El gobierno de Biden ha presentado un recurso legal contra la sentencia de un juez de Texas que dictaminó que el Congreso aprobó inconstitucionalmente un proyecto de ley ómnibus de financiación de USD 1.7 billones en 2022 porque los legisladores emitieron votos sin estar físicamente presentes, basándose en una regla de votación por poder de la era de la pandemia COVID-19.
En una apelación presentada ante el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito con sede en Nueva Orleans el 9 de agosto, el Departamento de Justicia (DOJ) argumentó que un tribunal de distrito de Texas se equivocó al determinar que la Ley de Asignaciones Consolidadas de 2023 no fue debidamente promulgada porque se aprobó en violación de la cláusula de quórum de la Constitución de los Estados Unidos.
«La afirmación del tribunal de distrito es una notable intrusión en los procedimientos internos de una rama coordinada del gobierno, y no tiene fundamento en el texto, la historia o el propósito de la Cláusula de Quórum», escribieron los abogados del DOJ en la presentación, argumentando que los miembros del Congreso que votaron a distancia lo hicieron de acuerdo con las reglas de la Cámara que permitían el voto por poder y no estaban «ausentes» de los asuntos legislativos, como había encontrado el tribunal de distrito.
El Departamento de Justicia pretende que se revoque la sentencia del tribunal de distrito, que declaró inconstitucional la norma del voto por delegación pero no pretendía anular todo el proyecto de ley de gastos de USD 1,7 billones y sólo prohibía al gobierno federal aplicar un componente de la Ley de Asignaciones contra el estado de Texas.
El DOJ argumentó que la cláusula de quórum de la Constitución de EE.UU. establece el número mínimo de miembros del Congreso necesarios para que la Cámara lleve a cabo sus actividades, pero no dicta cómo deben participar.
«La Constitución otorga a cada Cámara un amplio poder para ‘determinar las Reglas de sus Procedimientos’, U.S. Const. art. I, [Sección] 5, cl. 2, y la Cámara estaba dentro de su prerrogativa constitucional para adoptar una norma que proporcionara un medio por el cual los miembros pudieran participar en los asuntos legislativos a distancia durante la pandemia COVID-19 y ser contados para el quórum», dice la presentación del DOJ.
The Epoch Times se ha puesto en contacto con el fiscal general de Texas, Ken Paxton, que demandó al presidente Joe Biden y a miembros de su administración por la supuesta firma ilegal y la aplicación de la ley de gastos de USD 1,7 billones.
Paxton, que no respondió inmediatamente a la solicitud de comentarios, elogió previamente al tribunal de distrito por considerar que el proyecto de ley fue aprobado inconstitucionalmente.
«El Congreso actuó atrozmente al aprobar el mayor proyecto de ley de gastos en la historia de Estados Unidos con menos de la mitad de los miembros de la Cámara molestándose en hacer su trabajo, presentarse y votar en persona», dijo Paxton en un comunicado.
«La ex presidenta Nancy Pelosi abusó del voto por poder con el pretexto de la COVID-19 para aprobar esta ley, y luego Biden la firmó, a sabiendas de que violaban la Constitución. Se trata de una asombrosa violación del Estado de Derecho. Me alivia que el Tribunal haya defendido la Constitución».
La entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi (D-Calif.), desempeñó un papel decisivo en la aplicación de la norma de voto por delegación en mayo de 2020, citando el brote de COVID-19 como justificación.
La regla de votación por poder, que se extendió varias veces, permitió a los miembros de la Cámara de 435 escaños servir como apoderados de colegas que no podían emitir votos en la cámara, ya sea porque estaban en cuarentena o por otras razones.
Cuando se aprobó el proyecto de ley de USD 1.7 billones, más de la mitad de los miembros de la Cámara, entonces dirigida por demócratas, no estaban presentes para que hubiera quórum y votaron por delegación.
La orden del juez de distrito James Wesley Hendrix del 27 de febrero determinó que los legisladores violaron la cláusula de quórum cuando, en diciembre de 2022, aprobaron la Ley de Asignaciones, el mayor paquete de gastos en la historia de Estados Unidos.
Sin embargo, el alivio que Hendrix proporcionó se «limitó a mitigar el perjuicio que Texas ha demostrado que se producirá» al bloquear una disposición de la Ley de Asignaciones, la Ley de Equidad para las Trabajadoras Embarazadas, para que no se aplique contra Texas.
En su demanda, Paxton alegó que la Ley de Equidad para Trabajadoras Embarazadas imponía una carga indebida al gobierno estatal para acomodar a las empleadas embarazadas, argumentando que Texas ya tiene leyes que acomodan los embarazos y que la disposición aprobada inconstitucionalmente arriesgaba abrir el estado a demandas.
«Como cuestión de rutina, Texas se adapta a las necesidades razonables de sus empleadas embarazadas», escribió Paxton en una moción solicitando una medida cautelar, al tiempo que sostiene que el statu quo legal ya proporciona ajustes razonables.
Paxton argumentó que la Ley de Asignaciones Consolidadas de 2023 «afecta directamente a Texas al alterar este statu quo de larga data» y modifica las leyes existentes «para abrir a Texas a demandas a las que nunca antes ha estado sujeto».
También argumentó que el intento de la disposición de regular Texas y sus agencias estatales era un intento de «renunciar a la inmunidad soberana de Texas».
La apelación presentada por el Departamento de Justicia el 9 de agosto contra la sentencia de Hendrix sostiene que el juez se equivocó al considerar que la cláusula de quórum contiene un «requisito de presencia física», de modo que la Cámara no podía adoptar una norma que permitiera a los miembros votar a distancia y ser tenidos en cuenta para el quórum.
El Departamento de Justicia pretende que se revoque la sentencia, lo que anularía la ayuda concedida a Texas en forma de bloqueo de la aplicación de la Ley de Equidad para las Trabajadoras Embarazadas.
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