El Gobierno de Ecuador anunció este martes la expulsión del embajador de Argentina en Quito, Gabriel Fuks, y llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires, Xavier Monge, tras la fuga de la exministra María de los Ángeles Duarte a Venezuela.
El ministro de Exteriores de Ecuador, Juan Carlos Holguín, argumentó en una rueda de prensa una pérdida de confianza en Fuks, en cuya residencia estaba refugiada Duarte desde hacía más de dos años y medio para evitar ir a prisión por una condena por corrupción.
La partida hacia Caracas de Duarte, que fue ministra en el Gobierno del izquierdista Rafael Correa (2007-2017), sucedió después de que el Gobierno del presidente argentino Alberto Fernández le concediese en diciembre el asilo solicitado pero el de Ecuador, presidido por el conservador Guillermo Lasso, le negara el salvoconducto para viajar a Buenos Aires sin ser detenida.
Holguín explicó que el Ejecutivo ecuatoriano ha otorgado un plazo de tiempo «prudente» para que el embajador argentino abandone el país, ya que considera que «se ha violado la buena fe y la confianza mutua que se busca en la relación entre estados».
«En nuestra idea no está romper relaciones con Argentina, pero esta medida era necesaria para que podamos recuperar la confianza. Ecuador considera que no es una persona idónea», dijo Holguín sobre Fuks.
«Consideramos que es lo mejor para Ecuador por su dignidad y por respeto absoluto a la Justicia», añadió el canciller ecuatoriano, que esperó que con un diálogo de alto nivel pueda llegar un nuevo embajador de Argentina a Quito.
El titular de la cartera de Exteriores comentó que este martes Fuks le dio información distinta y supuestamente contradictoria a la proporcionada en la noche del lunes, cuando el canciller argentino, Santiago Cafiero, le informó de que Duarte había abandonado la residencia del embajador, aparentemente sin previo aviso.
Sin embargo, este martes por la mañana le informaron de que Duarte se encontraba en la Embajada de Argentina en Caracas, tras haber dejado la residencia de Quito entre el viernes o el sábado.
Holguín también señaló que hasta ahora la misión diplomática de Argentina no ha entregado documentos y material solicitado por el Gobierno ecuatoriano como las grabaciones de las cámaras de seguridad que permitirían esclarecer las circunstancias de la salida de Duarte de la residencia de la misión diplomática argentina.
El canciller consideró que la llegada de Duarte a Caracas es «una mala noticia para la lucha contra la corrupción e impunidad», y reiteró que la exministra no es una perseguida política, ya que su condena por corrupción se emitió en 2020, antes de que llegase al poder el actual Gobierno.
Asimismo, detalló que la solicitud de asilo de Duarte a Argentina no se fundamentaba en la condena de ocho años de prisión por cohecho, sino por los vínculos con el padre de su hijo, de nacionalidad argentina y que «supuestamente se encontraba en Argentina».
En ese sentido, aseguró que algunos argumentos utilizados en la solicitud no han sido ciertos, y así lo ha trasladado el Gobierno de Ecuador a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la que el Ejecutivo argentino recurrió tras la negativa ecuatoriana a otorgar el salvoconducto a Duarte.
Duarte fue condenada en 2020 junto a Correa a ocho años de cárcel por cohecho como parte del caso «Sobornos 2012-2016», una trama de financiación irregular del entonces movimiento gobernante Alianza País, liderado por el expresidente, con aportaciones indebidas de empresas que no fueron declaradas.
La exministra, que ocupó la cartera de Obras Públicas entre el 19 de febrero de 2015 y el 6 de enero de 2017, se considera una perseguida política y niega los cargos contra ella, por lo que se refugió en la Embajada de Argentina en Quito junto a su hijo menor de edad desde el 20 de agosto de 2020, donde estuvo hasta hace pocos días.
En un mensaje en Twitter, Duarte agradeció a Argentina el haberle «cobijado ante la persecución de los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso».
«Decidí dejar la embajada porque, al negarme el salvoconducto que me correspondía como asilada política, de acuerdo a la convención de Caracas de 1954 e impedir mi salida segura, el Gobierno ecuatoriano me convirtió en su rehén política», escribió la exministra.
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