El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) anunció el despliegue de funcionarios electorales de distrito para atender las denuncias de intimidación y amenazas, fraude y otras irregularidades electorales como parte del programa de la jornada electoral.
La semana pasada, se enviaron múltiples comunicados de prensa del DOJ para distritos específicos, con una redacción similar o exactamente igual para los funcionarios electorales de las respectivas zonas que responderán a los presuntos abusos el día de las elecciones. No está claro cuántos se han emitido hasta ahora, pero el DOJ anunció el envío de más el lunes.
Un análisis del Epoch Times a los diversos comunicados del DOJ muestra que el DOJ está nombrando fiscales adjuntos para dirigir el grupo de trabajo de la jornada electoral de su zona.
En un comunicado emitido el lunes en el que se anunciaba al funcionario electoral del Distrito Medio de Pensilvania, el Departamento de Justicia dijo que “tiene un papel importante en la disuasión y la lucha contra la discriminación y la intimidación en las urnas, las amenazas de cualquier tipo dirigidas a los funcionarios electorales y los trabajadores electorales, y el fraude electoral”.
“El Departamento abordará estas violaciones dondequiera que ocurran”, dijo el departamento. “El Programa del Día de las Elecciones del Departamento, de larga data, promueve estos objetivos y también busca garantizar la confianza pública en el proceso electoral, proporcionando puntos de contacto locales dentro del Departamento para que el público denuncie posibles violaciones a la ley electoral federal”.
Según el DOJ, el FBI también tendrá agentes especiales disponibles en cada una de las oficinas de campo de la oficina el día de las elecciones para responder a las denuncias de fraude electoral u otros abusos.
El mes pasado, el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, celebró una reunión pública del grupo de trabajo del día de las elecciones, diciendo que se ha presentado un “aumento sin precedentes” en las amenazas dirigidas a los trabajadores electorales desde 2020.
“Estos casos son una advertencia: si amenazas con dañar o matar a un trabajador o funcionario o voluntario electoral, el Departamento de Justicia te encontrará”, dijo Garland. “Y te haremos rendir cuentas”.
Los anuncios del DOJ no dieron ejemplos específicos de posibles amenazas dirigidas a trabajadores electorales, ni hicieron referencia a supuestos intentos de adversarios extranjeros para tratar de influir en las elecciones estadounidenses.
El DOJ dijo que trabajará para contrarrestar y desbaratar los intentos de Rusia, Irán y China que puedan “interferir en nuestras elecciones”, según Garland, quien se refería a los informes de inteligencia de EE.UU. que dicen que actores extranjeros están “tratando de interferir” en las elecciones.
Garland también se refirió a casos penales contra individuos que supuestamente amenazaron a trabajadores electorales en Arizona, Colorado y Michigan en julio y agosto, incluido un caso en el que un hombre de Alabama supuestamente amenazó con matar a funcionarios electorales del condado de Maricopa, Arizona.
A principios de este mes, un funcionario de la Casa Blanca dijo que Estados Unidos había estado siguiendo de cerca las amenazas iraníes contra el candidato presidencial republicano Donald Trump y advirtió sobre “graves consecuencias” si Teherán atacaba a cualquier ciudadano estadounidense.
“Consideramos que se trata de un asunto de seguridad nacional de la máxima prioridad y condenamos enérgicamente a Irán por estas descaradas amenazas. Si Irán ataca a cualquiera de nuestros ciudadanos, incluidos los que siguen sirviendo a Estados Unidos o los que sirvieron anteriormente, Irán se enfrentará a graves consecuencias”, declaró a Reuters el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Sean Savett.
Altos funcionarios de múltiples estados disputados también advirtieron que retrasar la certificación de las elecciones de 2024 podría acarrear castigos penales u otras sanciones.
“La ley es clara y no toleraremos que nadie la incumpla por ningún motivo”, le dijo a Reuters la secretaria de Estado de Michigan, Jocelyn Benson, en una entrevista hecha la semana pasada.
“Hay momentos y lugares para impugnar los resultados electorales. El proceso de certificación no es uno de ellos”.
La fiscal general de Pensilvania, Michelle Henry, le dijo al medio que su oficina está “preparada”.
“Si alguien no cumple con los estatutos, lo investigaremos y habrá consecuencias”, dijo.
“Hay acciones penales y civiles que podrían tomarse para mantener la integridad del proceso”.
El fiscal general de Wisconsin, Josh Kaul, también dijo: “esperamos que los funcionarios electorales cumplan la ley, pero si recibimos señales de que no es así, estamos preparados para actuar”.
Con información de Reuters
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