Documentos del Spygate y demanda RICO de Trump: Explorando las verdaderas razones tras la redada del FBI

Análisis de noticias

Tras la redada del FBI en la residencia del expresidente Donald Trump, se ha especulado mucho sobre la motivación del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés). ¿Se hizo para evitar que Trump se vuelva a presentar en 2024, o la redada estaba relacionada con los documentos y las pruebas que rodean la Comisión del 6 de enero? Si bien estos factores pueden haber tenido alguna relación con la redada del FBI, algunos factores completamente diferentes, y posiblemente más importantes, pueden estar en juego.

Es probable que la redada del FBI contra Trump fuera impulsada por los temores de la comunidad de inteligencia sobre la información que contenían esos documentos relacionados con el engaño del RussiaGate.

La redada coordinada del FBI contra Trump estuvo probablemente relacionada con la posibilidad de que se desclasificara y presentara públicamente esta información —en particular en relación con la demanda de la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por la Mafia, (RICO por sus siglas en inglés) de Trump contra Hillary Clinton, el Comité Nacional Demócrata y exfuncionarios del FBI como el exdirector James Comey, el exsubdirector Andrew McCabe, el exagente Peter Strzok y la exabogada del FBI Lisa Page— y su demanda enmendada contra la ley RICO, que añadió más acusados.

A medida que ha salido a la luz nueva información, hemos ido ganando confianza y ahora nos sentimos aún más firmes con respecto a esta teoría. Solo la amplitud y el alcance de la orden de registro han reforzado esta teoría. Pero esa no es ni de lejos la única razón de que creamos esto.

Un artículo del 17 de agosto de Newsweek incluía algunas declaraciones notables de dos fuentes de la Comunidad de Inteligencia.

Una de estas fuentes señaló que «los agentes entraron en la residencia de Trump con el pretexto de que buscaban todos los documentos del gobierno… pero el verdadero objetivo era esta reserva privada» de documentos acumulados por Trump, «que los funcionarios del Departamento de Justicia temían que Trump pudiera utilizar». La segunda fuente de la Comunidad de Inteligencia afirmó que aunque el FBI supuestamente «recogió todo lo que legítimamente pertenecía al gobierno de Estados Unidos», el verdadero objetivo de la redada del FBI dirigida por el Departamento de Justicia eran «estos documentos que Trump había estado reuniendo desde principios de su administración».

Ambas fuentes señalan que los «documentos buscados tienen que ver con una variedad de asuntos de inteligencia de interés» para Trump — «incluyendo material que Trump aparentemente pensó que lo exoneraría de cualquier reclamo de colusión rusa en 2016 o cualquier otro cargo relacionado con las elecciones». En otras palabras, documentos que Trump había reunido y tenía en su poder que demostraban que el engaño del RussiaGate era exactamente eso: un engaño. Uno que fue dirigido por funcionarios de las más importantes instituciones de nuestra nación —incluyendo, pero no limitado a, el FBI y el DOJ.

Aunque por lo general no tenemos la costumbre de hacer mucho caso a las fuentes de la comunidad de inteligencia, estas revelaciones particulares se superponen con nuestra propia teoría y la información que hemos encontrado. Como veremos a partir de los acontecimientos en la línea de tiempo, las acciones de Trump, y los documentos que acumuló con el tiempo, parecen haber presentado una amenaza muy directa a las agencias que están detrás de nuestro gobierno, lo que provocó una respuesta institucional que se manifestó en la redada del FBI en Mar-a-Lago el 8 de agosto. En particular, la demanda RICO presentada por Trump en 2022 representó un posible vehículo para que estos documentos se hicieran públicos.

El 19 de enero de 2021, el entonces presidente Trump desclasificó «una carpeta de materiales relacionados con la investigación Crossfire Hurricane de la Oficina Federal de Investigación», aunque también aceptó algunas «tachaduras propuestas para mantener su clasificación por el FBI».

Es importante destacar que Trump también declaró que «bajo mis indicaciones, el fiscal general ha llevado a cabo una revisión apropiada para asegurar que los materiales proporcionados en la carpeta pueden ser revelados por la Casa Blanca de acuerdo con la ley aplicable». En otras palabras, el Departamento de Justicia estaba al tanto —y en algún momento había revisado— todos los documentos contenidos en la carpeta que Trump desclasificó. Como sabemos, el Departamento de Justicia del fiscal general Merrick Garland «no ha desclasificado ni una sola página» de esos documentos.

