El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) llegó a un acuerdo con el Departamento de Policía de Antioch, en el área de la bahía de San Francisco, para resolver una investigación sobre presunta discriminación racial por parte de los oficiales y otras supuestas faltas de conducta, anunció el DOJ el 3 de enero.
El acuerdo pone fin a una investigación de casi dos años sobre presuntas violaciones de los derechos civiles por parte de alguno de los oficiales de policía de Antioch.
Los oficiales federales iniciaron una investigación sobre la conducta de los oficiales en Antioch, situada a unas 45 millas al noreste de San Francisco, en junio de 2023.
El DOJ habría sido alertado en abril de 2023 por la Oficina del fiscal del distrito del condado de Contra Costa de que los mensajes de texto de algunos oficiales contenían presuntos insultos racistas y sexistas, posibles violaciones de los derechos civiles y otros contenidos, según el departamento.
Los textos fueron supuestamente intercambiados entre septiembre de 2019 y enero de 2022, según los fiscales federales.
La investigación se centró en el cumplimiento del Departamento de Policía de Antioch con la Ley Federal de Derechos Civiles y otras leyes federales.
En virtud del acuerdo de 23 páginas firmado el 2 de enero, el departamento de policía contratará a un consultor experto en aplicación de la ley aprobado por el DOJ en un plazo de 90 días.
La ciudad deberá pagar el costo del consultor, que no podrá superar los 250,000 dólares anuales.
Se espera que el consultor revise y actualice las políticas, los procedimientos y la formación del departamento de policía sobre diversos temas, como la actuación policial no discriminatoria, el uso de la fuerza, la contratación y los ascensos, las investigaciones de mala conducta, la disciplina, la actuación policial comunitaria, el acceso lingüístico y otros temas.
También se espera que el consultor presente un informe en persona al Ayuntamiento de Antioch al menos una vez cada 180 días y ayude en todos los aspectos relacionados con el cumplimiento del acuerdo.
El Departamento de Policía de Antioch también se comprometió a garantizar que los servicios policiales «se presten de una manera justa, respetuosa, libre de discriminación ilegal y que promueva una amplia participación de la comunidad y la confianza en [el departamento]», según el acuerdo.
El departamento de policía acordó formar a los nuevos contratados y a los policías veteranos sobre la elaboración de perfiles raciales, los tipos de prejuicios, la aplicación y no aplicación selectiva de la ley, la sensibilidad cultural, el uso adecuado de la fuerza en la toma de decisiones, incluidos los métodos de desescalada y otros temas policiales no discriminatorios.
El departamento también prometió garantizar que todos los miembros del público reciban la misma protección ante la ley, sin actuaciones policiales discriminatorias y en consonancia con la Constitución y las leyes de Estados Unidos.
«Una actuación policial justa y no discriminatoria es fundamental para una aplicación eficaz de la ley, especialmente en el caso de los organismos que reciben financiación federal», declaró el 3 de enero en un comunicado la fiscal general Adjunta Kristen Clarke, de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia.
Según Clarke, el acuerdo con el Departamento de Policía de Antioch «envía un firme mensaje, de que la discriminación y la mala conducta que motivaron esta investigación no serán toleradas».
Acusación en materia de derechos civiles
Un gran jurado federal de San Francisco presentó cuatro acusaciones en agosto de 2023 en las que se imputaban a 10 oficiales y empleados actuales y anteriores —tres de ellos de Antioch y siete del cercano Departamento de Policía de Pittsburg— diversos delitos que iban desde el uso excesivo de la fuerza hasta el fraude.
Los oficiales de Antioch fueron acusados de delitos contra los derechos civiles por su presunta conspiración para hacer un uso innecesario de la fuerza en el despliegue de munición y el uso de un K-9 policial.
En un escrito de acusación de 29 páginas se describe cómo los acusados supuestamente se comunicaron entre sí y con otras personas sobre el uso y la intención de usar fuerza excesiva contra personas de la ciudad y sus alrededores.
El uso de fuerza excesiva mencionado por los oficiales incluye el uso de un K-9 —o perro policía— y el uso de un lanzador «menos letal» para disparar proyectiles contra sospechosos, así como otros actos de fuerza innecesarios, según los fiscales federales.
La acusación también alegó que los acusados usaron la fuerza como castigo a las personas «más allá de cualquier castigo impuesto apropiadamente por el sistema de justicia penal».
En un caso del 24 de julio de 2019, un oficial de Antioch fue acusado de detener a un ciclista por no tener las luces encendidas después del anochecer. Durante la parada, el oficial supuestamente golpeó al ciclista múltiples veces antes de que un perro policía lo mordiera en el brazo, según la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos.
El oficial supuestamente compartió después fotos de las heridas de la víctima con otros policías de Antioch, que intercambiaron mensajes de texto al respecto.
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