El Departamento de Justicia (DOJ) anunció el 5 de noviembre que ha lanzado un nuevo grupo de trabajo que descubrirá y procesará a las empresas que se involucran en conductas anticompetitivas como la fijación de precios y la manipulación de licitaciones en adquisiciones, subvenciones y programas gubernamentales.
Esto ocurre meses después de que cinco compañías petroleras surcoreanas aceptaran declararse culpables de su participación en una conspiración de manipulación de licitaciones que apuntaba a contratos para suministrar combustible a las bases militares de Estados Unidos en Corea del Sur. Las compañías acordaron pagar un total de 156 millones de dólares en multas penales y más de 205 millones de dólares en acuerdos civiles separados.
Funcionarios en una conferencia de prensa el martes dijeron que el grupo de trabajo, llamado Procurement Collusion Strike Force (PCSF), liderará los esfuerzos para proteger los proyectos financiados por los contribuyentes y dirigidos por el gobierno federal, estatal y local de las violaciones de la ley antimonopolio y de los esquemas fraudulentos relacionados.
Estará integrado por miembros de 13 fiscalías de Estados Unidos, así como investigadores del FBI, la Oficina del Inspector General del Pentágono, la Oficina del Inspector General del Servicio Postal de Estados Unidos y otras oficinas del Inspector General.
El subsecretario de Justicia Jeffrey A. Rosen dijo a los periodistas que las iniciativas tienen como objetivo proteger el dinero de los contribuyentes mientras intentan eliminar la colusión anticompetitiva, el despilfarro y el abuso de las compras del gobierno.
«Los contribuyentes legítimamente esperan que sus impuestos se gasten de manera responsable, y esta Administración no tolerará la actividad criminal que busque obtener ganancias injustas a expensas de los contribuyentes», dijo Rosen, de acuerdo con sus comentarios preparados.
«Cuando el gobierno tiene que pagar esos precios artificialmente más altos, todos los contribuyentes estadounidenses están pagando por ello», agregó.
El gobierno federal gastó más de 550.000 millones de dólares, o cerca del 40 por ciento de todo el gasto discrecional, en contratos de bienes y servicios en 2018, según Makan Delrahim, fiscal general adjunto de la División de defensa de la competencia del Departamento de Justicia.
«Dadas las grandes sumas de dinero federal involucradas en la contratación pública, es fácil ver cómo cualquier cantidad de sobrecargo causado por la manipulación ilegal de licitaciones u otras conductas delictivas anticompetitivas inflige un daño económico significativo al gobierno y a los contribuyentes», dijo Delrahim de acuerdo con sus observaciones preparadas.
Delrahim dijo que el grupo de trabajo tiene dos objetivos principales: disuadir y prevenir los delitos antimonopolio y delitos relacionados a través de la divulgación y la capacitación, e identificar, investigar y procesar los delitos.
Dijo que el equipo llevará a cabo una capacitación específica de divulgación para informar a los principales compradores y vendedores en el área de la contratación pública, y para ayudarles a identificar las «señales de alarma» de la colusión, así como comprender las posibles violaciones y las sanciones asociadas.
«El aumento de los esfuerzos informativos en ambos lados del mercado de la contratación pública promoverá la competencia y evitará la colusión ilegal durante el proceso de contratación, mientras que al mismo tiempo facilitará la detección y el reporte de conductas sospechosas para ayudar a los agentes y fiscales a investigar y enjuiciar enérgicamente los delitos cuando ocurran», dijo el asistente del fiscal general.
Además, el departamento también ha puesto en marcha un sitio web público con información antimonopolio, que ofrece al público una vía para denunciar presuntas infracciones penales.
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