Dos de cada tres migrantes que presentaron sus casos de solicitud de asilo ante cortes de inmigración de Estados Unidos durante la última década, recibieron aprobación por parte de un juez de inmigración, según informe de la Universidad de Syracuse.
Según el informe, que analizó los registros de la Corte de Inmigrantes, a los que tuvo acceso el Centro de Intercambio de Información sobre el Acceso a los Registros de Operaciones (TRAC) de la Universidad de Syracusa, los jueces de inmigración recibieron 1,047,134 casos de solicitudes de asilo desde el año fiscal 2014 a abril de 2024.
Del total de las solicitudes, los jueces de inmigración determinaron que 685,956 inmigrantes tenían derecho legal a permanecer en los Estados Unidos, aduciendo que los inmigrantes merecían el asilo o alguna forma de alivio de la deportación.
Adicionalmente, los jueces ordenaron la expulsión de 332,552 inmigrantes y se emitieron órdenes de salida voluntaria a otros 28,626 inmigrantes.
Los registros indican que la gran mayoría de solicitantes requirió la asistencia de abogados en algún momento o durante todo el caso, y la mayoría de las personas a las que se les ordenó salir del país no tenían representación de un abogado.
«En total, solo alrededor de un tercio (34%) de los inmigrantes en proceso de deportación que presentaron solicitudes de asilo recibieron orden de deportación, mientras que a dos tercios (66%) se les permitió permanecer en el país», dice el informe.
Según el informe, durante la administración Biden la proporción a la que se le permitió permanecer en el país aumentó al 77%, y a los que se les ordenó expulsión fue solo el 22%.
«Durante el transcurso de los últimos diez años, los jueces de inmigración determinaron que dos de cada tres de los millones de solicitantes de asilo que presentaron estas solicitudes de ayuda requeridas podían permanecer legalmente en este país, señaló el informe.
El análisis de la información reveló además que durante el último año fiscal de 2024 (Oct-abr), se ha visto un mayor porcentaje de aprobación (80%) con relación con años anteriores.
En el informe se aclaró que el análisis se centró en los solicitantes de asilo que presentado solicitudes formales.
A la fecha hay al menos 1.3 millones de casos de solicitudes de asilo pendientes en el tribunal de inmigración.
Propuesta de reforma de solicitud de asilo
El 9 de mayo, la administración de Biden presentó una propuesta para una nueva norma de inmigración que aceleraría el proceso de asilo para los inmigrantes y permitiría a las autoridades rechazar las solicitudes de personas con historial delictivo.
Sin embargo, la regulación propuesta otorga más peso a las entrevistas de selección iniciales realizadas por un oficial de asilo después de la detención de la persona por parte de un funcionario de inmigración.
En la actualidad, debido a la cantidad limitada de oficiales de asilo, relativamente pocas personas están siendo sometidas a entrevistas de selección en el lugar y en su mayoría están recibiendo avisos de citas programadas para comparecer ante un juez de inmigración en ciertas semanas, e incluso meses, después.
La propuesta se produce en medio de una creciente desaprobación pública de las políticas de inmigración y fronteras del presidente Joe Biden, a quien muchos estadounidenses consideran responsable del actual aumento de la inmigración ilegal.
En febrero, el Pew Research Center informó de que el 80 por ciento de los estadounidenses, incluido el 73 por ciento de los demócratas, piensa que el gobierno de EE.UU. ha hecho un mal trabajo a la hora de gestionar la afluencia de inmigrantes ilegales.
Según una encuesta reciente de Gallup, el 27 por ciento de los estadounidenses considera que la inmigración es el problema más importante al que se enfrenta la nación.
Proyecto de ley de inmigración
La semana pasada, el líder de la mayoría en el Senado, el demócrata Chuck Schumer, anunció que volvería a someter a votación en el Senado un proyecto de ley fronterizo bipartidista que los republicanos del Senado rechazaron en febrero y lo calificaron como una maniobra de estratagema política.
La legislación, llamada Ley de Fronteras de 2024, fue rechazada nuevamente en el Senado el 23 de mayo, en una votación de 43-50 que incluyó más oposición de miembros de ambos partidos que la votación anterior en febrero.
A principios de este año, un grupo de demócratas y republicanos del Senado plantearon un proyecto de ley fronterizo bipartidista que incluía 20 millones de dólares para la seguridad fronteriza y un mecanismo para cerrar la frontera si se encuentra un promedio de 500 inmigrantes ilegales en siete días consecutivos o si en un solo día se encontraban más de 8500.
El proyecto de ley también incluía un paquete de gastos complementario de 118,000 millones de dólares incluye aproximadamente 60,000 millones de dólares en nueva ayuda de EE. UU. para Ucrania. Muchos republicanos se opusieron firmemente al paquete, alegando que no aseguraraba lo necesario para controlar la migración en la frontera sur.
Los legisladores republicanos han culpado de la afluencia de inmigrantes ilegales al presidente Biden por desmantelar las políticas de la era Trump y no tomar medidas ejecutivas.
En su primer día en el cargo, el presidente Biden canceló la declaración de emergencia nacional en la frontera, que exigía la construcción del muro en la frontera entre Estados Unidos y México, y puso fin a la política de «Permanecer en México» para los solicitantes de asilo.
La administración Biden también amplió el acceso a los migrantes que solicitan asilo, como el programa de libertad condicional para Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela y la aplicación móvil CBP One de la Patrulla de Aduanas y Fronteras.
Con información de T.J. Muscaro
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