Dos observatorios judiciales conservadores de alto perfil afirman que el Departamento de Justicia (DOJ) está usando un doble rasero en su trato a los detenidos por la irrupción en el Capitolio, en comparación con los que fueron arrestados durante los disturbios que siguieron a la muerte de George Floyd.
Más de 500 personas han sido arrestadas por las autoridades federales y acusadas de múltiples delitos graves en relación con los eventos del 6 de enero de 2021, de las cuales decenas permanecen en la cárcel en espera de un juicio.
Casi la misma cantidad de personas fueron arrestadas durante las protestas de junio de 2020 por la muerte de Floyd alrededor de la Casa Blanca y áreas cercanas del centro de Washington, D.C., según Associated Press.
Esos disturbios se encuentran entre las docenas que sacudieron las principales ciudades de Estados Unidos, pero la mayoría de los arrestos fueron por delitos menores como violaciones del toque de queda y rechazar ordenes de dispersión, dijo AP. Pocos de ellos fueron encarcelados tras su arresto.
Sin embargo, los abogados de una docena de detenidos del 6 de enero afirman que sus clientes están siendo sometidos a violaciones inconstitucionales a las libertades civiles, como aislamiento injustificado, la privación de conversaciones privadas con sus abogados, la falta de atención médica necesaria y las terribles condiciones sanitarias. Los detenidos están recluidos en instalaciones del Departamento Correccional del Distrito de Columbia.
El Departamento de Justicia ha rechazado repetidamente las solicitudes de The Epoch Times para que haga comentarios sobre las condiciones que experimentan los detenidos del 6 de enero.
Independientemente de la culpabilidad o inocencia de cualquier detenido en particular, todos ellos tienen los mismos derechos civiles garantizados constitucionalmente, los que tiene cualquier otro ciudadano estadounidense, dijo la presidente de la Unión Americana de Derechos Constitucionales (ACRU), Lori Roman, a The Epoch Times el 6 de julio.
“Es de conocimiento común que Washington, D.C. tiene uno de los sistemas de arresto y liberación más indulgentes del país. Vimos esto claramente durante los destructivos disturbios de 2020 cuando se retiraron casi todos los cargos por delitos graves y los arrestados fueron liberados sin fianza”, dijo Roman.
“En comparación con el trato a los arrestados el 6 de enero, parece que hay un sistema de justicia de dos niveles que ofrece diferentes penas según los puntos de vista de los acusados. Y eso es inaceptable en Estados Unidos”, dijo Roman.
La ACRU de Romans «monitorea y contrarresta las amenazas a los derechos constitucionales y promueve la transparencia gubernamental».
El presidente de Judicial Watch, Tom Fitton, estuvo de acuerdo en que el Departamento de Justicia está aplicando un doble rasero, en comparación con el tratamiento que recibieron el verano pasado los alborotadores asociados con grupos de izquierda como Antifa y los que, en 2018, protestaron por la nominación del juez de la Corte Suprema, Brett Kavanaugh.
«En términos generales, parece que los objetivos de la investigación del Departamento de Justicia a los actos del 6 de enero están siendo tratados de manera diferente a otros que cometieron actos similares», dijo el martes Fitton a The Epoch Times.
Fitton dijo «Los acusados individuales son una herramienta, la focalización de estos acusados, si son culpables o inocentes es otro tema, pero ese no es el tema para el Departamento de Justicia».
“El Departamento de Justicia utiliza estos enjuiciamientos para intimidar y coaccionar a los opositores del gobierno y a los opositores a las narrativas de la izquierda, así que eso no tiene que ver con la inocencia o la culpabilidad de ningún individuo”.
«Pero cuando tratas todo este proceso como un vehículo de retribución política, obviamente, tienes situaciones en las que los individuos son víctimas, acusados que de otra manera habrían sido tratados con justicia».
Fitton hizo hincapié en que no conoce los hechos sobre la situación de cada uno de los detenidos, pero dijo que «no tiene conocimiento de ninguna acusación que, de haberse hecho en otras circunstancias, se hubiera encontrado con un silencio ensordecedor por parte de las clases parlanchinas y los medios de comunicación supuestamente vigilantes».
La organización Judicial Watch, de Fitton, se centra en los litigios relacionados con la Ley de Libertad de Información (FOIA) «para investigar y descubrir la mala conducta de los funcionarios del gobierno y los litigios para exigir responsabilidades a los políticos y funcionarios públicos que participan en actividades corruptas».
El abogado Andrew Fleishman estuvo de acuerdo en que las acusaciones sobre los detenidos del 6 de enero, de ser ciertas, “son muy serias. Las personas tienen derecho a acceder a un abogado y si la cárcel les niega el derecho a hablar en privado con sus abogados, eso es una gran preocupación”.
Fleischman señaló que «incluso Guantánamo, se convirtió en una gran preocupación cuando se supo que algunas de las conversaciones allí eran grabadas. Así que incluso cuando tratamos los casos más graves en las circunstancias más cuestionables desde el punto de vista constitucional, la gente necesita su derecho a confiar en sus abogados».
Se refería a la base militar estadounidense en la Bahía de Guantánamo, Cuba, donde los terroristas capturados fueron detenidos luego de los ataques del 11 de septiembre en la ciudad de Nueva York, Washington, D.C. y Shanksville, Pensilvania.
El abogado de Atlanta también enfatizó: «No sé si estas afirmaciones son ciertas, pero deben tomarse en serio y examinarse».
Fleischman es un experto en apelaciones de la firma Ross & Pines de Atlanta que se especializa en «casos aparentemente desesperados».
Fleischman y otros abogados de defensa criminal entrevistados por The Epoch Times dijeron que las condiciones en las cárceles de todo el país a menudo no cumplen con el estándar establecido por la garantía de la Octava Enmienda contra el «castigo cruel e inusual».
Gregg Doucette, un abogado de defensa criminal establecido en Raleigh, Carolina del Norte, le dijo a The Epoch Times que «las condiciones que describen los arrestados del 6 de enero son típicas de las cárceles y las prisiones, tanto en el sistema federal como estatal/de condado/municipal».
Atribuyó el problema al hecho de que «generaciones de políticos de ambos partidos nos han llevado hasta aquí, hasta el punto de que los tribunales han llegado a sostener que las condiciones de detención violan la prohibición de castigos crueles e inusuales de la Octava Enmienda».
Joseph McBride, abogado de Richard Barnett, el manifestante del 6 de enero que se ve en las fotos de noticias con un pie sobre el escritorio de la presidente de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, señaló, sin embargo, que su cliente es un detenido en prisión preventiva, no un criminal convicto.
Esa diferencia es crucial, dijo McBride, porque las leyes federales de fianza y los precedentes de casos exigen que la libertad antes de un juicio es el estándar, mientras que la detención antes del juicio es una excepción y que ningún castigo es constitucional antes de la condena.
Comuníquese con el corresponsal del Congreso Mark Tapscott en [email protected]
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