El Distrito Escolar Unificado de Chino Valley hizo cambios a su política de notificación a los padres la semana pasada, ya que se enfrenta a una demanda del Fiscal General del Estado, Rob Bonta, quien calificó la política discriminatoria.
La política original, aprobada en julio, requería que las escuelas del distrito notificaran a los padres por escrito en un plazo de tres días si su hijo solicitaba ser identificado como un género diferente, cambiaba su nombre y pronombres en el aula y utilizaba las instalaciones de baño y vestidores de un género diferente.
El 7 de marzo, el Consejo Escolar de Chino Valley votó 4 a 1 a favor de actualizar su política para establecer que dicha notificación debe producirse solo si un niño solicita cambiar cualquier información en su registro oficial o no oficial.
Liberty Justice Center, un bufete de abogados sin fines de lucro que representa al distrito, dijo en una declaración del 8 de marzo que la actualización se hizo en respuesta a la decisión de un juez en octubre después de que el distrito fue demandado por el estado. El juez del condado de San Bernardino dictó una sentencia que bloqueaba la aplicación de la política por parte del distrito, argumentando que era discriminatoria porque «trata de forma diferente a estudiantes similares en función de su sexo o identidad de género».
Emily Rae, abogada principal del Liberty Justice Center, dijo en el comunicado que cree que ambas versiones de la política son «de sentido común y constitucionales», en particular a la luz de un fallo reciente en un caso del Distrito Escolar Unificado de Temecula Valley, «que reafirmó que el derecho de los padres a dirigir la educación de sus hijos es esencial, no negociable».
La presidenta del consejo de Chino Valley, Sonja Shaw, dijo en el mismo comunicado que «la política actualizada logra un equilibrio entre dos principios importantes —priorizar el bienestar de los estudiantes y defender los derechos de los padres— y garantiza que los padres estén informados en todo momento».
Chino Valley Unified fue el primer distrito escolar de California en aprobar una política de notificación a los padres en julio y, desde entonces, otros nueve distritos escolares locales han seguido su ejemplo.
Bonta demandó al distrito en agosto, alegando que la política discriminaba a los estudiantes LGBT al señalar a los que se identificaban como transexuales.
En septiembre, un juez del Tribunal Superior de San Bernardino bloqueó temporalmente la aplicación de la política a petición de Bonta. Al mes siguiente, otro juez del condado de San Bernardino ratificó la sentencia provisional del juez anterior, afirmando que señalaba a los estudiantes que se identificaban como transexuales, y que la identidad de género se considera una clase protegida tanto por el gobierno estatal como por el federal.
Un portavoz del Sr. Bonta no estaba inmediatamente disponible para hacer comentarios.
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