EE. UU. acusa a 8 personas de presunto complot de Beijing para obligar a ciudadanos a regresar a China

Por Cathy He
28 de octubre de 2020 5:26 PM Actualizado: 28 de octubre de 2020 5:26 PM

El 28 de octubre, el Departamento de Justicia de EE. UU. anunció cargos sin precedentes contra ocho hombres por su presunto papel en una campaña orquestada por el régimen chino para coaccionar a un residente de EE. UU. a regresar a China continental.

La denuncia penal, revelada el miércoles, alega que durante tres años las personas habían atacado a un exempleado del gobierno chino y a su esposa e hija, que viven en Nueva Jersey desde 2010.

Los fiscales federales alegaron que estaban actuando bajo la orden de funcionarios chinos para vigilar, acosar y acechar a la familia.

El hombre de Nueva Jersey fue blanco de una campaña extralegal china conocida como «Operación Caza de Zorros«—que fue iniciada por Beijing en 2014 para repatriar a fugitivos buscados por el Partido Comunista Chino, incluidos disidentes y funcionarios que han caído en desgracia con el Partido. Para proteger la identidad de la víctima, el departamento no brindó detalles acerca de por qué fue blanco del régimen.

Las ocho personas, con residencia tanto en Estados Unidos como en China, fueron acusadas de conspirar para actuar como agentes ilegales de China. Seis de los sospechosos también fueron acusados ​​de conspirar para cometer acoso interestatal e internacional.

Cinco acusados ​​fueron arrestados el 28 de octubre en Nueva Jersey, Nueva York y California. Estos son Zhu Yong, ciudadano chino y residente permanente de EE. UU.; Jin Hongru, ciudadano estadounidense naturalizado; Michael McMahon, un ciudadano de EE. UU. que fue contratado como investigador privado en el plan; y Rong Jing y Zheng Congying, ambos ciudadanos chinos con residencia permanente en EE. UU. Tres permanecen prófugos en China: Zhu Feng, Hu Ji y Li Minjun.

«Con los cargos de hoy, hemos dado vuelta a la Operación Caza de Zorros de la RPC [República Popular China] —los cazadores se convirtieron en los cazados, los perseguidores en perseguidos», dijo el fiscal general asistente de Seguridad Nacional, John C. Demers, en una conferencia de prensa.

Demers describió la presunta conducta de los acusados ​​como «un procedimiento operativo impactante pero común para la Operación Caza de Zorros». Por ejemplo, la demanda alega que varios acusados, con la ayuda de funcionarios chinos no identificados, llevaron a cabo un plan para traer al padre anciano del hombre de Nueva Jersey desde China a Estados Unidos para una visita sorpresa —en un intento por coaccionar al hombre para que regrese a China.

El fiscal federal en funciones Seth D. DuCharme dijo que algunas de las tácticas eran «sorprendentemente evidentes», tal como la vigilancia con gafas de visión nocturna.

El plan también incluía el encarcelamiento de la hermana de la víctima en China, el hostigamiento a la hija adulta de la víctima por Internet y dejar notas amenazantes en la puerta de la víctima, dijo Demers.

Los fiscales alegaron que en septiembre de 2018, Zheng y otro conspirador no identificado colocaron una nota en la puerta de la víctima que decía: “Si estás dispuesto a regresar a [China] continental y pasar 10 años en prisión, tu esposa e hijos estarán bien. ¡Ese es el final de este asunto!»

Otros conspiradores dejaron paquetes en la casa de la víctima a inicios de 2019, dijo el Departamento de Justicia, que contenían cartas y un video con mensajes que amenazaban con hacer daño a los familiares de la víctima en China si no regresaba a China.

«Estas no son las acciones que esperaríamos de un Estado-nación responsable», dijo el director del FBI, Christopher Wray, en la conferencia de prensa. «En cambio, esto es más parecido a algo que esperaríamos de un sindicato de crimen organizado».

Los ocho acusados ​​enfrentan un máximo de cinco años de prisión si se les declara culpables de actuar como agentes ilegales del régimen chino. Por el cargo adicional de conspiración para cometer acoso interestatal e internacional, los seis acusados ​​enfrentan un máximo de cinco años de prisión.

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