inconsciente» contra cualquier grupo de identidad protegido por el gobierno federal, es decir, «raza, etnia, origen nacional, sexo, identidad o expresión de género, orientación sexual, religión o discapacidad».
Se anima a los estudiantes a denunciar incidentes de discriminación o «cualquier patrón preocupante de comportamiento prejuicioso» a cualquier miembro del personal del distrito o a un adulto de confianza. Las denuncias también pueden hacerse de forma anónima en internet, según la política, aunque señala que las denuncias anónimas son «más difíciles de investigar y responder».
Las diapositivas de la formación sobre «protocolos de equidad» dan ejemplos de «microagresiones», como decir a un colega «Eres tan elocuente», «La forma en que has superado tu discapacidad es tan inspiradora», pronunciar mal el nombre de alguien o referirse al virus del PCCh (Partido Comunista Chino), que causa la enfermedad COVID-19, como el «virus de China».
Las diapositivas también enseñan que «contar chistes groseros» en las redes sociales es un ejemplo de «incidente basado en prejuicios», al igual que utilizar insultos, imitar a alguien con una discapacidad o imitar las normas culturales o el lenguaje de alguien. Según el protocolo, estos incidentes deben notificarse aunque se produzcan fuera del campus, siempre que afecten al entorno escolar o laboral.
Los alumnos, los empleados e incluso los miembros de la comunidad pueden ser sancionados si infringen las directrices. Las posibles medidas disciplinarias para los estudiantes incluyen la detención y la suspensión, mientras que los miembros del personal se someterían a un proceso de «advertencias y reprimendas formales, suspensión o consecuencias más graves». Los miembros de la comunidad adulta que no son empleados pueden ser «sancionados limitando o poniendo fin a su participación en las actividades de la comunidad de WPS o anulando su permiso para estar en las instalaciones de WPS».
Nicole Neily, la presidenta y fundadora de PDE, advirtió en un artículo de opinión que las políticas anti-prejuicio en las escuelas públicas están siendo utilizadas como armas contra la discusión constitucionalmente protegida sobre temas potencialmente controvertidos.
«Los estudiantes absorben más en la escuela que simplemente los planes de estudio; también están aprendiendo a interactuar con individuos que provienen de diferentes orígenes y tienen diferentes puntos de vista», escribió Neily. «Los equipos de respuesta a los prejuicios envían un mensaje claro no solo de que ciertas opiniones son erróneas, sino de que el método correcto para hacer frente a una situación así es ‘ir a decírselo a los mayores'».
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