El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) presentó una demanda contra el estado de Alabama, acusando al estado de infringir la ley con su programa de depuración del censo electoral dirigido a personas que son —o fueron— no ciudadanos.
El DOJ anunció la acción legal en un comunicado de prensa del 27 de septiembre, en el que la agencia sostiene que el programa de Alabama, dirigido a personas con números de identificación de no ciudadanos, viola la Ley Nacional de Registro de Votantes de 1993 (NVRA) al eliminar a votantes potencialmente elegibles dentro del «Periodo de Silencio» de 90 días antes de unas elecciones, establecido por mandato federal.
La fiscal general adjunta Kristen Clarke, de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, dijo que las acciones de Alabama corren el riesgo de privar del derecho de voto a votantes elegibles a pocas semanas de unas elecciones federales clave.
«A medida que se acerca el día de las elecciones, es fundamental que Alabama corrija la confusión de los votantes resultante de sus correos de mantenimiento de listas enviados en violación de la ley federal», dijo Clarke en un comunicado. «La Disposición de Período de Silencio de la ley federal existe para evitar que los votantes elegibles sean eliminados de las listas como resultado de esfuerzos de última hora y propensos a errores».
La disposición sobre el periodo de silencio de la NVRA prohíbe a los estados llevar a cabo purgas sistemáticas del censo electoral en los 90 días previos a unas elecciones federales para evitar errores y garantizar que los votantes con derecho a voto no sean eliminados injustamente.
La disputa legal se centra en un programa iniciado por el secretario de estado de Alabama, Wes Allen, cuyo objetivo era eliminar de las listas de votantes del estado a los no ciudadanos registrados para votar en Alabama.
La oficina de Allen anunció el 13 de agosto que 3251 personas en las listas de votantes del estado habían sido marcados para su eliminación debido a la emisión de números de identificación de no ciudadanos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). Allen ordenó a las juntas de registro de los 67 condados del estado que desactivaran a estos votantes y comenzaran el proceso de eliminarlos de las listas.
«He sido claro en que no toleraré la participación de no ciudadanos en nuestras elecciones», dijo Allen en un comunicado en ese momento.
Allen señaló que, si bien algunos de los identificados pueden haberse convertido en ciudadanos naturalizados, estas personas tendrían que actualizar su situación utilizando un formulario de registro de votantes del estado de Alabama para seguir siendo elegibles para votar.
Allen dijo que, debido a la falta de cooperación del gobierno federal para proporcionar listas actualizadas de los no ciudadanos a los efectos de la depuración del censo electoral, Alabama tuvo que basarse en datos antiguos que no reflejan si las personas marcadas para su eliminación han obtenido desde entonces la ciudadanía.
Según la demanda del Departamento de Justicia, el programa de Alabama podría privar del derecho a voto a personas con derecho a ello, en particular a ciudadanos naturalizados a los que en su día se expidieron números de identificación de no ciudadanos. El Departamento de Justicia descubrió que tanto los ciudadanos nacidos en el país como los naturalizados habían recibido cartas en las que se les comunicaba que sus registros de votantes habían quedado inactivos y que serían eliminados de las listas a menos que presentaran un nuevo formulario de registro.
El Departamento de Justicia solicita una orden judicial para detener la purga del censo electoral y restablecer los derechos de los votantes. También está presionando para que se envíen correos correctivos para informar a los votantes sobre la restauración de sus derechos, junto con la formación de los funcionarios locales y los trabajadores electorales para hacer frente a cualquier confusión o desconfianza entre los votantes elegibles erróneamente marcados como no ciudadanos.
La oficina del Secretario de Estado de Alabama no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la demanda más reciente del DOJ.
En una declaración anterior, Allen defendió el programa como necesario para mantener la integridad de las elecciones de Alabama, al mismo tiempo que prometió continuar los esfuerzos para asegurar que solo los ciudadanos de EE. UU. están registrados para votar.
«No se trata de una revisión puntual de nuestro archivo de votantes. Seguiremos llevando a cabo este tipo de revisiones para hacer todo lo posible para asegurarnos de que todos los que figuran en nuestro archivo son votantes elegibles», dijo Allen en un comunicado.
«Tengo la esperanza de que en un futuro próximo el gobierno federal cambie de rumbo y sea útil a los estados mientras trabajamos para proteger nuestras elecciones».
Este no es el primer desafío legal al que se enfrenta Alabama por sus esfuerzos dirigidos a actualizar el censo electoral.
Anteriormente este mes, una coalición de organizaciones de derechos civiles, entre ellas la Coalición de Alabama por la Justicia de los Inmigrantes y la Liga de Mujeres Votantes de Alabama, presentaron otra demanda en la que acusaban al estado de centrarse en los ciudadanos naturalizados con la purga. Esta demanda afirma que muchos de los que han sido marcados para ser expulsados son ahora ciudadanos estadounidenses que pueden votar, pero que están siendo obligados a volver a registrarse.
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