Avancemos hasta mediados de enero de 2022. Según una declaración del 7 de febrero de los Archivos Nacionales (NARA, por sus siglas en inglés), la NARA organizó el transporte de 15 cajas que contenían registros presidenciales de Mar-a-Lago, «tras las discusiones con los representantes del presidente Trump en 2021». Trump declaró que las discusiones fueron «colaborativas y respetuosas» y dijo que era un «gran honor» trabajar con los Archivos Nacionales.

Sus representantes también dijeron a la agencia que seguirían buscando más registros presidenciales. Poco después, el 14 de febrero, NARA afirmó en un comunicado que «algunos de los registros presidenciales de Trump recibidos por los Archivos Nacionales y la Administración de Registros incluían registros en papel que habían sido rotos en pedazos por el expresidente Trump».

Al día siguiente, el 15 de febrero de 2022, los senadores Grassley (R-Iowa) and Ron Johnson (R-Wis.) enviaron una carta a Garland en la que afirmaban que el Departamento de Justicia se había negado hasta ahora a cumplir la orden de desclasificación que Trump había emitido en enero de 2021. La carta señalaba que «el Departamento de Justicia no solo no ha desclasificado ni una sola página, el Departamento no ha identificado para el Congreso los registros que sabe con certeza que están cubiertos por la directiva de desclasificación». Grassley dijo a Garland que el Departamento de Justicia debe «identificar los registros sujetos a la orden de desclasificación y, en segundo lugar, presentar esos registros al Congreso y al pueblo estadounidense sin partes tapadas indebidas».

Tres días después, en una carta enviada por el archivista de la NARA, David Ferriero, al politizado Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes, Ferriero afirmó que «la NARA ha identificado elementos marcados como información clasificada de seguridad nacional dentro de las cajas». Téngase en cuenta que, como presidente, Trump tenía la máxima autoridad para decidir si los documentos eran clasificados.

También hay que tener en cuenta aquella carta de Grassley de apenas tres días antes, en la que señalaba que el DOJ se había negado hasta ahora a cumplir la orden de desclasificación de Trump. Una semana después, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes exigió que «la NARA entregue información adicional, incluyendo un inventario de las cajas recuperadas de Mar-a-Lago e información sobre cualquier documento clasificado, así como documentos de la Administración Trump relacionados con la destrucción de registros del expresidente».

Mientras este juego se desarrollaba, Trump estaba en el proceso de recopilación de su demanda RICO original.

El 24 de marzo, Trump presentó formalmente su demanda RICO, en la que afirmaba que «los demandados conspiraron maliciosamente para tejer una narrativa falsa» de que Trump estaba «coludido con una soberanía extranjera hostil», es decir, Rusia. La demanda de Trump afirmaba que «las acciones llevadas a cabo para promover su plan –falsificar pruebas, engañar a las agencias de seguridad y aprovecharse del acceso a fuentes de datos altamente sensibles– son tan inaceptables, subversivas y escandalosas que incluso los acontecimientos del Watergate palidecen en comparación».

Durante los dos meses siguientes, las cosas permanecieron relativamente tranquilas. Entonces, el 31 de mayo, Grassley envió la primera de cuatro cartas al director del FBI, Wray, y al fiscal general, Garland.

Grassley formuló una acusación muy grave, señalando que «mientras desempeñaba un papel altamente sensible que incluye la toma de decisiones sobre el umbral sobre los asuntos de corrupción pública federal que se abren para su investigación», el agente especial adjunto a cargo de la Oficina de Campo de Washington, Timothy Thibault, violó las regulaciones federales y las directrices del Departamento diseñadas para evitar que el sesgo político infecte los asuntos del FBI. Grassley dijo a Wray y a Garland que las acciones de Thibault socavan «tanto al FBI como al DOJ porque, como mínimo, crea la percepción de una aplicación desigual de la ley».

