El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) solicitó este martes a la Corte Suprema que rechace el intento del expresidente Donald Trump de que la corte intervenga en una disputa sobre los documentos incautados en su resort Mar-a-Lago hace dos meses.
El presidente número 45 presentó la semana pasada una solicitud de emergencia solicitando a la máxima corte que anule una decisión de la corte de apelaciones que impide que un perito especial revise 100 documentos que se habrían marcado como clasificados. Esos documentos formaban parte de unos 11,000 registros que los agentes del FBI incautaron el 8 de agosto.
Mientras instaban a la Corte Suprema a rechazar la petición de Trump, los funcionarios del Departamento de Justicia escribieron (pdf) que el expresidente “ciertamente no puede establecer el claro error requerido para justificar el recurso que busca, particularmente—porque no reconoce, y mucho menos intenta refutar, la conclusión de la corte de apelaciones de que la orden de la corte de distrito fue una intrusión grave e injustificada en la autoridad del Poder Ejecutivo».
El 22 de agosto, Trump presentó una petición para restringir el acceso del DOJ a los registros mientras investiga si retuvo documentos clasificados luego de dejar la Casa Blanca en enero de 2021. Un juez federal en Florida se puso del lado de los abogados de Trump y nombró un perito, el juez retirado Raymond Deare, para revisar los documentos.
Sus abogados le dijeron previamente a la Corte Suprema que Dearie debería poder revisar los registros para ver si los materiales incautados por el FBI “que tienen marcas de clasificación son de hecho clasificados, e independientemente de la clasificación, si esos registros son registros personales o registros presidenciales”.
Además, escribieron que el DOJ está tratando de “criminalizar una disputa de gestión de documentos y ahora se opone con vehemencia a un proceso transparente que brinda una supervisión muy necesaria”, agregaron sus abogados.
El expresidente ha sostenido en las redes sociales y en entrevistas que desclasificó esos documentos y acusó al FBI y al Departamento de Justicia de actuar en nombre de los demócratas para apuntar a un oponente político y un posible candidato presidencial de 2024. Cuando era presidente, gozaba de amplios poderes de desclasificación que no necesitaban ningún proceso formal, argumentó Trump en una entrevista con Fox News el mes pasado.
“Diferentes personas dicen cosas diferentes, pero según tengo entendido, si eres el presidente de Estados Unidos, puedes desclasificar simplemente diciendo que está desclasificado, incluso pensándolo”, dijo.
“Porque lo estás enviando a Mar-a-Lago o donde sea que lo estés enviando. No tiene que haber un proceso. Puede haber un proceso, pero no tiene por qué haberlo”, aseveró el expresidente. “Tú eres el presidente… tú tomas esa decisión” sobre si se desclasifica, dijo.
Y un exasistente, Kash Patel, que presenta el programa «Kash’s Corner» de Epoch TV, dijo que los documentos probablemente pertenecían a la investigación del FBI Crossfire Hurricane sobre si Trump se confabuló con el gobierno ruso. Un abogado especial del FBI, Robert Mueller, no encontró colusión luego de una investigación de varios años.
Sentencia de la Corte de Apelaciones
El 21 de septiembre, la Corte de Apelaciones del 11. ° Circuito de EE. UU. con sede en Atlanta suspendió la decisión de la jueza de distrito de EE. UU. Aileen Cannon, quien preside la demanda de Trump. Cannon había impedido temporalmente que el Departamento de Justicia examinara los documentos incautados hasta que el perito especial que ella designó, el juez Raymond Dearie, identificara los que pudieran considerarse privilegiados.
Cannon le había encomendado a Dearie que revisara todos los registros incautados, incluidos los clasificados, para localizar cualquier cosa sujeta a la confidencialidad abogado-cliente o privilegio ejecutivo, doctrina legal descrita que protege algunas comunicaciones de la Casa Blanca de la divulgación, lo que las convierte en límites para los investigadores.
El comité de tres jueces del 11. ° Circuito le dio al departamento acceso a los documentos marcados como clasificados para su investigación criminal actual, e impidió que Dearie los examinara, señalando la importancia de limitar el acceso a la información clasificada y garantizar que la investigación del departamento no se vea perjudicada.
Cannon también impidió que el DOJ revisara todo el material incautado en relación con su investigación penal, y posteriormente nombró a Dearie para que revisara los registros.
En febrero, la Administración Nacional de Archivos y Registros (NARA) dijo que Trump se llevó algunos registros del gobierno a Mar-a-Lago. La agencia pasó meses negociando con el expresidente para que Trump entregara 15 cajas de materiales a principios de 2022.
La investigación del Departamento de Justicia se inició luego de que el personal de NARA descubriera registros presidenciales en las cajas, según el entonces archivista David Ferriero en una carta a la representante Carolyn Maloney (D-N.Y.) en febrero. Los archivos judiciales del Departamento de Justicia indicaron que se encontraron otros registros cuando agentes del Departamento de Justicia y del FBI visitaron la casa de Trump en junio.
Con información de Reuters.
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