El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, declaró este miércoles un estado de excepción en todo el sistema penitenciario, tras la masacre, que dejó más de 100 muertos, registrada este martes en la Cárcel Número 1 de la ciudad de Guayaquil (suroeste), por un enfrentamiento entre bandas de delincuentes.
«Declárese el estado de excepción por grave conmoción interna en todos los centros de privación de libertad que integran el sistema de rehabilitación social a nivel nacional, sin excepción alguna, por el plazo de 60 días desde la suscripción de este decreto ejecutivo», señala el documento suscrito por el jefe del Estado.
El anuncio sobre la declaración de la medida excepcional se dio luego de que se publicara en redes sociales que los muertos por el motín carcelario de este martes ascendía a unos 110 y que 70 de ellos habían sido encontrados en los pabellones 9 y 10 de la Penitenciaría de Guayaquil, tras un registro efectuado por unidades tácticas de la Policía.
Ayer, luego de una primera intervención de unidades especiales, el jefe policial Fausto Buenaño, había informado que eran 24 los reos asesinados y 49 heridos, mientras que el gobernador (representante del Ejecutivo) de la provincia de Guayas, Pablo Arosemena, indicaba que la situación estaba bajo control.
Sin embargo, este miércoles, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), en su cuenta de Twitter, precisó: «Hasta el momento se confirman más de 100 PPL (personas privadas de libertad) fallecidas y 52 heridos», y aclaró que la Policía, junto con la Fiscalía, «continúan levantado información».
De su lado, el despacho del presidente Lasso informó que se declaró el estado de excepción y que se ha programado una reunión de los cuerpos de seguridad para evaluar la situación.
En el decreto ejecutivo, el gobernante indicó que la medida excepcional «se fundamenta en las circunstancias que han afectado gravemente los derechos de personas privadas de libertad, del personal del cuerpo de seguridad penitenciaria y de miembros de la Policía».
Además, sostuvo que el estado de excepción busca «precautelar los derechos de las personas privadas de la libertad, como grupo de atención prioritaria», así como los de los guías penitenciarios y de los efectivos policiales.
Dispone la movilización nacional de todos los organismos de la administración pública, especialmente del SNAI, las Fueras Armadas y la Policía, para que se «coordinen esfuerzos con el objetivo de ejecutar las acciones necesarias para restablecer y mantener el orden, prevenir nuevos acontecimientos de violencia social al interior de los centros».
En caso de existir incidentes flagrantes en el interior de las cárceles, «la Policía, de manera coordinada con las Fuerzas Armadas, «deberá intervenir de modo urgente, dentro del marco constitucional y legal vigente y en respeto a los derechos humanos», agrega el decreto.
Asimismo, precisa que la participación de las Fuerzas Armadas deberá respetar los criterios de «necesidad, razonabilidad y proporcionalidad».
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