El 3 de junio, apenas tres días después de la carta de Grassley a Wray, agentes del FBI fueron a Mar-a-Lago e inspeccionaron el almacén y los documentos contenidos en poder de Trump. Según los reportes, Jay Bratt, el principal funcionario de contrainteligencia de la división de seguridad nacional del DOJ «inspeccionó personalmente el almacén mientras interactuaba tanto con Trump como con uno de sus abogados».  Al parecer, Trump «permitió a los tres agentes del FBI que Bratt trajo consigo abrir las cajas del almacén y revisarlas».

Estos agentes del FBI se habrían marchado con algunos de los documentos. Bratt también solicitó «mayor seguridad en las instalaciones y pidió ver las imágenes de vigilancia de las cámaras de seguridad». Un abogado de Trump cumplió con estas peticiones.

Esta secuencia es importante, ya que demuestra que el DOJ y el FBI sabían, o tenían una muy buena idea de lo que estaban incautando en su redada del 8 de agosto. También hace que algunas de las filtraciones hechas a los medios de comunicación, que afirmaban que Trump estaba poniendo en peligro la seguridad nacional, parezcan algo ridículas en retrospectiva.

Si el FBI estaba al tanto de que Trump poseía este material, o podía acusarlo de poner en peligro la seguridad nacional, lo habría hecho en el acto durante la visita del 3 de junio a Mar-a-Lago. Como mínimo, el FBI podría haber respondido con una orden judicial en los días inmediatamente posteriores a la visita. En cambio, pasaron varios meses antes de que el Departamento de Justicia y el FBI decidieran hacer una redada en Mar-a-Lago. Como veremos, hubo algunos acontecimientos significativos que siguieron a la visita del FBI del 3 de junio.

El primero de estos eventos tuvo lugar el 21 de junio de 2022, cuando Trump presentó una demanda RICO enmendada contra Clinton y un gran número de otros individuos relacionados con el DNC que estaban involucrados en el engaño del RussiaGate.

La nueva demanda, de 193 páginas, era significativamente más robusta y detallada que la demanda RICO original de Trump del 24 de marzo, e incluía acusados adicionales. El mismo día, Kash Patel, un exfuncionario de la Administración Trump que ha trabajado diligentemente para conseguir que se publiquen los documentos desclasificados por Trump, anunció en un podcast que era oficialmente un representante de Trump ante los Archivos Nacionales. Patel dijo que su intención era «identificar cada uno de los documentos que bloquearon para no ser desclasificados». Patel declaró que «empezaría a publicar esa información la próxima semana».

Al día siguiente, el 22 de junio, el magistrado Bruce Reinhart se recusó repentinamente de la demanda de Trump contra Clinton y compañía. Solo 44 días después, tras su inesperada recusación del caso RICO de Trump contra Clinton, Reinhart firmó personalmente la orden de registro para Mar-a-lago.

El 14 de julio se produjo otro acontecimiento sorprendente en el caso RICO de Trump contra Clinton y compañía. En una moción presentada por Juan Gonzalez, el fiscal del distrito sur de Florida, se solicitó que «Estados Unidos sea sustituido como parte demandada». En otras palabras, el DOJ quería «sustituirse como parte demandada en lugar de James Comey, Andrew McCabe, Peter Strzok, Lisa Page y Kevin Clinesmith».

La moción afirmaba que las reclamaciones RICO de Trump estaban «basadas en una conducta dentro del ámbito del empleo de estos exempleados del FBI con el gobierno», y afirmaba que «Estados Unidos es el único y exclusivo demandado para esas reclamaciones». La moción también solicitaba que si se aceptaba la sustitución, «el Tribunal debería desestimar a Estados Unidos por falta de jurisdicción en la materia».

La moción señalaba que, dado que Trump no había agotado sus recursos administrativos, el tribunal carecía de jurisdicción sobre la materia y, por tanto, debía desestimar el caso tras sustituir a Estados Unidos como demandado. El Departamento de Justicia estaba maniobrando para colocarse en la demanda RICO de Trump y luego hacer que la demanda de Trump fuera desestimada. Esta táctica tuvo éxito, al menos en parte.

El 22 de julio, el juez de primera instancia Donald Middlebrooks concedió la moción de sustitución, sustituyendo a Comey, McCabe, Strzok, Page y Clinesmith por Estados Unidos como acusado.

