Más de 1500 personas han sido acusadas y aproximadamente 1009 se han declarado culpables de cargos relacionados con los eventos del 6 de enero de 2021, dijo el Departamento de Justicia (DOJ).
El fiscal de Estados Unidos para el Distrito de Columbia proporcionó la actualización de cuatro años, describiendo cómo el departamento ha perseguido y adjudicado varios cargos.
El fiscal general Merrick Garland conmemoró el aniversario denunciando algunos actos de violencia.
«En este día, hace cuatro años, agentes de policía fueron brutalmente agredidos mientras defendían valientemente el Capitolio de Estados Unidos», dijo. «Los golpearon, los derribaron, los electrocutaron y los atacaron con agentes químicos que les quemaron los ojos y la piel».
Según la fiscalía de Estados Unidos, «aproximadamente 608» personas han sido acusadas de «agredir, resistirse o impedir el trabajo de agentes o funcionarios encargados de hacer cumplir la ley u obstruir… a los agentes durante un desorden civil». El 19 de diciembre, la fiscalía de Estados Unidos anunció cargos contra otro acusado el 6 de enero.
Unos 180 fueron acusados de entrar en una zona restringida con un arma peligrosa o mortal, mientras que «aproximadamente 174 acusados» enfrentaron cargos de uso de un arma mortal o peligrosa. Esa cifra incluye a los acusados de causar lesiones corporales graves a un agente.
El Departamento de Justicia hizo el anuncio junto con la certificación por parte del Congreso de la victoria del presidente electo Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2024 y una conferencia de prensa en Washington donde varios oradores pidieron indultos masivos para los acusados del 6 de enero.
Tras la elección de Trump, surgieron especulaciones sobre cómo podría utilizar su poder de indulto para un grupo tan grande de acusados.
Según el Departamento de Justicia, aproximadamente 1100 acusados han tenido sus casos totalmente resueltos y han recibido sentencias, mientras que 221 personas han sido declaradas culpables en juicios impugnados en Washington, incluidos 10 que fueron declarados culpables de conspiración sediciosa.
Trump y su equipo han indicado que indultaría al menos a algunos acusados. En diciembre, la revista Time le preguntó a Trump si indultaría a todos los acusados.
«Voy a analizar cada caso individualmente y, si no fueron violentos, creo que fueron severamente castigados», dijo. «Y la respuesta es que voy a hacer eso, sí, voy a ver si hay algunos que realmente estaban fuera de control».
Dijo que el proceso de indulto «comenzará en la primera hora que asuma el cargo».
«La gran mayoría no debería estar en la cárcel y han sufrido gravemente», dijo Trump.
Hasta el momento, 667 personas han sido condenadas a penas de prisión.
La controversia sobre el 6 de enero llegó a la Corte Suprema en abril de 2024, cuando los jueces escucharon los argumentos de los acusados de que el Departamento de Justicia había aplicado incorrectamente un estatuto de obstrucción a su conducta.
El caso, Fischer vs. Estados Unidos, tuvo como resultado que la mayoría de la corte dictaminara que el Departamento de Justicia había cometido un error al utilizar la Sección 1512 de la Ley Sarbanes-Oxley de 2002 para imponer responsabilidad penal.
El 6 de enero de 2025, el Departamento de Justicia declaró que todas las personas acusadas en virtud del artículo 1512 también estaban acusadas de otros cargos y que seguirían estando expuestas a responsabilidad penal aunque se retiraran esos cargos.
De aproximadamente 259 personas que fueron acusadas bajo esa ley, aproximadamente 126 tenían sus casos aún pendientes en la Corte de Distrito de DC cuando la Corte Suprema emitió su decisión en Fischer, según el Departamento de Justicia.
El Departamento de Justicia decidió renunciar a los cargos para aproximadamente 119 de esos acusados, y no se opuso a anular o desestimar los cargos en aproximadamente 65 de los casos que fueron juzgados en el momento en que se decidió el caso Fischer.
Aproximadamente 68 personas fueron acusadas de robo de propiedad del gobierno, mientras que aproximadamente 91 fueron acusadas de destrucción de propiedad y todos los acusados fueron acusados de algún tipo de allanamiento o alteración del orden público. Aproximadamente 18 demandados fueron acusados de conspiración sediciosa.
La Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito de D.C. sostuvo que el Departamento de Justicia podía aplicar una ley de intrusión sin probar que un acusado del 6 de enero sabía que la presencia del ex vicepresidente Mike Pence en las instalaciones del Capitolio era la razón para restringir esa área.
El fiscal federal del Distrito de Columbia, Matthew Graves, cuya oficina ha estado a cargo de los procesos del 6 de enero, renunciará el 16 de enero, apenas unos días antes de la toma de posesión de Trump.
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