El fiscal general William Barr ordenó el jueves a los fiscales federales de todo el país que se centren en los casos en los que los arrendadores han sido acusados de pedir a sus inquilinos favores sexuales en lugar del pago del alquiler durante la pandemia del virus del PCCh.
Barr envió un memorándum a la división de derechos civiles del departamento y a las oficinas de los fiscales de EE.UU. de todo el país, instando a los fiscales a dar prioridad a los casos en los que los arrendadores supuestamente se están aprovechando de la actual crisis de salud pública ofreciendo reducir o eliminar los depósitos de seguridad y el alquiler a cambio de contacto sexual.
«Los tiempos actuales ya son bastante difíciles sin las prácticas depredadoras de arrendadores inescrupulosos», escribió Barr en su memorándum (pdf). «Debemos detener el avance de tal comportamiento».
El memorándum llega después de que informes en los medios sugirieran que el número de quejas sobre la supuesta conducta inapropiada de los arrendadores ha aumentado en las últimas semanas.
Khara Jabola-Carolus, directora ejecutiva de la Comisión Estatal de Hawai sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, dijo a NBC News que su oficina ha recibido más quejas sobre arrendadores acosando sexualmente a los inquilinos en las últimas dos semanas que en los últimos dos años.
The Epoch Times se puso en contacto con la Comisión Estatal de Hawai sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer para obtener comentarios y una actualización sobre el número de quejas recibidas recientemente.
La pandemia ha causado una amplia devastación humana y económica en Estados Unidos desde marzo. Los datos publicados por el Departamento de Trabajo muestran que más de 4.4 millones de trabajadores en Estados Unidos solicitaron un subsidio de desempleo durante la semana que terminó el 18 de abril, lo cual eleva el total de solicitudes de subsidio presentadas en las últimas cinco semanas a 26 millones.
Un informe reciente del Consejo Nacional de Vivienda Multifamiliar muestra que, a principios de abril, solo el 69 por ciento de los hogares que alquilaban podían hacer pagos completos o parciales de su alquiler, lo cual supone una reducción del 81 por ciento durante el mismo período en marzo. En la tercera semana de abril, el 89 por ciento de los hogares pudieron hacer pagos completos o parciales del alquiler, lo cual supone una reducción del 93 por ciento en el mismo período del año pasado. Los datos se recogen de una encuesta de 11.5 millones de unidades de apartamentos en todo el país.
En su memorándum, Barr dijo que aunque muchos propietarios han respondido a las dificultades de los inquilinos trabajando con ellos, dijo que algunos propietarios, según se informa, «han respondido a las peticiones de aplazar los pagos del alquiler con demandas de favores sexuales y otros actos de conducta sexual indeseable».
«Tal comportamiento es despreciable y es ilegal. Y el Departamento de Justicia no ha dudado en intervenir cuando se produce una clara conducta indebida. Este comportamiento no es tolerado en tiempos normales, y ciertamente no será tolerado ahora», dijo Barr.
El fiscal general dijo que había ordenado al fiscal general Adjunto de Derechos Civiles Eric Dreiband y a Christina Nolan, la fiscal del Distrito de Vermont, que supervisaran y coordinaran los esfuerzos.
En 2017, el Departamento de Justicia (DOJ) lanzó la Iniciativa en Contra del Acoso Sexual en la Vivienda con el fin de combatir el acoso sexual en el sector inmobiliario por parte de una serie de personas, entre las que se incluyen propietarios, administradores de propiedades, trabajadores de mantenimiento, oficiales de préstamos u otras personas que tienen control sobre la vivienda.
El departamento dice que después de que se presenta una denuncia por acoso sexual en la vivienda, se puede investigar la denuncia y presentar una demanda contra los acosadores u otras personas involucradas. El departamento ha tomado medidas contra numerosas personas en el marco de esta iniciativa. El ejemplo más reciente fue a principios de abril, cuando el Departamento de Justicia presentó una demanda contra los copropietarios y administradores de propiedades de alquiler en Russellville, Kentucky, por violar la Ley de Vivienda Justa al someter a las inquilinas a acoso sexual y represalias.
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