Middlebrooks citó la Ley Westfall, que «concede a los empleados federales inmunidad absoluta frente a las demandas por daños y perjuicios de derecho común que surjan de los actos que realicen en el curso de sus funciones oficiales». Middlebrook aplazó la decisión sobre la desestimación y señaló que Trump tenía derecho a «litigar la cuestión de si los empleados estaban actuando en el ámbito de su empleo cuando se produjo la conducta impugnada».

El Departamento de Justicia se había introducido con éxito en la demanda RICO de Trump, aportando todo el peso legal y el poder que tiene el gobierno de Estados Unidos. Cabe destacar que la información desclasificada previamente por Trump es directamente relevante para su demanda. Y el Departamento de Justicia, que ha paralizado su publicación, se encuentra ahora en la posición legal oficial de luchar contra su publicación en los tribunales.

En medio de esta maniobra del DOJ, Grassley envió una segunda carta a Wray y Garland el 18 de julio. Grassley les dijo a ambos que las acusaciones de una serie de «informantes altamente creíbles» han provocado «preguntas fundamentales sobre si el Departamento de Justicia y el FBI están cumpliendo adecuadamente su misión combinada de aplicación de la ley con imparcialidad y sin fraude, abuso y mala gestión flagrante».

Una semana más tarde, el 25 de julio, Grassley emitió un comunicado de prensa con cartas dirigidas a Wray y Garland, en las que afirmaba que la información que Grassley había recibido «implica preocupaciones sobre la recepción y el uso por parte del FBI de información despectiva relacionada con Hunter Biden, y la falsa presentación por parte del FBI de las pruebas adquiridas como desinformación», en referencia al hijo del presidente Joe Biden. Grassley dijo que «si estas acusaciones son ciertas y precisas, el Departamento de Justicia y el FBI están —y han estado— institucionalmente corrompidos hasta la médula».

Poco después, el 4 de agosto, Trump se opuso a la decisión del juez Middlebrook de sustituir a Comey, McCabe, Strzok, Page y Clinesmith por Estados Unidos, es decir, el Departamento de Justicia. Trump también se opuso a la moción anterior de Clinton de desestimar toda la demanda RICO contra ella y sus compañeros acusados, que incluían al DNC, y nombres conocidos como los abogados Marc Elias y Michael Sussmann, el representante Adam Schiff (D-Calif.), el experiodista Glenn Simpson, el exfuncionario del DOJ Bruce Ohr y su esposa, Nellie Ohr.

Al día siguiente, el 5 de agosto, Reinhart firmó la orden de registro del FBI para la propiedad de Trump en Mar-a-Lago. Garland declaró más tarde en su conferencia de prensa que «aprobó personalmente la decisión de buscar una orden de registro». La redada en la propiedad de Trump en Mar-a-Lago ocurrió tres días después, el 8 de agosto.

Sabemos que la orden de registro no estaba «enfocada» como había declarado Garland. De hecho, era extremadamente amplia e incluía cualquier registro presidencial de todo el mandato de Trump.

También vale la pena repetir que el DOJ sabía qué documentos tenía Trump después de su visita del 3 de junio. El DOJ también sabía todo lo que había dentro de la carpeta que Trump había ordenado desclasificar, ya que Trump envió la carpeta al DOJ para su procesamiento de desclasificación.

Si el Departamento de Justicia tuviera pruebas de delitos específicos, no habría utilizado una orden judicial tan amplia y vaga. Fue una cosa aleatoria dirigida —diseñada para capturar toda la información relacionada con el engaño del RussiaGate— en el momento exacto en que el DOJ está defendiendo sus acciones tomadas en el engaño del RussiaGate en la corte contra el caso RICO de Trump.

El 17 de agosto, Grassley envió una cuarta carta al director del FBI, Wray, afirmando que «una infección política profundamente arraigada se ha extendido a la actividad de investigación sobre el expresidente Trump y Hunter Biden». Hasta la fecha, el FBI no ha abordado las preocupaciones planteadas por Grassley y no ha presentado los registros solicitados.

Vea el episodio completo (solo en inglés) en Truth Over News la próxima semana.

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