El Departamento de Justicia de EE. UU. pidió el 2 de diciembre a la Corte Suprema que suspenda una orden judicial de ámbito nacional dictada por un juez federal de Texas que impide que siga adelante la iniciativa de condonación de préstamos estudiantiles del presidente Joe Biden.
El programa de condonación de deudas ya está bloqueado como consecuencia de otra orden judicial federal.
La nueva solicitud se produjo un día después de que la Corte Suprema rechazara la petición del gobierno de suspender una orden del Tribunal de Apelaciones de EE. UU. para el 8º Circuito que también bloqueaba el avance del programa. En su lugar, el alto tribunal ordenó el 1 de diciembre que ese caso, conocido como Biden contra Nebraska, se presentara ante el tribunal en febrero.
Biden dio a conocer el plan en agosto, en una medida que los críticos tacharon de intento constitucionalmente sospechoso de mejorar la suerte de los demócratas en las elecciones al Congreso del 8 de noviembre. Mientras que la Oficina Presupuestaria del Congreso estimó que el plan podría costar unos 400,000 millones de dólares, un estudio de la Wharton School de la Universidad de Pensilvania afirmó que el precio podría superar el billón de dólares.
El programa de condonación incluye hasta 20,000 dólares en planes de alivio de préstamos para personas con ingresos bajos y medios. Alrededor de 26 millones de personas ya han solicitado la condonación de préstamos estudiantiles, mientras que unos 16 millones de solicitudes han sido aprobadas, según informó el Departamento de Educación de EE. UU.
En el caso en cuestión, conocido como Departamento de Educación contra Brown, expediente judicial 22A489, la procuradora general de EE.UU., Elizabeth Prelogar, pidió a la Corte Suprema el 2 de diciembre que dejara en suspenso una sentencia del juez Mark Pittman, del Tribunal de Distrito de EE. UU. en Fort Worth, Texas, quien sostuvo el 10 de noviembre que Biden se extralimitó en sus facultades constitucionales al crear el programa de condonación de préstamos. Pittman dictó una medida cautelar de ámbito nacional para bloquear el programa.
«La Constitución confiere ‘todos los poderes legislativos’ al Congreso. Este poder, sin embargo, puede delegarse en el poder ejecutivo. Pero si el poder ejecutivo pretende utilizar ese poder delegado para crear una ley de gran trascendencia económica y política, debe contar con una clara autorización del Congreso», de la que en este caso carecía, escribió Pittman, nominado por Trump.
El 30 de noviembre, un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el 5º Circuito rechazó por unanimidad la solicitud del gobierno de suspender la decisión de Pittman. Al mismo tiempo, el tribunal de circuito ordenó que el asunto se programara para una audiencia urgente.
En la solicitud de urgencia (pdf), Prelogar instaba a la Corte Suprema a suspender la orden de Pittman, argumentando que se había equivocado al conceder a dos prestatarios de préstamos estudiantiles legitimación para impugnar el plan.
Los prestatarios argumentaron que «se les negó indebidamente la oportunidad de comentar el plan y afirmaron que si el secretario [de Educación] hubiera procedido a través del [proceso de] notificación y comentario, le habrían instado a adoptar criterios de elegibilidad más amplios y a proporcionar un mayor alivio de la deuda», señala el escrito.
Pittman consideró que la ley federal exime al secretario en este caso de los procedimientos de notificación y comentario y que el plan excedía la autoridad legal del secretario, a pesar de que los prestatarios «no habían argumentado que la provisión del secretario de alivio de la deuda a otros prestatarios les causara ningún perjuicio», afirma el escrito.
Pittman «cometió un profundo error al plantear y decidir una reclamación que los demandados no hicieron valer y que no podrían haber hecho valer de conformidad con el artículo III» de la Constitución de EE. UU., que se ocupa del poder judicial.
Pero si el alto tribunal no está dispuesto a frenar la sentencia de Pittman, Prelogar animó al tribunal a dejar en suspenso esta solicitud de emergencia y juzgar el caso Departamento de Educación contra Brown junto con el de Nebraska en febrero.
Durante el fin de semana, The Epoch Times se puso en contacto en repetidas ocasiones con el bufete de abogados Consovoy McCarthy de Arlington (Virginia), que representa a los prestatarios, para pedirles comentarios, pero al momento de la publicación de este artículo no había recibido respuesta.
Con información de Jack Phillips.
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