Es una gran semana para los cuatro casos penales del expresidente Donald Trump. El jueves, dos casos separados tendrán audiencias en las que un juez puede decidir ir a juicio tan pronto como el próximo mes, mientras que otro sopesa la descalificación del fiscal, posiblemente retrasando el juicio indefinidamente.
En Nueva York, el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, ha acusado al presidente Trump de 34 cargos relacionados con el manejo indebido de documentos comerciales. En Georgia, el presidente Trump y más de una docena de otras personas han sido acusados de crimen organizado y conspiración en la investigación de las elecciones de 2020 en el estado.
La audiencia del presidente Trump en Georgia está programada para comenzar a las 9:30 a.m. ET, al mismo tiempo que una audiencia para uno de sus otros casos penales en Nueva York.
Caso de «dinero oculto
Ese caso involucra el supuesto «dinero oculto» con el que acusan al expresidente Trump de pagar a la estrella para adultos Stormy Daniels y a la exmodelo de Playboy Karen McDougal.
Steve Sadow, uno de los abogados del presidente Trump, dijo que su cliente comparecería en la audiencia del 15 de febrero, según NBC News.
El juez de Nueva York Juan Merchan, que preside el juicio, está listo para considerar varias peticiones de los abogados del presidente Trump, incluyendo una moción para desestimar el caso.
Con el juicio actualmente programado para el 25 de marzo, el juez Merchan ha dicho que está abierto a considerar los cambios necesarios, pero no hasta febrero. El juicio del «dinero oculto» es solo uno de varios casos que podrían restar tiempo al candidato republicano, que de otro modo podría dedicar a hacer campaña.
CNN informó que múltiples fuentes indicaron que había considerado asistir a la audiencia de Georgia el 15 de febrero, al parecer intrigado por la perspectiva de que la fiscal Fani Willis suba al estrado.
Junto con el caso del «dinero oculto», el presidente Trump se enfrenta a otros tres casos penales en Georgia, Washington y Florida. En conjunto, los veredictos de culpabilidad en esos casos podrían resultar en décadas de prisión.
Según Associated Press, el caso del «dinero oculto» será probablemente el primero de los juicios penales contra el expresidente Trump y podría decirse que es el menos peligroso para él. No está claro si se enfrentará a penas de prisión por esos cargos en particular. La cobertura de los medios ha indicado que los acusados condenados por falsificación de registros comerciales —el tipo de cargos por delitos graves a los que se enfrenta el expresidente— generalmente no reciben penas de prisión.
Para condenar al expresidente Trump por un delito grave, los fiscales deben demostrar que no solo falsificó o hizo que se falsificaran registros comerciales, lo que sería un delito menor, sino que lo hizo para ocultar otro delito. El cargo de delito grave de falsificación de registros comerciales está clasificado como el nivel más bajo —clase E— de cargos por delitos graves en el estado.
El presidente Trump se convirtió en el primer expresidente de Estados Unidos en enfrentar cargos penales en marzo de 2023, cuando Bragg presentó una acusación de 34 cargos.
La acusación alegó que la Organización Trump pagó al exabogado del presidente, Michael Cohen, un total de 420,000 dólares desembolsados a través de una serie de cheques mensuales disfrazados como parte de un acuerdo de retención.
«En realidad, no había ningún acuerdo de retención, y al abogado A [el señor Cohen] no se le pagaba por los servicios legales prestados en 2017», rezaba una declaración de hechos de Bragg.
Esa cifra de USD 420,000 supuestamente cubría los USD 130,000 que Cohen pagó a Daniels a petición del entonces candidato Trump. Se produjo justo después de informar sobre la polémica cinta Access Hollywood en la que el candidato hacía comentarios sobre besar a las mujeres y que podía agarrarlas por los genitales. Se disculpó, describiendo los comentarios como «bromas de vestuario», mientras que acusó al expresidente Bill Clinton de decir «cosas mucho peores».
Cohen se declaró culpable de violaciones de financiación de campaña y otros cargos. El expresidente Trump ha negado haber actuado mal en el caso, así como los supuestos amoríos con las dos mujeres.
