Una congresista está bajo investigación federal por presunto uso indebido de fondos de campaña.
El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) está investigando a la congresista Cori Bush (D-Mo.), según confirmó Bush el 30 de enero.
«Me considero a mí misma, a mi campaña y a mi cargo con los más altos niveles de integridad. También creo en la transparencia, por lo que puedo confirmar que el Departamento de Justicia está revisando los gastos de los servicios de seguridad de mi campaña», dijo Bush en un comunicado. «Estamos cooperando plenamente en esta investigación».
La confirmación se produce un día después de que el sargento de armas de la Cámara anunciara que había recibido una citación del gran jurado y que la había considerado legítima.
El Departamento de Justicia ha declinado hacer comentarios.
Bush, de 47 años, es una enfermera y activista de Black Lives Matter que fue elegida por primera vez en 2020 y ganó la reelección en 2022.
La campaña de reelección de Bush gastó 571,856 dólares en servicios de seguridad, incluidos 338,193 dólares solo en 2022, según informó la Fundación para la Rendición de Cuentas y la Confianza Cívica en una denuncia ante las autoridades estadounidenses en la que pedía una investigación.
Parte del dinero se destinó a Courtney Merritts, que, según las emisoras locales, carece de licencia de seguridad privada en St. Louis y tampoco figura en una base de datos de personas con licencia en la zona de Washington.
Además, Bush se casó con Merritts en 2023 y supuestamente comenzó una relación con él en 2021.
Las normas federales prohíben a los candidatos utilizar fondos de campaña para «uso personal», incluidos los pagos a familiares que no presten servicios «de buena fe» a la campaña.
«Parece que la campaña de la diputada Bush pudo haber efectuado pagos por servicios innecesarios o superiores al valor justo de mercado debido a su relación personal con el beneficiario. De ser así, estos pagos podrían calificarse como pagos no permitidos a un miembro de la familia o un regalo no permitido», dijo Kendra Arnold, directora ejecutiva de la organización, a la Comisión Federal Electoral en la denuncia.
Bush declaró el martes que incluso antes de acceder al cargo había recibido amenazas.
«Como miembro de base del Congreso, no tengo derecho a protección personal por parte de la Cámara, y en su lugar he utilizado fondos de campaña para contratar servicios de seguridad. No he utilizado dinero de los impuestos federales para servicios de seguridad personal.
Cualquier información de que he utilizado fondos federales para seguridad personal es simplemente falsa», dijo.
No fue posible contactar con Merritts para que hiciera comentarios.
Los informes de esta semana dijeron que la citación revelada por el sargento de armas de la Cámara era parte de una investigación sobre el gasto de un miembro en seguridad.El lunes, en Washington, el secretario de la Cámara leyó una carta del sargento de armas William McFarland, en la que informaba de que su oficina había recibido una citación del Departamento de Justicia.
«Después de consultar con la oficina del abogado general, he determinado que el cumplimiento de la citación es coherente con los derechos y derivados de la Cámara», dijo McFarland, que fue nombrado por el representante Kevin McCarthy (R-California) cuando era presidente de la Cámara.
El presidente de la Cámara Mike Johnson (R-La.) y McFarland no han respondido a las solicitudes de comentarios.
El representante Pete Aguilar (D-Calif.), presidente del Grupo Demócrata de la Cámara, se negó a comentar sobre la citación en una conferencia de prensa.
«Eso es cosa del Departamento de Justicia», dijo Aguilar.
Bush dijo que, además del Departamento de Justicia, está siendo investigada por la Comisión Federal Electoral y el Comité de Ética de la Cámara de Representantes. La Oficina de Ética del Congreso, dijo, ha revisado el asunto y dijo que el caso debe ser desestimado. Esta oficina remite los casos a la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes, que a menudo tarda meses en completar las investigaciones.
«Espero que todas las investigaciones pendientes tengan el mismo resultado», dijo Bush.
«Las normas y leyes que rigen el uso y la divulgación de los gastos de las campañas federales están redactadas para garantizar que los congresistas elegidos para representarnos lo hagan sin beneficiarse personalmente de su cargo. Los hechos por sí solos hablan de la necesidad de una investigación, los ciudadanos merecen la verdad, y nos alegramos de que varios organismos gubernamentales hayan considerado que merece una investigación y esperamos con interés los resultados», dijo Arnold, de la Fundación para la Rendición de Cuentas y la Confianza Cívica, en un comunicado.
Bush reconoció que pagó a su marido, pero dijo que los pagos eran legales.
«De acuerdo con todas las normas aplicables, contraté a mi marido como parte de mi equipo de seguridad para prestar servicios de seguridad, ya que tiene una amplia experiencia en este ámbito, y es capaz de proporcionar los servicios necesarios a un precio de mercado justo o inferior», dijo Bush.
Bush siguió pagando a Merritts después de su matrimonio, incluyendo 2500 dólares el 26 de septiembre de 2023, según los registros federales. La categoría de gasto para los pagos a Merritts solía ser servicios de seguridad, pero para los pagos más recientes, es gastos salariales.
Bush defendió anteriormente el gasto en seguridad privada mientras abogaba por recortar los fondos destinados a los departamentos de policía.
«¿Prefieren que muera? Prefieren que muera. ¿Es eso lo que quieren que vea? ¿Quieren verme morir? Porque esa podría ser la alternativa», dijo Bush a la CBS en 2021. «Así que o me gasto 70,000 dólares en seguridad privada en los últimos meses y estoy aquí de pie ahora y soy capaz de hablar, capaz de ayudar a salvar a 11 millones de personas de ser desahuciadas. O podría sufrir un atentado contra mi vida».
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