EE. UU. está enfrentado a la agenda globalista de la ONU abiertamente desde el 18 de mayo. Con menor repercusión mediática que la carta enviada por Donald Trump, donde amenazó con retirarse de la Organización Mundial de la Salud y así remover el 20 % del presupuesto total de la misma, su administración increpó directamente al Secretario General de la ONU por imponer el aborto legal en países donde no lo es a cambio de ayuda humanitaria por el virus del PCCh (Partido Comunista Chino), comúnmente conocido como nuevo coronavirus.
«La ONU no debería usar esta crisis como una oportunidad para avanzar en el acceso al aborto como un «servicio esencial», dijo el administrador interino de la Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID) de Estados Unidos, John Barsa, mediante una carta al Secretario General de la ONU:
Bajo el liderazgo del presidente Donald J. Trump, Estados Unidos ha dejado en claro que ‘nunca nos cansaremos de defender la vida inocente’. El presidente Trump dijo en su discurso ante la 74a Asamblea General de la ONU que la ONU simplemente no tiene «nada que atacar la soberanía de las naciones que desean proteger la vida inocente». De hecho, las Naciones Unidas no deberían intimidar ni coaccionar a los Estados miembros comprometidos con el derecho a la vida. Utilizar la pandemia de COVID-19 como justificación para presionar a los gobiernos a cambiar sus leyes es una afrenta a la autonomía de cada sociedad para determinar sus propias políticas nacionales sobre la atención de la salud. Estados Unidos apoya a las naciones que se han comprometido a proteger a los no nacidos.
Under the leadership of @realDonaldTrump, the US has made clear that we will “never tire of defending innocent life.” I’ve requested that the @UN drop the provision of abortion as an essential component of its response to the COVID19 pandemic. Full letter: https://t.co/pHujnuZ93s
— JBarsaUSAID (@JBarsaUSAID) May 18, 2020
Más de 325 mil personas han perdido la vida por causa del virus del PCCh. Cerca de 3 millones todavía están en tratamiento. Mientras el mundo entero aboca esfuerzos para salvar esas vidas, la Organización de las Naciones Unidas propone en su agenda legalizar el matar a personas sanas en el vientre materno, crimen que se ha convertido en la principal causa de muerte en el mundo: más de 16 millones en lo que va del 2020.
Como el mayor donante de asistencia humanitaria y de salud mundial, Barsa recordó a la máxima autoridad de la ONU que de los USD$650,7 millones asignados de fondos suplementarios —de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)— para combatir la pandemia a nivel mundial, USD$45,3 millones son designados a las agencias de la ONU, mientras que en el año fiscal 2019 totalizaron más de USD$ 3,5 mil millones en fondos desembolsados.
En su calidad de donante principal, Barsa exclamó que el Plan Global de Respuesta Humanitaria de la ONU (HRP Global), y su llamamiento coordinado de USD$6,71 mil millones, debe permanecer enfocado en abordar las necesidades más urgentes y concretas que surgen de la pandemia.
Por lo tanto, la ONU no debería usar esta crisis como una oportunidad para avanzar en el acceso al aborto como un «servicio esencial».
Barsa lamenta que la ONU coloca «cínicamente» la provisión de «servicios de salud sexual y reproductiva» en el mismo nivel de importancia que la inseguridad alimentaria, la atención médica esencial, la desnutrición, el alojamiento y el saneamiento. Destaca como lo más sobresaliente que el HRP Global exige la distribución generalizada de medicamentos y suministros para el aborto, y su promoción en los países locales.
Ecuador inicia campaña internacional contra el «chantaje económico de la ONU» que exige aborto
En el caso del Ecuador, por ejemplo, ha sido explícito. El “Plan de Respuesta Humanitaria COVID-19” presentado por la ONU ante el pedido del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador por un presupuesto de $46,4 millones de dólares, incluye en la página 22 que uno de los objetivos del plan es “mantener la continuidad de la salud materna, neonatal e infantil y otros servicios de salud sexual y reproductiva (NdR: término que incluye la anticoncepción y el aborto) durante la pandemia”.
Busca “sensibilizar y capacitar al personal de salud” para que se implemente “el Paquete Inicial de Servicios Mínimos PIMS”, que promueve el “acceso a anticoncepción, incluida anticoncepción de emergencia, aborto seguro legal y la atención posterior al aborto”.
Panam Post se comunicó con la directora de Ecuador Por La Familia, Martha Cecilia Villafuerte, desde Guayaquil, la ciudad con más muertos per cápita en la región. Ella llama «chantaje económico» al aprovechamiento por parte de la ONU en medio de esta crisis humanitaria. Pide que ayuden a salvar vidas en lugar de destruirlas.
«En conjunto con más de 30 organizaciones ProVida del país, estamos recolectando firmas a través de la campaña en colaboración con la plataforma Citizengo para exigir específicamente que se elimine el objetivo número 2 de la página 22», explica.
Mientras crecen las iniciativas en Hispanoamérica, el director de USaid asegura Estados Unidos sigue comprometido a trabajar con la ONU para preservar la vida humana y derrotar la pandemia de COVID-19. Eso incluye no promover matar a seres humanos inocentes, mucho menos en naciones emergentes.
Pues el propósito de la ayuda humanitaria es erradicar la pobreza, no a los pobres.
Este artículo fue publicado originalmente en PanAm Post.
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