El Departamento de Justicia impugnó el martes una ley de Florida que prohíbe a los ciudadanos chinos poseer terrenos, afirmando que viola la ley federal de vivienda y la 14ª Enmienda.
El Departamento presentó una declaración de interés (pdf) en un caso de impugnación de la disposición, argumentando que la ley de Florida que restringe la propiedad china de terrenos junto a instalaciones militares estadounidenses y grandes infraestructuras es inconstitucional.
El DOJ argumenta que la ley, SB 264 (pdf), promulgada el mes pasado por el candidato presidencial republicano y gobernador de Florida, Ron DeSantis, vulnera la Cláusula de Igual Protección de la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos y la Ley de Vivienda Justa de 1968.
«Estas disposiciones ilegales causarán graves daños a las personas simplemente por su origen nacional, contravienen las leyes federales de derechos civiles, socavan los derechos constitucionales y no promoverán el pretendido objetivo del Estado de aumentar la seguridad pública», afirmó el DOJ en su impugnación de la ley.
La Ley de Vivienda Justa prohíbe la discriminación en materia de vivienda por motivos de raza, color, religión, sexo, situación familiar, discapacidad y origen nacional.
Detalles de la ley
La SB 264 entrará en vigor el 1 de julio e impone dos tipos de restricciones a la propiedad de terrenos en Florida, según la demanda.
La ley estatal impone nuevas restricciones a las personas y organizaciones procedentes de «países extranjeros de interés», que se definen como China, Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba, Venezuela y Siria.
Prohíbe a los «mandantes extranjeros», definidos como personas con «domicilio» en la República Popular China que no sean ciudadanos estadounidenses ni residentes legales permanentes, poseer o adquirir terrenos agrícolas o bienes inmuebles en un radio de 10 millas de cualquier «instalación militar» o «instalación de infraestructuras críticas» de Florida.
Las personas con un visado que no sea de turista válido o a las que se haya concedido asilo podrán adquirir una única propiedad residencial si tiene un tamaño inferior a dos acres y está situada a más de cinco millas de una instalación militar.
Además, la ley prohíbe la «compra o adquisición de bienes inmuebles por la República Popular China», lo que incluye a las entidades políticas y corporativas chinas.
Los compradores o vendedores de propiedades que infrinjan la restricción podrían enfrentarse a penas de hasta 60 días de prisión y a una multa de 500 dólares.
Según la ley, los ciudadanos chinos y quienes les vendan propiedades se enfrentan a las restricciones y penas más duras, y la segunda prohíbe a las personas que no sean ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes y estén «domiciliadas en la República Popular China», poseer o comprar cualquier propiedad en el estado de Florida.
Los vendedores de propiedades que infrinjan a sabiendas el segundo conjunto podrían enfrentarse a una pena de hasta un año de prisión y una multa de 1000 dólares. Los ciudadanos chinos que infrinjan la ley podrían enfrentarse a penas de hasta cinco años de prisión y una multa de 5000 dólares.
«Restringir a China y a otras naciones extranjeras hostiles el control de las tierras agrícolas de Florida y de las tierras cercanas a instalaciones de infraestructuras críticas protege a nuestro estado, proporciona estabilidad a largo plazo y preserva nuestra libertad económica», declaró el mes pasado el comisionado de Agricultura de Florida, Wilton Simpson, según la demanda.
Demanda contra Florida
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) representa actualmente a cuatro ciudadanos chinos que viven en Florida, así como a una agencia de corredores de Florida, que han demandado al estado alegando que la legislación «arrojará una carga indebida de sospecha sobre cualquiera que desee comprar una propiedad cuyo nombre suene remotamente asiático, ruso, iraní, cubano, venezolano o sirio».
Los demandantes Yifan Shen, Zhiming Xu, Xinxi Wang, Yongxin Liu y Multi-Choice Realty, LLC presentaron una petición de medida cautelar el 22 de mayo. La presentación del DOJ pretende apoyar esta petición. El juez de distrito Allen C. Winsor ha programado una audiencia sobre el asunto para el 18 de julio.
«La peligrosa nueva ley de Florida recuerda esfuerzos similares del siglo pasado para utilizar como arma falsas alegaciones de ‘seguridad nacional’ contra los inmigrantes asiáticos y otras comunidades marginadas», declaró la ACLU en un resumen de su caso.
«A principios del siglo XX, los estados de todo el país utilizaron justificaciones similares para aprobar ‘leyes de tierras extranjeras’ destinadas a prohibir que los inmigrantes chinos y japoneses se convirtieran en propietarios de tierras».
La demanda señala que hay más de 20 instalaciones militares en Florida, muchas de las cuales se encuentran a menos de 5 millas de centros urbanos como Orlando, Miami y Tallahassee.
Los críticos de la ley afirman que, además de ser potencialmente discriminatoria, podría hacer que los floridanos dudaran en vender a determinadas minorías por miedo a infringir la ley.
La oficina del gobernador de Florida no respondió inmediatamente a la solicitud de comentarios de The Epoch Times.
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