El Departamento de Justicia (DOJ) presentó el viernes una demanda contra Virginia, alegando que el estado violó la ley federal al eliminar a posibles votantes no ciudadanos de las listas demasiado cerca de las elecciones generales.
En una presentación judicial, el DOJ alegó que el programa de eliminación de votantes de Virginia violaba la «Disposición del Período de Silencio» de la Ley Nacional de Registro de Votantes, que exige que los estados completen sus programas para eliminar a los votantes inelegibles de las listas activas a más tardar 90 días antes de una elección.
«El Congreso adoptó la restricción del período de silencio de la Ley Nacional de Registro de Votantes para evitar que ocurran errores en el último momento que, con demasiada frecuencia, privan del derecho de voto a votantes cualificados», declaró la fiscal general adjunta Kristen Clarke.
En la demanda, presentada el 11 de octubre, también se nombraba como demandados a la Junta Electoral del Estado y a la Comisaria Electoral de Virginia, Susan Beals.
Según la demanda, el gobernador de Virginia, Glenn Youngkin, firmó en agosto una orden ejecutiva por la que se exigía a la comisionada que certificara la actualización diaria de las listas de votantes del estado.
Estas actualizaciones consistían en comparar la lista de personas identificadas como no ciudadanos por el Departamento de Vehículos de Motor del Estado «con la lista de votantes registrados existentes», afirma el DOJ.
A continuación, los registradores locales debían notificar a esos votantes y pedirles que confirmaran su ciudadanía en un plazo de 14 días, o serían eliminados de la lista de votantes registrados, añadió.
El DOJ dijo que el proceso ha resultado en la cancelación de registros de votantes de ciudadanos estadounidenses. El estado eliminó a 6303 personas de las listas entre enero de 2022 y julio de 2024, según la demanda.
Además, alegó que los registradores locales no tenían discreción para evitar la cancelación de votantes que no devuelven «una afirmación de ciudadanía», incluso si tienen razones para creer que esos votantes son ciudadanos estadounidenses.
«Este programa sistemático de eliminación de votantes, que el Estado está llevando a cabo a 90 días de las próximas elecciones federales, viola la Disposición del Periodo de Silencio», dijo el DOJ en un comunicado.
Youngkin criticó al gobierno de Biden por presentar la demanda a menos de 30 días de las elecciones y dijo que había aplicado «apropiadamente» la ley.
El gobernador republicano calificó la demanda del DOJ como «sin precedentes» y dijo que era un intento «políticamente motivado» de interferir en las elecciones estatales, según un comunicado emitido por su oficina el 11 de octubre.
«Los virginianos y los estadounidenses verán esto exactamente como lo que es: un intento desesperado de atacar la legitimidad de las elecciones en la Commonwealth, el crisol mismo de la democracia estadounidense», declaró.
«Con el apoyo de nuestro fiscal general, defenderemos estas medidas de sentido común, que estamos legalmente obligados a tomar, con todos los recursos a nuestro alcance», dijo Youngkin.
El DOJ presentó una demanda similar contra el estado de Alabama y su secretario de Estado el 27 de septiembre por el programa estatal destinado a eliminar de las listas activas a los votantes no elegibles, incluidos los no ciudadanos. Afirmó que Alabama anunció el lanzamiento del programa de depuración del censo electoral 84 días antes de las elecciones generales del 5 de noviembre, lo que violaba la Ley Nacional de Registro de Votantes.
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