El Departamento de Justicia (DOJ) se opone a la petición de TikTok de que se retrase una posible prohibición, ya que la aplicación busca una apelación en la Corte Suprema de una ley de seguridad nacional aprobada en abril.
Cuando el presidente Joe Biden firmó la Ley de Protección de Estadounidenses frente a Aplicaciones Controladas por Adversarios Extranjeros (PAFACA, por sus siglas en inglés), se inició una cuenta atrás de 270 días para que TikTok cortara lazos con el régimen comunista chino, un adversario extranjero de Estados Unidos, o bien dejara de operar en Estados Unidos.
La empresa matriz de TikTok, ByteDance, que tiene su sede en China y está sujeta a las leyes chinas, dijo en una presentación judicial que el régimen chino no permitiría la venta de la aplicación, convirtiendo de hecho la ley en una «prohibición».
El DOJ argumenta que el reloj de 270 días se proporcionó para dar tiempo a TikTok a encontrar un comprador y buscar la revisión judicial de cualquier problema legal, y que no hay base para pausar esa cuenta atrás durante una petición al alto tribunal.
Además, la ley no ordena la prohibición de TikTok. Tras la fecha límite del 19 de enero de 2025, se prohíbe a las entidades prestar servicios a TikTok, pero los usuarios que ya hayan descargado TikTok no tienen prohibido seguir utilizándolo. El presidente también está autorizado a conceder una prórroga única de 90 días de la fecha límite.
«Los demandantes tienen derecho a pedir a la Corte Suprema que prohíba la aplicación de la ley a la espera de la revisión de esa Corte, y se reservaron expresamente su derecho a hacerlo y a establecer un calendario que diera tiempo a ello», se lee en la presentación judicial del 11 de diciembre.
«No tienen derecho, sin embargo, a una medida cautelar contra una Ley del Congreso cuando el único tribunal que ha considerado su recurso de inconstitucionalidad lo ha rechazado».
TikTok anunció su intención de recurrir a la Corte Suprema cuando una corte federal de apelaciones confirmó la PAFACA la semana pasada. El 9 de diciembre, TikTok pidió entonces a la corte de apelaciones que emitiera una orden judicial de emergencia contra la ley. Una orden de este tipo retrasaría el plazo hasta el 19 de enero de 2025, lo que podría dar tiempo al presidente entrante para revocar la orden, argumentó TikTok.
Al apelar ante la Corte Suprema, TikTok puede pedir al alto tribunal una orden judicial de emergencia de la ley mientras la corte revisa la petición. No hay garantías de que la Corte Suprema acepte el caso.
TikTok había argumentado que era necesaria una medida cautelar para evitar tener que cerrar «una de las plataformas de expresión más populares del país, con más de 170 millones de usuarios nacionales mensuales, en vísperas de la investidura presidencial».
La empresa había alegado ante la Corte de Apelaciones del Circuito de EE. UU. para el Distrito de Columbia que la ley era inconstitucional porque violaba los derechos de la Primera Enmienda de los usuarios de TikTok. Un panel de tres jueces rechazó el argumento y no encontró violaciones de la Primera Enmienda.
El Departamento de Justicia había argumentado que la ley se centra en la propiedad por parte de un adversario extranjero, no en el contenido de la aplicación. Si TikTok se vendiera a un propietario estadounidense, podría optar por conservar el contenido.
TikTok había argumentado que el plazo de 270 días mostraba que el Congreso no consideraba que la amenaza fuera «inminente» y que no se vería perjudicada por un retraso.
En la última presentación ante la corte, el DOJ argumentó que el poder ejecutivo, el Congreso y el tribunal federal de apelaciones ya han rechazado los argumentos de TikTok, por lo que el tribunal no tiene ninguna base para extender a TikTok un retraso de su plazo bajo PAFACA.
El DOJ también argumentó que la presentación de daños de TikTok «resta importancia a las preocupaciones de seguridad nacional que subyacen tanto al estatuto como a la decisión de este Tribunal».
«El control continuado de la aplicación TikTok por parte de China supone una amenaza constante para la seguridad nacional», se lee en el escrito.
El régimen comunista chino ha aprobado varias leyes de seguridad nacional que exigen a todas las entidades que operan en China que ayuden a las agencias de inteligencia, incluso proporcionando datos en secreto a petición.
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