El equipo del abogado especial John Durham pidió el 6 de abril a un juez federal que obligue a la campaña presidencial de Hillary Clinton y a otras dos partes a entregar documentos que, según ellos, están protegidos por el privilegio abogado-cliente.
La campaña, el Comité Nacional Demócrata (DNC) y Fusion GPS parecen estar reteniendo documentos que en realidad no están protegidos por el privilegio, dijo el equipo de Durham en la presentación, presentada en el caso contra el exabogado de Clinton Michael Sussmann.
De los materiales retenidos, casi todos «parecen carecer de cualquier conexión con un litigio actual o esperado o con la prestación de asesoramiento jurídico», dijeron los fiscales al juez de distrito Christopher Cooper, nominado por Obama, que está supervisando el caso.
De hecho, de los 1455 documentos retenidos por Fusion, solo 18 correos electrónicos y archivos adjuntos están relacionados con un abogado.
La campaña de Clinton, el DNC y Fusion no respondieron a las solicitudes de comentarios.
Los documentos en cuestión se buscan para el próximo juicio de Sussmann, quien fue acusado de mentir al FBI por acudir a un abogado del buró en 2016 y declarar falsamente que no entregó afirmaciones sin fundamento sobre el entonces candidato Donald Trump en nombre de un cliente.
Las afirmaciones fueron recopiladas con financiación de la campaña y del DNC por el exespía británico Christopher Steele y Fusion, una firma operativa fundada por antiguos reporteros.
Sussmann y sus abogados han argumentado que la mentira de no haber aportado la información en nombre de un cliente no era importante para la información en sí. Han presionado al juez para que desestime el caso antes del juicio.
El privilegio abogado-cliente protege muchas comunicaciones entre un cliente y su abogado. La divulgación a terceros suele invalidar las reclamaciones de privilegio.
En la nueva presentación, el equipo de Durham señaló que los fundadores de Fusion, Glenn Simpson y Peter Fritsch, escribieron un libro publicado en 2019, lo que significa que incluso si una vez existió un privilegio válido, podrían haber renunciado a él desde entonces.
Los fiscales también señalaron que los agentes de Fusion se comunicaban regularmente con los periodistas sobre su trabajo, lo que dio lugar a varias historias antes de las elecciones de 2020 y a una serie de otras después de que los votantes llegaran a las urnas.
Además, la campaña de Clinton (HFA) y el DNC han reclamado el privilegio sobre las comunicaciones enviadas entre Rodney Joffe, a quien Sussmann también representaba en ese momento, y un operativo de Fusion, «a pesar del hecho de que nadie del DNC o la HFA recibió copia de algunas de estas comunicaciones», dijeron los fiscales.
El gobierno citó la información de los partidos en 2021.
Las entidades demócratas pagaron a Fusion a través del bufete de abogados Perkins Coie. El acuerdo se presentó como prueba en el caso.
Muchas, si no la mayoría, de las acciones llevadas a cabo por los empleados de Fusion «no parecen haber sido una parte necesaria de, o incluso relacionada con» el asesoramiento legal de Perkins Coie a la campaña y al DNC, dijo el equipo de Durham.
Los fiscales quieren examinar las comunicaciones en un entorno privado y a puerta cerrada «con el fin de resolver estas cuestiones y garantizar que solo se retengan las comunicaciones y los testimonios legítimamente privilegiados y/o protegidos por el producto del trabajo del abogado de las pruebas y los testimonios, por lo demás admisibles, que se presenten al jurado en el juicio».
El juicio está previsto que comience el 16 de mayo.
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