Según la oficina de Bragg, Cohen trabajó con AMI, la empresa de medios de comunicación detrás del National Enquirer, para organizar un pago de USD 150,000 para McDougal a cambio de su silencio sobre su supuesta aventura con el expresidente Trump. AMI también firmó un acuerdo de no enjuiciamiento en 2018 en el que reconoció el pago para garantizar que McDougal «no publicara acusaciones perjudiciales» sobre el entonces candidato Trump.
Un acuerdo separado por USD 30,000 se estableció entre AMI y un portero de la Torre Trump alegando tener información sobre un niño que supuestamente engendró fuera del matrimonio, dijo la oficina de Bragg.
Audiencia de descalificación
En el condado de Fulton, el caso de las elecciones de Georgia 2020 ha dado un giro brusco hacia lo personal, ya que uno de los acusados alegó que la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, estaba teniendo un romance con un fiscal casado que ella designó para llevar el caso.
El fiscal especial Nathan Wade ha finalizado ya su divorcio, que fue objeto de un intenso escrutinio público después de que se hicieran públicas las acusaciones de aventura el 8 de enero.
La abogada Ashleigh Merchant, que representa al acusado Michael Roman, un empleado que trabajó en la campaña de Trump de 2020, confirmó durante una audiencia celebrada el 12 de febrero que la fuente de las acusaciones era un socio de Wade. Ella alegó que Wade y Willis comenzaron una relación romántica antes de que él fuera nombrado fiscal especial, y que él ha recibido unos USD 650,000 en este papel y ha gastado miles en vacaciones «lujosas» con Willis.
La mitad de los coacusados del caso contra Trump se han unido desde entonces a la moción de Roman, y varios de ellos han añadido sus propias razones por las que Willis debería ser descalificada del caso. Entre ellos se encuentran el expresidente Trump, el abogado Robert Cheeley, el expresidente del Partido Republicano de Georgia David Shafer, el elector republicano Cathy Latham, el exfuncionario del Departamento de Justicia Jeffrey Clark, el exdirector de Black Voices for Trump Harrison Floyd, y el exjefe de personal de la Casa Blanca Mark Meadows.
Durante una audiencia el 12 de febrero, el juez de la Corte Superior del Condado de Fulton, Scott McAfee, dijo que las únicas acusaciones que requerían una audiencia probatoria eran las relativas a la relación de Willis y Wade, que podrían ser motivo de descalificación.
«El estado ha admitido que existió una relación, por lo que lo que queda por demostrar es la existencia y el alcance de cualquier beneficio financiero, de nuevo, si es que hubo alguno», dijo. «Porque creo que es posible que los hechos alegados por el acusado puedan dar lugar a la inhabilitación, creo que debe producirse una audiencia probatoria para establecer un registro sobre esas alegaciones centrales».
«Creo que está claro que la descalificación puede producirse si se presentan pruebas que planteen un conflicto o la apariencia de uno, y los escritos presentados sobre esta cuestión hasta ahora han expuesto un conflicto de intereses que no puede resolverse como una cuestión de derecho», dijo el juez McAfee.
Los fiscales pidieron que se anularan las citaciones de varios abogados y empleados de la oficina del fiscal, argumentando que el Sr. Wade ya había presentado una declaración jurada en la que se describía la cronología de su supuesta relación con Willis. El juez denegó la petición.
Wade afirma que conoció a Willis en 2019, pero que no comenzó una relación personal con ella hasta 2022, después de haber sido contratado para el caso en noviembre de 2021. Merchant argumenta que tiene testimonios de testigos para refutar esto, y afirma que estaban involucrados románticamente ya en 2019.
El juez indicó que Wade y Willis deberían estar listos para testificar, pero primero escuchará el testimonio de otros testigos. Agregó que si surgía algo parecido a acoso o esfuerzos para avergonzar, intervendría proactivamente.
Si el juez descalifica a Willis del caso, una junta estatal tendría que nombrar a un nuevo fiscal, lo que, como mínimo, causaría un retraso significativo en el caso.
Con información de The Associated Press.
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