Doctora que practicó aborto a niña de 10 años podría demandar al fiscal general de Indiana

Por Zachary Stieber
19 de julio de 2022 5:52 PM Actualizado: 19 de julio de 2022 5:52 PM

La doctora que recientemente practicó un aborto a una niña de 10 años alertó el 19 de julio al fiscal general de Indiana que podría demandarlo por difamación.

Los abogados de la doctora Caitlin Bernard enviaron una notificación de reclamación por daños y perjuicios al fiscal general Todd Rokita, diciéndole que pronto podría presentar una demanda.

«Las declaraciones falsas y engañosas del Sr. Rokita sobre la presunta mala conducta de la Dra. Bernard en su profesión constituyen una difamación per se», afirma la notificación.

Un portavoz de Rokita no respondió a una solicitud de comentarios.

«No se han hecho declaraciones falsas o engañosas», dijo un portavoz a The Epoch Times en un correo electrónico el lunes.

Comentarios

Antes de que los documentos que confirman que Bernard informó de la realización del aborto fueran publicados por una agencia estatal de salud, Rokita apareció en Fox News y describió a Bernard como una «activista del aborto que actúa como médico, con un historial de no informar».

La ley de Indiana exige a los médicos que informen de la realización de un aborto a cualquier niña menor de 16 años en los tres días siguientes al mismo.

Al día siguiente, Rokita emitió un comunicado en el que afirmaba que Bernard podría no haber informado y haber violado la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico, una ley federal que prohíbe a los profesionales de la salud divulgar información que pueda utilizarse para identificar a los pacientes.

Horas más tarde, el Departamento de Salud de Indiana hizo públicos unos documentos a The Epoch Times y a otros medios de comunicación que mostraban que Bernard informó del aborto el 2 de julio, tres días después de realizarlo.

Los abogados de Bernard enviaron a Rokita una carta de cese y desistimiento, pero su oficina mantiene que no dijo nada falso o engañoso.

El viernes, la Universidad de Indiana, empleadora de Bernard, dijo que una investigación concluyó que la doctora no violó ninguna ley al hablar con la prensa. Su relato se incluyó en un artículo de un periódico local sobre cómo la sentencia de la Corte Suprema estaba dificultando la obtención de abortos.

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El fiscal general de Indiana, Todd Rokita (D), con el abogado Mark McCloskey en Monrovia, Indiana, el 2 de marzo de 2022. (Enrico Trigoso/The Epoch Times)

Activación de 90 días

Según los abogados de Bernard, la notificación de la demanda por daños y perjuicios abre un período de investigación de 90 días. El Estado puede llegar a un acuerdo durante ese tiempo. Si no se llega a un acuerdo, se puede presentar una demanda.

«Esta reclamación es el primer paso en el proceso para la posible presentación de una demanda por difamación contra el fiscal general», dijeron los abogados de Bernard en un comunicado.

El aviso señala que la licencia de Bernard está activa y que no tiene antecedentes disciplinarios, a pesar de la declaración de Rokita.

«Por lo tanto, las declaraciones del Sr. Rokita de que el Dr. Bernard era un ‘activista del aborto que actuaba como médico’ con un ‘historial de no informar’ eran falsas. El Sr. Rokita sabía que las declaraciones eran falsas o actuó con imprudente desprecio por la verdad o la falsedad de las mismas. El Sr. Rokita, de forma imprudente y/o negligente, no comprobó si las declaraciones sobre la licencia del Dr. Bernard eran verdaderas o falsas antes de hacerlas», dice la notificación.

Un grupo provida presentó una queja ante el predecesor de Rokita en 2018 contra Bernard, pero la oficina del fiscal general se ha negado a publicar los registros de cualquier investigación que se haya realizado.

Hombre detenido y acusado

Mientras que Bernard enumeró la edad del hombre que embarazó a la joven como 17 años, un hombre de 27 años fue arrestado por presuntamente violar a la niña.

Gerson Fuentes, que según las autoridades locales y federales es un inmigrante ilegal, fue acusado de violación de una persona menor de 13 años.

Fuentes confesó el delito y la niña lo identificó como el autor, según documentos judiciales.

A Fuentes se le concedió una fianza de 2 millones de dólares, pero sigue en prisión porque no ha pagado la fianza, según los registros de la cárcel.

La oficina del defensor público del condado de Franklin, Ohio, que representa al hombre, no ha devuelto las preguntas.

Fuentes se enfrenta a cadena perpetua si es declarado culpable.


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