The Epoch Times obtuvo recientemente un documento clasificado como “ultrasecreto» por las autoridades chinas. Dicho documento expone que los sistemas judiciales y de seguridad pública de China han estado cometiendo el crimen de genocidio contra los practicantes de Falun Gong durante casi 20 años.
El documento es una «opinión judicial» emitida el 30 de noviembre de 2000, en modo conjunto, por cinco departamentos de China: el Tribunal Supremo, la Fiscalía Suprema, el ministerio de Seguridad Pública, el ministerio de Seguridad Nacional y el ministerio de Justicia.
Este estipula claramente que «los departamentos políticos y jurídicos de todos los niveles deben aplicar con determinación las importantes instrucciones del» entonces líder del Partido Comunista Chino (PCCh), Jiang Zemin, de tomar medidas enérgicas contra Falun Gong y enumera varios cargos y castigos dirigidos a diferentes acciones de los practicantes de Falun Gong.
Por ejemplo, cuando los practicantes de Falun Gong impriman y distribuyan folletos de Falun Gong, la acusación sería «incitar a la subversión del poder del Estado» y se aplicará la segunda estipulación del artículo 105 del Código Penal. Cuando un practicante exponga el arresto arbitrario, encarcelamiento, trabajo forzado y tortura a otros practicantes de Falun Gong por parte de las autoridades chinas, el cargo sería «difamar a los líderes del partido y del estado», y se aplicaría el artículo 246 del Código Penal.
También afirma que los casos que involucre a Falun Gong no solo son casos legales, sino también de naturaleza altamente política, requiriendo que «todos los niveles de los departamentos políticos y legales deben cooperar estrechamente bajo el liderazgo unificado del comité del partido», así como «ajustarse estrictamente a las políticas de las autoridades centrales».
«La represión del PCCh contra Falun Gong no es un acto legal. En cambio, es una campaña política implementada por el gobierno chino. En realidad no tiene mucho que ver con [la aplicación de] la ley . Es solo que el PCCh usa sus sistemas judiciales y de seguridad pública para implementar esta brutal supresión política. En otras palabras, los sistemas judiciales y de seguridad pública actúan como esbirros y se dedican a la persecución en nombre de la implementación de las ley».
El abogado chino, quien usa el seudónimo de Liu Ping se escandalizó cuando vio esta opinión judicial y le dijo a The Epoch Times que este documento secreto de alto nivel era una declaración judicial de guerra iniciada por el PCCh contra los grupos de Falun Gong. Podría servir como evidencia de crímenes de guerra y genocidio.
«Esta llamada opinión judicial no es de ninguna manera la práctica de la ley. No tiene ninguna característica o efecto de un documento legal. En cambio, debería ser designado como un documento ilegal. Como documento ultrasecreto también revela que los cinco departamentos involucrados, la Oficina de Seguridad Pública, el ministerio de Seguridad, el ministerio de Justicia, etc., están todos involucrados en actividades criminales e ilegales, porque la existencia de este documento nos dice cómo llegaron a esta decisión. Básicamente, los líderes de los cinco departamentos tuvieron una reunión donde usaron su poder para iniciar una sangrienta persecución. Este grupo de personas dentro del PCCh son los verdaderos criminales», según Chen Jiangang.
Liu Ping también señaló que la emisión de este documento por los cinco departamentos en sí misma es ilegal porque no tienen la autoridad legislativa para hacerlo. En particular, el hecho de que se clasifique como un documento secreto y no pueda anunciarse abiertamente demuestra aún más su naturaleza ilegal.
Él dijo que los documentos legales deben ser publicados para que las normas y reglamentos entren en vigor y se cumplan. Este tipo de «legislación secreta» le dice a todo el mundo que carece de autoridad de la ley y que están llevando a cabo la persecución de manera encubierta, lo que no es en absoluto una aplicación noble y digna de la ley».
«Tanto en la emisión de este documento como en la persecución de Falun Gong que comenzó en 1999, lo que se implementa no es la ley, sino la voluntad personal de Jiang Zemin. En este documento, las palabras claves más utilizadas son ‘suprimir’ y ‘acabar con’, estas palabras encarnan la anarquía», dijo Chen Jiangang.
El documento también exige la aplicación del artículo 300 de la Ley Penal sobre la práctica de grupos de practicantes de Falun Gong e intercambio de experiencias, designando las actividades como «usar una organización de culto para socavar el cumplimiento de la ley».
Chen Jiangang indicó que, según el derecho penal de China, un acto delictivo debe cumplir al menos cinco criterios para que se designe que «socava el cumplimiento de la ley», pero en realidad, el estudio y los ejercicios en grupo de los practicantes de Falun Gong no tienen nada que ver con esos cinco criterios.
«Hasta hoy, no hay una ley específica en China que designe claramente a Falun Gong como una secta. Nosotros hemos defendido a los practicantes de Falun Gong durante muchos años, en todos los debates de la corte, ningún fiscal o juez pudo probar que China alguna vez designó a Falun Gong como una secta ya que no podían proporcionar ninguna base legal para tal designación», añadió.
Chen ha estado defendiendo a los practicantes de Falun Gong durante muchos años. Él dijo que mientras más casos manejaba, más comprendía la crueldad y la ilegalidad del PCCh. Es el PCCh el que está violando la ley y es precisamente la seguridad pública del PCCh, los fiscales y el sistema judicial los que socavan la implementación de la ley. La verdadera naturaleza del documento secreto es la brutal persecución y los cinco departamentos la han llevado a cabo en toda su extensión.
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